A cinco meses de las elecciones para Congreso y siete para las presidenciales, es importante reflexionar sobre qué gobernantes necesita el país. En Colombia esto no es fácil de hacer. Con más de cien precandidatos presidenciales y cientos de aspirantes al Congreso, el proceso electoral se vuelve muy confuso. Esto, contrario a lo que muchos piensan, no significa que la democracia esté fortalecida. En cambio, pone en evidencia un sistema de partidos fraccionado, atomizado, desarticulado y personalista.
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A esto se suman los más de setenta nombres que se presentan como independientes y que optaron por la recolección de firmas. Unos efectivamente lo son, pero muchos lo hacen para darse a conocer y posicionarse para ser elegidos en elecciones futuras, nacionales o locales, recibir el aval de otro partido o hacer campaña anticipada. Esto desvirtúa el propósito con el que fue establecido este mecanismo para que ciudadanos que no pertenecen a ningún partido pudieran presentarse a las urnas.
Adicionalmente, los próximos comicios se dan en un contexto de violencia en 29 departamentos del país, y una creciente agresividad verbal, no solo entre candidatos y candidatas y de estos contra el Gobierno: altos funcionarios de este, incluyendo al presidente Gustavo Petro, también han radicalizado su lenguaje y los ataques contra opositores, medios de comunicación, empresarios y en general contra quienes están en desacuerdo con sus proyectos y sobre todo con su forma de gobernar. Esto poco o nada contribuye a garantizar unos procesos electorales libres y en paz.
En un contexto con crecientes preocupaciones por la delicada situación fiscal, el Gobierno no ha escatimado esfuerzos para destinar recursos en multimillonarios contratos que, como lo reseñó El Espectador, desde la Presidencia se ordenó ejecutar con diferentes entidades antes de que entre en vigencia la ley de garantías; alrededor de 20 mil millones de pesos. Estos tienen el propósito promover los proyectos y programas del Gobierno e incluyen eventos, viajes y publicidad, entre otros rubros. La orden del presidente es que se hagan efectivos antes de que entre en vigencia la ley de garantías. Muchos dirán que todos los gobiernos lo han hecho. Sí, esto es cierto, pero como congresista el presidente siempre criticó esto y se comprometió a cambiarlo. Pero la historia se repite. Algo similar son los contratos para los parlamentarios con el mismo objetivo.
Lo que sí es novedoso, es la reiterada amenaza de convocar consultas populares y a una Asamblea Nacional Constituyente si el Congreso no avala sus propuestas. Esto se ha convertido en un mecanismo de presión para agitar a lo que él llama el “pueblo”, para que voten por su proyecto político. Para muchos analistas, esto es un sofisma de distracción, porque los tiempos no dan para adelantar una constituyente en los meses que le faltan para terminar su mandato.
Y quizás lo más preocupante son las insinuaciones del jefe de Estado que, sin justificación ni sustento, ha dicho que en las próximas elecciones habrá fraude. Esto no solo genera desconfianza en los ciudadanos, sino que puede desembocar en violencia descontrolada en el caso una derrota del Pacto Histórico. Un elemento que se suma a la ya confusa próxima contienda electoral.
