“Proteger la salud democrática de las sociedades es un reto similar a la actuación de la ciencia ante los agresivos virus. Es importante encontrar vacunas ante cada mutación del autoritarismo, pero la mejor inoculación general ocurre cuando se ejerce ciudadanía, cuando se hace buen periodismo o investigación académica relevante. Pero para que ello sea efectivamente útil deberíamos saber superar la asincronía entre la evolución del virus y nuestra capacidad de darle respuesta. Los riesgos están claros. Que el miedo no nos impida verlo”.
Este dilema que plantea la profesora Carmen Beatriz Fernández ha sido analizado por académicos y medios de comunicación nacionales e internacionales para llamar la atención sobre algunos de los riesgos colaterales que pueden generar la urgencia y la inmediatez que requiere la atención de crisis, como la que están viviendo la mayoría de los países como consecuencia del COVID-19.
Entre ellos están las amenazas a la democracia, los abusos de poder, el surgimiento o afianzamiento de gobiernos autoritarios y populistas, que amparados en el miedo de las personas adoptan medidas restrictivas de las libertades, con el argumento de que estas y solo estas pueden devolverles a los ciudadanos la seguridad y garantizarles el regreso a la “normalidad”. Pero aun cuando los gobernantes no asumen posiciones extremas, algunas de las medidas pueden generar efectos que sobrepasan la emergencia y tener efectos irreversibles en la protección de derechos fundamentales, en los pesos y contrapesos entre las ramas del poder y el ejercicio de controles legales, constitucionales, políticos y sociales a las actuaciones de los gobernantes.
En Colombia hemos presenciado algunos hechos preocupantes que deben alertarnos. Por ejemplo, la ausencia o lentitud de los controles judiciales y políticos a las medidas de emergencia decretadas por el Gobierno nacional. O el caso del personal médico que pide no revelar su nombre cuando denuncia sobre la falta de elementos de protección por el temor a perder su empleo, lo cual constituye una restricción a la libertad de expresión. La propuesta de realizar las consultas previas de manera virtual es otra forma de limitar el derecho a la participación y a ejercer control social de comunidades que tienen acceso muy limitado a internet, en contraposición a sectores que se beneficiarían de los proyectos sujetos a consulta previa.
Tampoco han faltado propuestas políticamente oportunistas. Por ejemplo, miembros del Centro Democrático sugirieron reducir el tamaño del Congreso, con el argumento de que el dinero que se ahorraría serviría para reactivar la economía. ¿Lo que buscan es contribuir a solucionar la crisis o hacer realidad las intenciones de opositores al Acuerdo de Paz de reducir la participación del partido FARC en el Senado y la Cámara en un 50 %?
El COVID-19 ha evidenciado las falencias y debilidades estructurales de la democracia y del capitalismo para responder a las demandas y necesidades ciudadanas, en particular de los sectores más vulnerables. Por esta razón, además de las decisiones urgentes sociales y económicas que exige la coyuntura, es una oportunidad para proponer reformas estructurales. Por ejemplo, una reforma política que fortalezca la democracia y cierre las puertas al populismo y al autoritarismo.
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“Proteger la salud democrática de las sociedades es un reto similar a la actuación de la ciencia ante los agresivos virus. Es importante encontrar vacunas ante cada mutación del autoritarismo, pero la mejor inoculación general ocurre cuando se ejerce ciudadanía, cuando se hace buen periodismo o investigación académica relevante. Pero para que ello sea efectivamente útil deberíamos saber superar la asincronía entre la evolución del virus y nuestra capacidad de darle respuesta. Los riesgos están claros. Que el miedo no nos impida verlo”.
Este dilema que plantea la profesora Carmen Beatriz Fernández ha sido analizado por académicos y medios de comunicación nacionales e internacionales para llamar la atención sobre algunos de los riesgos colaterales que pueden generar la urgencia y la inmediatez que requiere la atención de crisis, como la que están viviendo la mayoría de los países como consecuencia del COVID-19.
Entre ellos están las amenazas a la democracia, los abusos de poder, el surgimiento o afianzamiento de gobiernos autoritarios y populistas, que amparados en el miedo de las personas adoptan medidas restrictivas de las libertades, con el argumento de que estas y solo estas pueden devolverles a los ciudadanos la seguridad y garantizarles el regreso a la “normalidad”. Pero aun cuando los gobernantes no asumen posiciones extremas, algunas de las medidas pueden generar efectos que sobrepasan la emergencia y tener efectos irreversibles en la protección de derechos fundamentales, en los pesos y contrapesos entre las ramas del poder y el ejercicio de controles legales, constitucionales, políticos y sociales a las actuaciones de los gobernantes.
En Colombia hemos presenciado algunos hechos preocupantes que deben alertarnos. Por ejemplo, la ausencia o lentitud de los controles judiciales y políticos a las medidas de emergencia decretadas por el Gobierno nacional. O el caso del personal médico que pide no revelar su nombre cuando denuncia sobre la falta de elementos de protección por el temor a perder su empleo, lo cual constituye una restricción a la libertad de expresión. La propuesta de realizar las consultas previas de manera virtual es otra forma de limitar el derecho a la participación y a ejercer control social de comunidades que tienen acceso muy limitado a internet, en contraposición a sectores que se beneficiarían de los proyectos sujetos a consulta previa.
Tampoco han faltado propuestas políticamente oportunistas. Por ejemplo, miembros del Centro Democrático sugirieron reducir el tamaño del Congreso, con el argumento de que el dinero que se ahorraría serviría para reactivar la economía. ¿Lo que buscan es contribuir a solucionar la crisis o hacer realidad las intenciones de opositores al Acuerdo de Paz de reducir la participación del partido FARC en el Senado y la Cámara en un 50 %?
El COVID-19 ha evidenciado las falencias y debilidades estructurales de la democracia y del capitalismo para responder a las demandas y necesidades ciudadanas, en particular de los sectores más vulnerables. Por esta razón, además de las decisiones urgentes sociales y económicas que exige la coyuntura, es una oportunidad para proponer reformas estructurales. Por ejemplo, una reforma política que fortalezca la democracia y cierre las puertas al populismo y al autoritarismo.
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