Violencia y corrupción ensombrecen las elecciones

A las puertas de los comicios para elegir a candidatos y miembros del Congreso, hay dos factores que ensombrecen el panorama electoral. Estos son la violencia y la corrupción.

Según el último informe de la Misión de Observación Electoral, MOE, la violencia se expresa con amenazas, y con frecuencia con ataques por parte de grupos armados a comunidades vulnerables, candidatos, electores, activistas de partidos, organizaciones políticas y periodistas. Otras veces con discursos de odio, noticias falsas, intimidación y coacción, los cuales con frecuencia son ejercidos por clanes políticos tradicionales para cooptar electores.

De acuerdo con la MOE hay 170 municipios con riesgo extremo de violencia, lo que significa un incremento del 65 % en comparación con las elecciones de 2022. Este fenómeno afecta la integridad electoral y restringe un derecho fundamental de la democracia, como es el de la libertad de elegir y ser elegido. Resulta paradójico que, como lo describe la MOE, la llamada Paz Total haya generado efectos no previstos como el fortalecimiento de estructuras armadas y la intensificación de disputas armadas territoriales, lo cual afecta aún más el proceso electoral.

En cuanto a los riesgos de corrupción, en este proceso electoral se han manifestado de diferentes maneras. Una de ellas fue la recolección de firmas de varios candidatos de diferentes vertientes. Uno de los ejemplos más notables, por la popularidad del candidato Abelardo de la Espriella, fue reseñado por la periodista Cecilia Orozco en El Espectador. En resumen, de las 5.079.005 firmas entregadas, solamente fue avalado el 38 %. Eso merecería una explicación del quien pretende ocupar el solio presidencial. Cómo se explica la diferencia es lo que las autoridades deben investigar.

También preocupa que varios candidatos tengan investigaciones por presunta corrupción, un precedente que los ciudadanos deben tener en cuenta al momento de votar. Igualmente es un riesgo de corrupción que numerosos aspirantes al Congreso tengan nexos familiares muy cercanos con mandatorios locales. Si bien esto no es necesariamente ilegal, sí se presta para la participación indebida en política y que se presenten conflictos de interés si esos candidatos son elegidos.

Para terminar esta breve muestra de los riesgos de corrupción, es necesario mencionar la avalancha de contratos firmados entre el gobierno y entidades nacionales, alcaldes y gobernadores antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales. Solo en enero de 2026 se firmaron 520.000 contratos por 32 billones de pesos, lo que superó en un 30 % la cifra del 2022. De éstos, la mayoría se hicieron por contratación directa. Va a ser muy difícil, por no decir imposible, que las autoridades pertinentes hagan las investigaciones necesarias para verificar si se cumplieron todos los requisitos de ley y su posterior ejecución. Pero de lo que no cabe duda es que esta práctica, que ciertamente no es nueva, se ha utilizado con intereses electorales. Estos son solo unos pocos ejemplos de las amenazas que ensombrecen el panorama electoral. Ojalá que las autoridades, los ciudadanos, los veedores nacionales e internacionales y los testigos electorales estén alerta y actúen para que los comicios venideros se desarrollen en paz y transparencia. Y que los electores puedan ejercer el derecho al voto con tranquilidad y sin presiones indebidas.