Cerca de treinta mil centros educativos y alrededor de cuatrocientos mil niños, niñas y adolescentes afectados son el balance preliminar del trágico terremoto que sacudió a varios departamentos del país. Las consecuencias que esto puede tener trascienden de lejos el corto plazo. Si no se priorizan las soluciones en este campo, se van a seguir incrementando las brechas sociales, pero sobre todo se violaría un derecho fundamental y un servicio público establecido en el artículo 67 de la Constitución. Además, establece que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación.
Evidentemente la magnitud de la tragedia genera inmensos retos en todos los frentes: recursos humanos, económicos, políticos y sociales. Tomará mucho tiempo la reconstrucción física pero, mal que bien, llegará. Lo que no da espera es la educación de miles de niños que se han quedado sin colegios y escuelas. Esta debe ser una de las principales prioridades del Gobierno, alcaldes, gobernadores, el sector privado y ciudadanos. Además del dolor que deben estar sintiendo por las pérdidas humanas y materiales, no se los puede privar del derecho de derecho que tienen de aprender, compartir con amigos y jugar, un derecho que puede cambiar su vida, el de su familia e incluso el de su comunidad. Por eso, todos debemos visibilizarlos y darles voz.
La otra cara de la moneda es el deber exigirles a quienes sí tienen voz que rindan cuentas sobre sus actuaciones y decisiones. En especial, a funcionarios responsables del manejo de recursos públicos, de tomar decisiones que pueden afectar la soberanía del país, generar violencia y desconocer la Constitución; esto incluye las violaciones de derechos humanos como la libertad de expresión, la laicidad y la libertad de cultos, la igualdad entre hombres y mujeres en derechos y oportunidades, la identidad de género, la protección del patrimonio nacional, el acervo documental del país y decisiones que ponen en riesgo la soberanía nacional, entre muchos otros.
Los ciudadanos no debemos ser indiferentes frente a los que no tienen voz, pero tampoco con los que sí la tienen. Los primeros como, por ejemplo, los niños, y millones de hombres y mujeres que reclaman ser escuchados. Y los segundos, que con frecuencia solo se escuchan entre ellos. Ojalá que la solidaridad que ha despertado el terremoto tanto a nivel nacional como internacional nos una en la diferencia, y no en el odio, la discriminación, la violencia verbal y física. Solidaridad y dolor que comparto con los niños, aún en su indefensión, para darles la voz que necesitan.
