No hay que llorar sobre la leche derramada. Ni perder tiempo buscando el ahogado río arriba. Es urgente convocar una verdadera "unidad nacional" para defender a Colombia de la pérdida de jirones de soberanía.
A raíz de la sentencia de la Corte de La Haya, en litigio con Nicaragua, han surgido expertos con variados argumentos. Y después de un fallo aparecen los inteligentes de ocasión que pontifican sobre lo que debió haber sido y no fue. Y otorgan culpabilidad: hay quienes responsabilizan a los once gobiernos que conocieron el diferendo; otros, señalan al de Pastrana por haber permitido la demanda y no haberse retirado de la jurisdicción de la Corte un año atrás; tampoco han faltado los que tratan de vincular al de Uribe por haber continuado en el pleito a pesar de la imposibilidad de retirarse porque ya venía en curso; y, también culpan al de Santos por no haber revisado los alegatos en los dos últimos años definitivos, y por las desafortunadas declaraciones de la Canciller Holguín.
Sin embargo, todos coinciden en rechazar la decisión porque no se falló en derecho. La objetan por arbitraria y violatoria de las normas internacionales; afirman que la Corte no tiene atribuciones para despojar a ningún país de un solo centímetro; que no podía desconocer derechos adquiridos de Colombia en tratados validados por ella misma, y que afectó acuerdos limítrofes con terceros países. Hasta el propio presidente Santos, quien sigue “estudiando” el fallo y no fija posición alguna, dijo que la Corte “incurrió en omisiones, errores, excesos e inconsistencias”. Mientras tanto, quienes piden acatar el fallo tienen como único argumento el que Colombia debe horrar su vocación de respeto a las leyes.
Por lo anterior, no se requiere ser experto para concluir en que se debe rechazar el despojo infame de que fue objeto Colombia por parte de una Corte que violó las normas y tomó una decisión bajo la sospecha de oscuros intereses. Luego no podemos posar de formalistas y decentes ante quienes quieren pisotear la dignidad y la soberanía del país; ni dejar al garete a los sanandresanos a cambio de apariencias.
Ahora, no vamos a dejarnos intimidar de ciertas voces que so pretexto de un aparente legalismo u otros propósitos defienden sus intereses. Por ejemplo, debemos rechazar enérgicamente el chantaje miserable de Enrique Santos Calderón cuando lanza la amenaza de que una supuesta “tensión con Nicaragua” es peligrosa y puede afectar el proceso de su hermano con las Farc. Lo que nos faltaba: que el sindicato Chavista envíe mensajes amenazantes con un personaje que desde su paranoia fariana se atreve a calificar la férrea defensa de la soberanía colombiana como “chauvinismo beligerante”. Y para reafirmar esta amenaza, Ortega vociferó anunciando que envió barcos a la zona.
Por el contrario, los colombianos tenemos que mantenernos firmes y no claudicar en el rechazo ciudadano a una sentencia arbitraria y violatoria de la soberanía de Colombia y de los derechos fundamentales de los habitantes del Archipiélago de San Andrés. Aquí, lo único que debemos acatar con entereza es la posición erguida de los sanandresanos cuando exigen al gobierno en una sola voz: “no al fallo”.
@emaciastovar
No hay que llorar sobre la leche derramada. Ni perder tiempo buscando el ahogado río arriba. Es urgente convocar una verdadera "unidad nacional" para defender a Colombia de la pérdida de jirones de soberanía.
A raíz de la sentencia de la Corte de La Haya, en litigio con Nicaragua, han surgido expertos con variados argumentos. Y después de un fallo aparecen los inteligentes de ocasión que pontifican sobre lo que debió haber sido y no fue. Y otorgan culpabilidad: hay quienes responsabilizan a los once gobiernos que conocieron el diferendo; otros, señalan al de Pastrana por haber permitido la demanda y no haberse retirado de la jurisdicción de la Corte un año atrás; tampoco han faltado los que tratan de vincular al de Uribe por haber continuado en el pleito a pesar de la imposibilidad de retirarse porque ya venía en curso; y, también culpan al de Santos por no haber revisado los alegatos en los dos últimos años definitivos, y por las desafortunadas declaraciones de la Canciller Holguín.
Sin embargo, todos coinciden en rechazar la decisión porque no se falló en derecho. La objetan por arbitraria y violatoria de las normas internacionales; afirman que la Corte no tiene atribuciones para despojar a ningún país de un solo centímetro; que no podía desconocer derechos adquiridos de Colombia en tratados validados por ella misma, y que afectó acuerdos limítrofes con terceros países. Hasta el propio presidente Santos, quien sigue “estudiando” el fallo y no fija posición alguna, dijo que la Corte “incurrió en omisiones, errores, excesos e inconsistencias”. Mientras tanto, quienes piden acatar el fallo tienen como único argumento el que Colombia debe horrar su vocación de respeto a las leyes.
Por lo anterior, no se requiere ser experto para concluir en que se debe rechazar el despojo infame de que fue objeto Colombia por parte de una Corte que violó las normas y tomó una decisión bajo la sospecha de oscuros intereses. Luego no podemos posar de formalistas y decentes ante quienes quieren pisotear la dignidad y la soberanía del país; ni dejar al garete a los sanandresanos a cambio de apariencias.
Ahora, no vamos a dejarnos intimidar de ciertas voces que so pretexto de un aparente legalismo u otros propósitos defienden sus intereses. Por ejemplo, debemos rechazar enérgicamente el chantaje miserable de Enrique Santos Calderón cuando lanza la amenaza de que una supuesta “tensión con Nicaragua” es peligrosa y puede afectar el proceso de su hermano con las Farc. Lo que nos faltaba: que el sindicato Chavista envíe mensajes amenazantes con un personaje que desde su paranoia fariana se atreve a calificar la férrea defensa de la soberanía colombiana como “chauvinismo beligerante”. Y para reafirmar esta amenaza, Ortega vociferó anunciando que envió barcos a la zona.
Por el contrario, los colombianos tenemos que mantenernos firmes y no claudicar en el rechazo ciudadano a una sentencia arbitraria y violatoria de la soberanía de Colombia y de los derechos fundamentales de los habitantes del Archipiélago de San Andrés. Aquí, lo único que debemos acatar con entereza es la posición erguida de los sanandresanos cuando exigen al gobierno en una sola voz: “no al fallo”.
@emaciastovar