Cuando se presentan discusiones como la de esta semana respecto del caso de Carimagua, surge el asunto fundamental, de fondo y que tiene que ver con el desarrollo de los pueblos. Hace algunos años, durante el gobierno de Alfonso López Michelsen, tuvo lugar un interesantísimo debate sobre cuál era el camino idóneo hacia el progreso.
Algunos consideraban que debía favorecerse la distribución de la riqueza, por cuanto primaba solucionar los problemas de los pobres, mientras que otros creían que la salida estaba en la generación de la misma. Superada la discusión, el entonces presidente se la jugó a fondo por la segunda alternativa. La distribución es consecuencia de la generación.
Hay quienes dicen que esta controversia se asemeja a la compleja disyuntiva sobre qué fue primero, si el huevo o la gallina. En el caso Carimagua, claramente, el Ministro de Agricultura fue fiel al principio elemental de este gobierno, de proveerles tierras en óptimas condiciones a los desplazados.
Por supuesto que los opositores, acostumbrados a agarrarse de un clavo ardiendo cuando de armar barahúndas se trata, han querido pasar por encima de las razones de fondo por las que el predio de la discordia no les será entregado a los desplazados. Causa cierta gracia oír al senador Robledo, quien parece sacado de un libro comunista de hace cincuenta años, apelando a su ya famosa estrategia de mentir y gritar para defender sus posiciones. El congresista dice que Carimagua es una solución perfecta para los desplazados, pues como lo reconoció, hace bastantes años estuvo por allá cazando y pescando con unos amigos. Se le olvida a este manizalita de rancia estirpe y mamerto de nuevo cuño que la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-025 de 2004, le ordena al Estado reubicar a los desplazados en lugares que garanticen su subsistencia.
Para el ministro Arias sería muy sencillo bajarse de este debate, adjudicándole el predio a las familias, tal y como se previó en los documentos primigenios, lo cual sería altamente irresponsable y veamos por qué.
De las 22 mil hectáreas que tiene la propiedad, 17 mil son del Incoder y corresponden a las que se les entregarían a los desplazados, mientras que las cinco mil restantes son del ICA y están destinadas al desarrollo de ciertas actividades puntuales. Para que el 64% de esas tierras sean óptimas, se requiere invertir 1,3 millones de pesos por hectárea. Digamos que el Gobierno desembolsa el dinero para la corrección de suelos y encontraremos que esa región es buena para adelantar proyectos de tardío rendimiento como los maderables —20 años—, la palma —tres años y medio— y el caucho —ocho años—. ¿Tienen los campesinos el músculo financiero para soportar todos estos años de improductividad? ¿El senador Robledo, que se declara muy preocupado por la suerte de los desplazados, no estará más bien abogando por el ahondamiento y prolongación de la miseria de ellos?
A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Carimagua es la tierra del olvido, a más de ocho horas de trocha de un casco urbano. Para hacer de ese peladero algo productivo se requieren inversiones multimillonarias, razón por la que es, cuando menos, una felonía pretender desencargarse del asunto de los desplazados parcelando y escriturándoles esos predios. De hacerlo, estaríamos condenándolos a la tragedia y tal vez obligándolos a recurrir a medidas extremas, como por ejemplo el cultivo de plantas ilícitas.
Corresponde entonces adjudicar esas tierras a empresas con el capital necesario para ponerlas a producir, para que generen empleo en la región y, con los años, terminen por convertirla en un polo de desarrollo agrícola. En resumidas cuentas, para que generen riqueza.
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Coronel Alfonso Plazas Vega: Gracias por haber defendido a la democracia.
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