Los amiguitos de los terroristas

Al margen de las baladronadas y de los ladridos desesperados de quienes tienen su alma acongojada por la baja de Raúl Reyes, es importante mirar detenidamente las obligaciones de los Estados en lo correspondiente a la prevención y represión de acciones terroristas.

Existe la equivocada creencia de que la lucha contra el terrorismo es algo posterior a los ataques del 11 de septiembre de 2001 y que el asunto se limita a la resolución 1373 expedida ese año por el Consejo de Seguridad. No es así. El derecho internacional se ha ocupado de esta materia desde comienzos del siglo XX. En una sentencia arbitral de 1928, el profesor Max Huber concluyó que impera “la obligación de proteger, en el interior del territorio, los derechos de los demás Estados, en particular su derecho a la integridad e inviolabilidad tanto en tiempo de guerra cuanto en tiempo de paz”.

Como si lo anterior fuera poco, la Sociedad de Naciones, en 1934 y por solicitud de Yugoslavia acogió unánimemente una resolución en cuyo contenido se leía que “todo Estado tiene el deber de abstenerse de instigar o tolerar en su territorio actividades de terrorismo… Todo Estado debe hacer todo lo posible para prevenir y reprimir actos de esta naturaleza y debe, para ello, prestar su asistencia a los gobiernos que la soliciten”.

Existen por lo menos diez notas verbales enviadas por nuestro gobierno, en las que le advertía a Ecuador sobre la presencia de terroristas de las Farc en su territorio, sin que hubiera una sola acción por parte de ese país. El apego de Colombia a las formas y tradiciones diplomáticas es histórico. Consecuentemente, ha cumplido con las resoluciones emitidas por las Naciones Unidas, entre ellas la 51/210 de la Asamblea General, que subraya “la importancia de adoptar medidas para compartir experiencias e información acerca de terroristas, sus movimientos, su apoyo y sus armas y para compartir información relativa a la investigación y persecución de actos terroristas”.

En medio del desespero que le ha causado el desenmascaramiento gracias a la información contenida en los computadores del abatido Raúl Reyes, el presidente ecuatoriano no podrá decir que Colombia no le había advertido ni solicitado cooperación respecto de la presencia de las Farc en su territorio. Los antecedentes son suficientes para que las Naciones Unidas adopten una resolución de condena al Ecuador por su permisividad y complicidad con una organización dedicada al terrorismo y al tráfico de drogas ilícitas.

Muy importante que se esté discutiendo en el ámbito multilateral la supuesta agresión al Ecuador por parte nuestra, porque si miramos el contexto general, los antecedentes, la amistad que une al gobierno de Correa y a las Farc, en efecto acá hay un Estado afrentado y humillado: Colombia.

Mientras registramos el hundimiento del gobernante ecuatoriano, en Venezuela comienza a sentirse el acecho de un juicio internacional contra Chávez. A la luz del Estatuto de Roma —artículos 6 y 7— las Farc son una organización genocida que también comete crímenes de lesa humanidad. En tal sentido, no hay impedimentos para que la Corte Penal Internacional investigue y muy posiblemente condene al presidente de los venezolanos por el patrocinio y la financiación generosísima que le ha dado a la gente de Tirofijo.

Las cosas no están fáciles para ese par de gobernantes. Por más insultos que lancen, no podrán desviar la atención de lo verdaderamente importante: su asqueroso maridaje con los terroristas y mafiosos colombianos. Por ello tendrán que pagar política y judicialmente.

~~~

Ojalá que el computador de Reyes arroje rápidamente los nombres de los políticos con los que las Farc tienen contactos para que la Fiscalía y la Corte Suprema inicien los procesos correspondientes. ¿Habrá cárcel para tanta gente?

ernestoyamhure@hotmail.com