CUESTA COMPRENDER ALGUNAS ACtuaciones de ciertas entidades del Gobierno, particularmente del Inpec, frente a aquellas personas que hacen parte del proceso de Justicia y Paz.
Hace un par de semanas, supimos que los antiguos comandantes de las Auc suspendieron sus versiones ante los fiscales de la unidad encargada de sus procesos, alegando que sorpresivamente les fueron retirados sus computadores y sus celulares, aparatos a los que tenían derecho en virtud de lo acordado con el Gobierno durante el proceso de paz que condujo a su desmovilización.
La insólita decisión de la máxima autoridad penitenciaria del país tuvo que ser revocada. Los desmovilizados que están cobijados por Justicia y Paz tienen, de acuerdo con la política de paz de este Gobierno, una serie de beneficios que deben serles respetados. Pareciera entonces que dentro del mismo Estado hay personas interesadas en cercenar este mecanismo legal que, independientemente de las críticas, le ha hecho un importante aporte a la paz nacional.
No contentos con el torpedeo al proceso con las Auc, hace un par de días fue emitido un comunicado en el que la corporación Manos por la Paz, integrada por cerca de mil ex guerrilleros de las Farc y el Eln, anuncia que dejará de colaborar con la justicia.
Pero, ¿qué motivó dicho anuncio? La torpe decisión de trasladar a los presos que están confinados en las cárceles de Bellavista y Cómbita hacia otros centros de reclusión del país. Dicen los miembros de Manos por la Paz que esos movimientos locativos ponen en riesgo la vida de sus integrantes. Y no es para menos. Las Farc y el Eln consideran que aquellas personas que se desmovilicen y colaboren con el Estado en la elucidación de crímenes son declaradas objetivos militares.
Se trata de construir y no de destruir. Mal hace el Gobierno cuando adopta posiciones poco propositivas. Tengo entendido, por ejemplo, que más de 1.300 guerrilleros presos están a la expectativa de las labores que puedan adelantar los gestores de paz. Esas personas están listas para desmovilizarse y comenzar a reparar a las víctimas. En la misma tónica se encuentran muchos guerrilleros y milicianos que aún están en la calle.
Hay algunos asuntos pendientes que corresponde finiquitar. El más importante tiene que ver con la vigencia de la Ley de Justicia y Paz. Por un error en su redacción, dicha norma sólo contempla los delitos cometidos hasta el 25 de julio de 2005. Con esa talanquera, quienes se hayan desmovilizado después de esa fecha no estarían cobijados. Eso, simple y llanamente, excluye a todos los guerrilleros que han decidido jugársela por la paz.
Este es un tema que debe afrontarse con la grandeza que merece, sin mezquindades ni manejos rastreros. Si en efecto queremos alcanzar la paz, satisfaciendo los principios de verdad, justicia y reparación, todas las entidades del Gobierno deben ser consecuentes con este fin. No cabe en la mente de alguien con un mínimo grado de sensatez que un capítulo tan importante de nuestra historia termine cerrándose por la decisión de retirar un par de celulares o por hacer unos traslados carcelarios inconvenientes que ponen en grave riesgo la vida de quienes están colaborando con la justicia.
