LA SEMANA PASADA SUPIMOS QUE UN grupo de ciudadanos demandó la elección de la contralor Sandra Morelli, argumentando que ella no llena los requisitos exigidos para ocupar el cargo.
Será un proceso largo que seguro se resolverá en 10 años, cuando la señora Morelli haya terminado su gestión al frente de la Contraloría.
Gestión que, al margen de las valoraciones de tipo político, ha demostrado que los organismos de control sí tienen capacidad, cuando quienes están al frente de ellos toman la decisión de cumplir con su deber.
Basta mirar algunas de las decisiones más importantes de la contralor, para darnos cuenta de que ella llegó a cumplir con lo que le ordena la Constitución: vigilar la gestión fiscal y el control del resultado de la administración.
Sandra Morelli llegó a combatir la corrupción, gestión que se le olvidó hacer a su antecesor, el célebre “Junior” Turbay, quien prefirió nutrir su conocimiento con el estudio, in situ, de los modelos de control aplicables en otras latitudes.
Primera gran decisión de la contralor: embargar las cuentas de Samuel Moreno y Lucho Garzón e investigarlos por su posible responsabilidad en la cuestionada ejecución de la fase III de Transmilenio, obra adjudicada al cartel de los Nule.
Días antes, había suspendido al gobernador del Magdalena por los sobrecostos hallados en la adquisición de más de 65 mil kits escolares y que suponen un posible detrimento de 2.500 millones de pesos.
Revisando las cuentas de la propia Contraloría, encontró una nómina de contratistas que le costó 53 mil millones de pesos a la entidad. Fueron 2.700 contratos, muchos de los cuales no tienen una aparente justificación. A eso, se sumó la célebre y espantosa camioneta Mercedes Benz que el doctor Turbay Quintero mandó a blindar y a decorar de manera bastante exótica.
Vino el invierno, miles de colombianos lo perdieron todo. Municipios enteros desaparecieron, escuelas y puestos de salud destruidos. Aquello obliga una reconstrucción rápida que, paradojas de la vida, coincidirá con las elecciones regionales. No hay que ser muy inteligentes para concluir que muchos alcaldes y gobernadores aprovecharán la catástrofe para hacer política y favorecer a sus candidatos.
Morelli le madrugó al asunto y ha advertido que, si las circunstancias lo ameritan, la Contraloría suspenderá la ejecución de los contratos de reconstrucción que se ordenen en el marco de la emergencia decretada por cuenta del invierno.
El país necesita que los organismos de control estén en cabeza de personas comprometidas en la lucha contra la corrupción. Alejandro Ordóñez venía librando esa batalla en solitario desde la Procuraduría. Ahora cuenta con el apoyo de la contralor general de la República, una mujer que no le teme a los corruptos y que defiende la condición sagrada que tienen los recursos públicos. Por eso mismo, hace pocos días suspendió al alcalde de Neiva que invirtió, sin autorización, una importante suma de dinero de su ciudad en fondos privados.
Revisando estos pocos episodios de la gestión adelantada por Sandra Morelli, llama poderosamente la atención que haya personas interesadas en sacarla del cargo. Quienes han demandado su elección, alegan que ella no llena los requisitos. Independientemente de los argumentos hasta ahora esgrimidos —que por cierto está cargada de nefastos razonamientos positivistas—, creo que nadie tiene dudas de la capacidad y competencia de la nueva contralor, a quien quieren tumbar porque supuestamente le falta un papel en su hoja de vida.
