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LA CONTROVERSIA POLÍTICA CONsiste precisamente en contraponer argumentos con altura; elevar denuncias serias sobre el proceder de las administraciones; revisar los modelos que pueden ser útiles para el desarrollo y, por supuesto, para hacer una evaluación de las ejecutorias del pasado.
No es por capricho que se insista en revisar algunos aspectos del proceder político de la senadora Cecilia López, quien cree que a punta de alaridos va a impedir que se le haga el accountability al que gracias a la democracia moderna tiene derecho la opinión pública.
Esta semana tuvo lugar un nuevo debate entre la vocera del liberalismo y el Ministro de Agricultura, originado, básicamente, por la publicación de dos documentos. El primero de ellos, “Carimagua: un modelo desplazador”, trae una serie de mediciones y valoraciones antitécnicas en el que la senadora López pretende demostrar, entre otras cosas, que el crecimiento de los cultivos de palma ha sido directamente proporcional al del desplazamiento forzado. En respuesta, el ministro Arias divulgó “Carimagua: oportunismo difamador” —publicado en Semana.com—, estudio que controvierte los señalamientos hechos por la furibunda congresista.
Me di a la tarea de leer la refutación de Arias y encontré algo que llama mi atención y espero que, en vez de irse por las ramas y de hacerme señalamientos injuriosos y calumniosos, o de mandarme pullas a través de cierta columnista, la senadora López explique los motivos que la empujaron a entregarles miles de hectáreas de tierra a un puñado de beneficiarios.
En efecto, en el capítulo 6 de “Carimagua: oportunismo difamador” se halla una escalofriante denuncia. Resulta que la doctora López, durante los años que fungió como ministra de Agricultura y directora de Planeación del gobierno de Samper, permitió que el desaparecido Incora promulgara una resolución en la que se abrió la puerta para que, de la noche a la mañana, se aumentara en un 384% el máximo de hectáreas de predios baldíos que podían ser adjudicados a los campesinos sin tierra.
La célebre resolución, expedida sin que existiera un estudio técnico previo que justificara su propio alcance, como por arte de birlibirloque elevó el límite de 450 a 1.725 hectáreas. Allí brota una colosal duda: la ley dice que los baldíos deben entregárseles a campesinos para que ellos y sus familias inmediatas, definidas como Unidad Agrícola Familiar, sean los que la trabajen. ¿Puede un hombre, acompañado por su esposa y sus hijos, velar, cultivar y cosechar los plantíos que se expanden a lo largo de 1.725 hectáreas?
Tamaña decisión abrió la puerta para que en el departamento del Vichada les fueran entregadas 700.000 hectáreas —el tamaño de Caldas— a 629 personas.
Pero el festival de reparticiones de tierras en ese departamento va mucho más allá. La inclemente opositora creyó que ese nuevo límite no era suficiente, razón por la que sobrepasó lo ordenado por su propia resolución y les adjudicó 185.000 hectáreas a, léase bien, 70 personas, muchos de ellos hermanos y parientes entre sí. Como quien dice, una sola familia hoy posee un latifundio del tamaño del Quindío por cuenta de los generosos cálculos de doña Cecilia.
La senadora tendrá que dar explicaciones por este asunto sin agitarse y mucho menos sin gritar desesperadamente. De ser cierta la denuncia hecha por el ministro Arias, estaríamos frente a una repartija de bienes públicos intolerable.
Claro que a mí no me sorprendería. Ella reconoció públicamente que, en su momento, le repartió el Viceministerio de Agricultura a un sobrino del entonces presidente del Senado —recuérdese que para la época el Congreso investigaba a Samper por enriquecimiento ilícito—. El beneficiario resultó ser un malandrín que huye de la justicia. Así pues, no habría nada de novedoso con que la arquitecta del prorrateo inicuo de baldíos en el Vichada haya sido la frenética vocera de la oposición.
