Revisar la red diplomática colombiana es legítimo y, en muchos sentidos, necesario. Ninguna institución del Estado debería estar exenta de evaluaciones periódicas sobre su eficiencia. Pero cerrar embajadas solo es una buena decisión cuando responde a una política exterior claramente definida y a una lectura estratégica de los intereses nacionales. Si la discusión se reduce al ahorro presupuestal o al rédito mediático de anunciar una reducción del Estado, el riesgo es debilitar la presencia internacional del país sin obtener, a cambio, un beneficio fiscal real.
El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el cierre de catorce embajadas: Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, República Checa, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica. La medida generó reacciones inmediatas: para algunos, es la austeridad largamente esperada; para otros, un error que reducirá la capacidad de Colombia para actuar en el escenario internacional.
Creo que ambos bandos parten de una pregunta equivocada. La verdadera discusión no es cuánto dinero se ahorrará, sino si cada embajada sigue sirviendo a los intereses estratégicos del Estado. Y para responderla hay que mirar los números, porque son contundentes y dejan pocas dudas de que el criterio económico no es, ni remotamente, el que está en juego.
Los números que nadie ha puesto sobre la mesa
Empecemos por lo esencial. El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 asciende a 546 billones de pesos. De esa cifra, todo el sector de Relaciones Exteriores —Cancillería más Migración Colombia— recibió 1,9 billones: apenas el 0,35 % del gasto total del país. Si se aísla solo la Cancillería, el monto baja a cerca de 709.000 millones de pesos, el 0,13 % del presupuesto nacional. Con esa cifra el país financia no solo las catorce embajadas que se anuncia cerrar, sino toda su red diplomática y consular: cerca de 73 embajadas y más de 110 consulados en cinco continentes, la sede central en Bogotá, la Academia Diplomática y la atención a millones de colombianos en el exterior.
Hagamos el ejercicio que nadie ha hecho en público. Si catorce embajadas representan, en el mejor de los casos, cerca de una quinta parte de la red diplomática por número de sedes, su peso presupuestal —descontando que buena parte del gasto de cada misión responde a costos fijos y no al tamaño de la sede— sería, en un escenario optimista, apenas una fracción de ese ya minúsculo 0,13 %. En el cálculo más generoso para quienes promueven el cierre, hablamos de un ahorro de centésimas de punto porcentual del presupuesto nacional: en pesos, decenas de miles de millones; en proporción al gasto total del Estado, un margen de error estadístico.
Dicho de otra forma: cerrar estas catorce embajadas no modificará en ningún sentido perceptible la situación fiscal de Colombia. Es una señal política de austeridad, legítima como discurso, pero engañosa si se presenta como una medida de ajuste económico serio.
Conviene, además, una precisión técnica. Cerrar una embajada no elimina automáticamente todos sus costos: los funcionarios de carrera diplomática siguen vinculados al Estado y, por regla general, regresan a Bogotá o son reasignados. El ahorro real proviene del cierre de sedes, arrendamientos y personal local. El beneficio fiscal existe, pero está lejos de una transformación estructural del gasto público.
Si el criterio no es económico, ¿cuál debería ser?
No todas las embajadas valen lo mismo
Cerrar una misión en Barbados no plantea los mismos desafíos que hacerlo en Sudáfrica. Tampoco es equivalente cerrar en Nicaragua o Haití que hacerlo en Etiopía o Malasia.
Sudáfrica integra el G20 y los BRICS, y es determinante en la construcción de posiciones del llamado sur global. Etiopía alberga la sede de la Unión Africana, y Addis Abeba es uno de los principales centros diplomáticos del continente. Malasia es una de las economías más dinámicas del sudeste asiático y un actor relevante dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En estos casos, el costo estratégico de perder presencia permanente puede ser considerable, aun si el comercio bilateral con Colombia todavía es modesto. Algo similar ocurre con Ghana y Senegal: ambos pertenecen a una región cuya importancia geopolítica crecerá en las próximas décadas.
En contraste, hay casos donde una revisión sí resulta razonable. Barbados podría atenderse mediante acreditación concurrente desde otro Estado del Caribe, y algo semejante podría estudiarse con Azerbaiyán, Hungría o Rumania.
Incluso Cuba o Haití exigen un análisis particular, porque su importancia no depende solo del comercio, sino de factores políticos, migratorios y de seguridad regional. La pregunta correcta no es cuánto cuesta mantenerlas —ya vimos que es prácticamente nada—, sino qué funciones dejaría de cumplir Colombia si desaparecen.
En el caso de Nicaragua el asunto es muy diferente: aún está pendiente la implementación de los tres fallos de la Corte Internacional de Justicia respecto de las demandas que interpuso Nicaragua contra Colombia, cuyo pleito duró más de 20 años. Y aunque es sensato no darle el más mínimo apoyo a Ortega, sí están de por medio los derechos de pesca y de subsistencia misma de muchos miembros del Archipiélago de San Andrés y Providencia. Sin hablar del medio ambiente en la Reserva de la Biósfera. Muchos derechos humanos en juego. Señor presidente De la Espriella, aquí le propongo: no envíe embajador, pero deje un encargado de negocios en la Embajada. Defender a los colombianos raizales no impide seguir denunciando las barbaries del régimen de Ortega.
Ahora, está claro que las embajadas no son oficinas administrativas prescindibles. Son instrumentos con los que un Estado protege a sus ciudadanos, promueve exportaciones, atrae inversión, construye alianzas políticas y proyecta influencia. Por eso tampoco deberían evaluarse con un solo indicador: algunas existen por razones comerciales, otras por objetivos geopolíticos, otras cumplen funciones esenciales en el sistema multilateral, y otras responden a una marcada vocación consular.
Las reformas que sí importan
Si el propósito real es racionalizar el servicio exterior, existen caminos más profundos que cerrar catorce embajadas que apenas rozan el presupuesto nacional. Uno es fortalecer la carrera diplomática y consular, y reducir los nombramientos políticos: un servicio más profesional preserva conocimiento acumulado. Otro es fijar indicadores de desempeño para todas las misiones —comercio, inversión, cooperación, presencia multilateral, atención consular— para que cada una rinda cuentas. Algunas justificarán su existencia; otras podrían transformarse en acreditaciones concurrentes.
No creo, entonces, que el cierre de las catorce embajadas deba rechazarse automáticamente. Tampoco me parece acertado celebrarlo solo porque, según se ha querido presentar, representa un ahorro fiscal significativo: los propios números de la Cancillería demuestran que no lo es. Cada caso merece un análisis individual. Algunas de estas sedes bien podrían justificar su cierre; otras, en cambio, son activos estratégicos cuya desaparición produciría un costo mucho mayor que el ahorro obtenido —un ahorro que, en el conjunto del presupuesto nacional, es apenas perceptible.
Desde hace varios años he insistido en una idea que considero indispensable: Colombia necesita construir una verdadera política jurídica exterior. Una política de Estado que identifique con claridad nuestros intereses permanentes, las regiones donde debemos concentrar nuestros esfuerzos diplomáticos, la forma de integrar la política exterior con la política comercial, la cooperación internacional y el derecho internacional, y las capacidades institucionales que el país requiere para defenderlos.
Las embajadas deben ser una consecuencia de esa estrategia, no el punto de partida del debate. La pregunta no es si Colombia necesita más o menos embajadas, sino si cada una contribuye efectivamente a proteger los intereses nacionales. Y esa respuesta, como lo demuestran las cifras, exige mucho más que un cálculo presupuestal o un anuncio de alto impacto mediático. Exige visión de Estado. Esa sigue siendo una de las mayores tareas pendientes de la política exterior colombiana.
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Por Fabián Cárdenas
