La designación de Omar Bula Escobar como nuevo canciller de Colombia abre una oportunidad para retomar una discusión que he planteado en varias ocasiones desde estas mismas páginas: ¿debe la política exterior colombiana seguir siendo una herramienta circunstancial de cada gobierno o debe recuperar una visión de Estado, construida sobre principios, conocimiento técnico y una lectura estratégica del mundo?
Más allá de las posiciones políticas que genere el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, el nombramiento de Bula tiene un elemento que merece destacarse: su perfil profesional. Colombia necesita una Cancillería dirigida por personas que entiendan la complejidad del sistema internacional, que conozcan los espacios multilaterales y que tengan experiencia en los escenarios donde se toman las grandes decisiones globales. Su trayectoria diplomática en las Naciones Unidas —particularmente en el Programa Mundial de Alimentos— y su experiencia como docente universitario son activos importantes para ejercer una cartera que exige conocimiento, criterio y capacidad de interlocución internacional.
En política exterior no basta con tener opiniones sobre el mundo: hay que saber cómo funciona. La diplomacia exige entender los intereses nacionales, las dinámicas geopolíticas, las instituciones internacionales y las herramientas jurídicas con las que los Estados defienden sus objetivos. Por eso es positivo que el nuevo canciller llegue con una hoja de ruta definida y con prioridades claras.
Uno de los principales problemas de la política exterior del gobierno anterior fue, precisamente, la falta de una orientación estratégica coherente. Colombia tuvo una diplomacia altamente ideologizada, con mensajes contradictorios y con dificultades para traducir discursos políticos en resultados concretos para el país. La política exterior no puede depender de afinidades personales ni de las posiciones coyunturales de quien gobierne. Debe responder a los intereses permanentes del Estado colombiano.
La primera prioridad anunciada por el canciller Bula es el restablecimiento y fortalecimiento de la relación con Estados Unidos. Se trata de una decisión acertada, y coincide con algo que he defendido en este diario desde hace tiempo: recomponer ese vínculo debía ser, precisamente, la prioridad número uno de la política exterior colombiana. Colombia debe entender que una relación cercana con Washington no significa subordinación ni pérdida de autonomía. Por el contrario, la madurez diplomática consiste en construir relaciones estratégicas desde el pragmatismo y la defensa del interés nacional.
Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia, un aliado clave en materia de seguridad y un actor determinante en la arquitectura geopolítica del hemisferio. Fortalecer esta relación implica aprovechar oportunidades económicas, profundizar la cooperación y defender intereses compartidos, no asumir una posición servil frente a ningún gobierno extranjero.
En la misma línea, resulta importante la reconstrucción de la relación con Israel. Reconocer al Estado de Israel y fortalecer los vínculos históricos con ese país no impide que Colombia mantenga posiciones críticas frente a actuaciones específicas de determinados gobiernos o líderes políticos. La diplomacia responsable distingue entre un Estado, sus instituciones permanentes y las decisiones particulares de quienes lo gobiernan en un momento dado.
Colombia puede y debe defender los derechos de la población palestina, expresar preocupación por las víctimas del conflicto y apoyar soluciones compatibles con el derecho internacional, sin dejar por ello de mantener relaciones diplomáticas con Israel. La política exterior madura no funciona por exclusiones absolutas, sino por la capacidad de dialogar incluso en los escenarios más complejos.
También es positivo el interés del nuevo gobierno en fortalecer los vínculos con países como Argentina y Ecuador, así como en revisar las relaciones con regímenes como los de Cuba y Nicaragua. Durante los últimos años, Colombia tuvo dificultades para separar la relación con los Estados de las diferencias políticas con sus gobiernos. En este punto, sin embargo, hay una excepción que considero especialmente importante: Nicaragua.
Aunque es comprensible mantener una posición crítica frente al régimen nicaragüense, considero equivocado romper relaciones diplomáticas con el Estado de Nicaragua. Una cosa es rechazar determinadas actuaciones de un gobierno, y otra muy distinta abandonar los canales institucionales necesarios para defender los intereses nacionales.
Colombia todavía tiene asuntos pendientes con Nicaragua derivados de los fallos de la Corte Internacional de Justicia, cuya implementación exige presencia diplomática permanente. La defensa de los derechos de los habitantes raizales de San Andrés, la protección de sus actividades tradicionales de pesca, la integración de familias separadas por las nuevas delimitaciones marítimas, el cuidado ambiental de una reserva de biosfera compartida y la defensa de los intereses colombianos en el Caribe requieren interlocución constante.
He insistido durante años, también desde este espacio, en que la Embajada de Colombia en Nicaragua no debe verse como una concesión política al gobierno de turno, sino como una herramienta estratégica del Estado colombiano, que además debería fortalecerse y coordinarse estrechamente con nuestra misión diplomática ante el Reino de los Países Bajos —sede de la Corte Internacional de Justicia—, de modo que la diplomacia y la justicia internacional trabajen de manera articulada.
Finalmente, merece atención especial la intención del canciller Bula de recuperar el carácter técnico de la diplomacia colombiana. Las embajadas no pueden seguir utilizándose como mecanismos para pagar favores políticos. Representar a Colombia en el exterior exige preparación, conocimiento del país receptor, experiencia internacional y capacidad de negociación.
La diplomacia contemporánea requiere expertos. Los embajadores deben comprender los desafíos económicos, ambientales, tecnológicos, jurídicos y de seguridad que enfrenta el país. Incluso en naciones con las que Colombia comparte cercanía cultural o lingüística, el dominio del inglés debe considerarse una competencia esencial en un mundo globalizado.
El reto del canciller Omar Bula será construir una política exterior que trascienda a este gobierno. Colombia necesita una política exterior de Estado, no solo una política exterior de administración, algo que he sostenido de manera reiterada en estas páginas. Esto exige diálogo con la academia, la empresa privada, la sociedad civil, el Congreso, las demás ramas del poder público y, en particular, con quienes durante décadas han estudiado y ejercido el derecho internacional y las relaciones exteriores del país.
Un canciller con perfil técnico y una visión clara tiene ante sí una oportunidad histórica de liderar ese proceso. Colombia necesita recuperar presencia, credibilidad e influencia internacional. La tarea no será sencilla, pero es precisamente mediante una diplomacia profesional, estratégica y basada en el conocimiento como el país podrá volver a ocupar el lugar que merece en el escenario global.
Por Fabián Cárdenas
