Anatolio, vote sí

El Congreso de la República y el Gobierno Nacional por estos días conquistaron insospechados niveles de descaro. Lo que está ocurriendo es de no creer: con una “jugadita” sucia, mal armada y a todas luces ilegal, el presidente y sus áulicos en el Capitolio estarían ad portas de reformar la Ley de Garantías Electorales. Pero esta, como tantas de sus otras intentonas de vulnerar el Estado de derecho, bien no les va a salir.

Sin entrar en demasiados tecnicismos, vale la pena hacer un recuento de lo que sucedió la semana pasada en la “discusión” y votación de la Ley de Presupuesto en la plenaria de la Cámara. El debate fue citado apenas 24 horas antes del plazo que la Constitución establece para aprobar esta ley ordinaria. Así las cosas, un tema de tal envergadura acabó aprobándose en menos de una hora.

Pero esos escasos 60 minutos no solo alcanzaron para pasar a pupitrazo limpio el presupuesto. Los honorables representantes, de la mano del Gobierno, fueron aún más diligentes. En una marrulla abiertamente inconstitucional, instalaron un mico en la Ley de Presupuesto (ley ordinaria), que pretende modificar la Ley de Garantías (ley estatutaria). La representante Jennifer Arias, presidenta de la Cámara, les concedió la palabra por apenas tres minutos a quienes se oponían al esperpento. Acto seguido, luego de apagarles sistemáticamente el micrófono, abrió la votación y así, en par patadas, quedó configurada la trampa. Anatolio, vote sí.

Palabras más, palabras menos, la estrategia que está hoy en marcha pretende legalizar la compra de votos. El cuento que está echando el Ejecutivo es que lo que realmente quiere es reactivar la economía. Carreta. Vaya manera de insultar la inteligencia de los colombianos. Vamos a ser claros: tanto el Gobierno como los parlamentarios saben perfectamente que una ley ordinaria no puede modificar una estatutaria. Estas, como estoy seguro entienden el presidente y sus ministros, tienen procedimientos y jerarquías distintas. A lo que le apuestan, entonces, es a aprobar semejante adefesio para poder robarse las elecciones a punta de contratos. Así, calculan ellos, cuando la Corte Constitucional tumbe la norma ya el fraude se habrá materializado.

Llama la atención el desconocimiento de la ley por parte la clase dirigente. Al tratarse de una ley estatutaria, esta solo podrá ser aplicada cuando haya sido objeto de revisión de la Corte. Si el Gobierno, los alcaldes o los gobernadores se pasan por la faja esta obviedad, estarían prevaricando. Así de sencillo.

En honor a la verdad, este desastre no solamente es culpa de presidente. Todo esto se ha fraguado con la connivencia de los jefes de los partidos. Si se les pregunta, se muestran indignados. Pero, eso sí, dejan en libertad a sus bancadas para que voten la marrulla. Ahora, como bien lo recordó Julio Sánchez en W Radio, lo del presidente es particularmente grave. Cuando era senador, ante un intento similar, afirmó que modificar la Ley de Garantías “lacera la democracia”. Julio le ha pedido públicamente a Duque que les “haga conejo” a los congresistas y objete la norma. Pero creo, esta vez, que el conejo del presidente va a ser a nosotros. Quedamos en manos de la Corte.