Esta semana el Tribunal Superior de Pasto limitó las acciones del ICA para detener una grave enfermedad fitosanitaria en el sur del país, plaga que el propio ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, calificó de gravísima en Blu Radio.
La razón fundamental de Restrepo es que las normas constitucionales y los tratados internacionales del trabajo y del comercio contienen preceptos que están obstaculizando el desarrollo del país. Y le asiste toda la razón, pues como consecuencia de estas normativas, hoy en Colombia están paralizadas obras como la vía Cali-Buenaventura, la ley de tierras y desarrollo rural y el código minero, entre otros. Entiendo que las comunidades directamente afectadas deban ser consultadas, pero el mecanismo tiene que ser distinto, pues por cuenta de salvaguardar unos derechos colectivos, importantes sí, no se pueden detener las obras que el país necesita. ¿O no les parece que la carretera al puerto más importante de Colombia no es importante porque un grupo étnico se opone a su construcción aduciendo daños a sus tierras?
Este ciertamente es un tema polémico que se mueve más por las pasiones de los ecologistas y miembros de las comunidades afectadas, que por lo que indica la lógica común. Entiendo que las minorías deban ser consultadas, pero el mecanismo no puede ser el de preguntarles a todos los miembros de la comunidad correspondiente. El caso más reciente es el de la construcción de un hotel en el parque del Tayrona, en donde los indígenas allí asentados hace cientos de años sostienen que nunca fueron consultados. Solo lo fueron 40, un grupo muy reducido que está dividido en su opinión.
Actualmente al menos cinco ministerios tienen paradas sus obras. Tales son los casos del Ministerio del Transporte, el de Minas, el de Medio Ambiente y el de Agricultura. Cada consulta vale al menos 4.000 millones de pesos y, como no se pueden realizar a todos los miembros de cada comunidad, entonces las acciones del Estado quedan paralizadas. Otro caso dramático es el de la aplicación de la ley de víctimas pues los representantes de las víctimas han perdido legitimidad ante su propia gente. No nos digamos mentiras, o el país repiensa el tema de las consultas o el desarrollo del país seguirá siendo un desastre, como si no faltaran cosas. El exceso de democracia nos está matando, pues los constituyentes del 91 pensaron que estaban legislando para un cantón suizo, olvidando que en Colombia se aplica la premisa según la cual, hecha la ley, hecha la trampa. Un país lleno de avivatos de lado y lado, tanto los que pretenden dizque hacer obras y hoteles, por solo mencionar algunos casos, como los que representan a las minorías que casi siempre tratan de sacar provecho por algún lado. O Colombia da el debate en serio y toma el toro por los cachos, o seguiremos desafortunadamente, como se dice popularmente, corriendo de culo pa el estanco. Es triste decirlo, pero así son las cosas.
Twitter. @FZuletalleras
Esta semana el Tribunal Superior de Pasto limitó las acciones del ICA para detener una grave enfermedad fitosanitaria en el sur del país, plaga que el propio ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, calificó de gravísima en Blu Radio.
La razón fundamental de Restrepo es que las normas constitucionales y los tratados internacionales del trabajo y del comercio contienen preceptos que están obstaculizando el desarrollo del país. Y le asiste toda la razón, pues como consecuencia de estas normativas, hoy en Colombia están paralizadas obras como la vía Cali-Buenaventura, la ley de tierras y desarrollo rural y el código minero, entre otros. Entiendo que las comunidades directamente afectadas deban ser consultadas, pero el mecanismo tiene que ser distinto, pues por cuenta de salvaguardar unos derechos colectivos, importantes sí, no se pueden detener las obras que el país necesita. ¿O no les parece que la carretera al puerto más importante de Colombia no es importante porque un grupo étnico se opone a su construcción aduciendo daños a sus tierras?
Este ciertamente es un tema polémico que se mueve más por las pasiones de los ecologistas y miembros de las comunidades afectadas, que por lo que indica la lógica común. Entiendo que las minorías deban ser consultadas, pero el mecanismo no puede ser el de preguntarles a todos los miembros de la comunidad correspondiente. El caso más reciente es el de la construcción de un hotel en el parque del Tayrona, en donde los indígenas allí asentados hace cientos de años sostienen que nunca fueron consultados. Solo lo fueron 40, un grupo muy reducido que está dividido en su opinión.
Actualmente al menos cinco ministerios tienen paradas sus obras. Tales son los casos del Ministerio del Transporte, el de Minas, el de Medio Ambiente y el de Agricultura. Cada consulta vale al menos 4.000 millones de pesos y, como no se pueden realizar a todos los miembros de cada comunidad, entonces las acciones del Estado quedan paralizadas. Otro caso dramático es el de la aplicación de la ley de víctimas pues los representantes de las víctimas han perdido legitimidad ante su propia gente. No nos digamos mentiras, o el país repiensa el tema de las consultas o el desarrollo del país seguirá siendo un desastre, como si no faltaran cosas. El exceso de democracia nos está matando, pues los constituyentes del 91 pensaron que estaban legislando para un cantón suizo, olvidando que en Colombia se aplica la premisa según la cual, hecha la ley, hecha la trampa. Un país lleno de avivatos de lado y lado, tanto los que pretenden dizque hacer obras y hoteles, por solo mencionar algunos casos, como los que representan a las minorías que casi siempre tratan de sacar provecho por algún lado. O Colombia da el debate en serio y toma el toro por los cachos, o seguiremos desafortunadamente, como se dice popularmente, corriendo de culo pa el estanco. Es triste decirlo, pero así son las cosas.
Twitter. @FZuletalleras