El congresista Álvaro Hernán Prada, el mismo que tiene que comparecer la semana entrante ante la Corte Suprema de Justicia a responder en indagatoria por haber, presuntamente, cometido delitos, presentó conjuntamente con otros de sus colegas del Centro Democrático un proyecto de reforma constitucional que, en las propias palabras del “demócrata” de marras, pretende lo siguiente:
“El proyecto de acto legislativo busca ampliar la facultad que tenemos los colombianos en el artículo 377 de la Constitución. En ese artículo estamos facultados para derogar normas constitucionales o legales cuando se afecten derechos fundamentales y los ciudadanos así lo consideren. La idea es ampliar la facultad para que no solamente puedan ser derogadas esas normas constitucionales, sino también anuladas sentencias de la Corte Constitucional cuando también se afecten derechos fundamentales de los colombianos”.
La idea es que si hay una sentencia de la Corte que no les gusta, el Congreso pueda acudir a un referendo para que decida sobre los derechos, fundamentalmente, de las minorías. Este mecanismo requiere de unos trámites que no miraremos en esta columna.
Son los magistrados de la Corte Constitucional quienes deben equilibrar las creencias de las mayorías otorgándoles o garantizándoles derechos, esencialmente, a las minorías. Las cortes constitucionales no profieren sentencias para complacer a la gradería.
Quieren darle un golpe mortal a la Corte Constitucional y a quienes nos hemos beneficiado de las decisiones de la Corte desde su creación en 1991.
Entre esas personas estamos los miembros de la comunidad LGBTI en lo que tiene que ver, entre otros, con el concepto de familia, el derecho a formar parejas del mismo sexo con todos los efectos legales y el derecho a adoptar; están las mujeres y su derecho a abortar; está el derecho de tutela y, por ejemplo, las sentencias sobre la dosis mínima o la posibilidad de consumir marihuana en lugares públicos, el derecho a opinar en las redes, los derechos de las minorías étnicas. En fin, cientos de fallos que han otorgado más derechos a los ciudadanos.
Este demencial proyecto no tiene, hasta ahora, la bendición del senador Uribe, quien ha manifestado su mortificación. Pero eso no es excusa, porque desde ya anticipo que los magistrados de la Corte Constitucional están muy alarmados y, como corresponde, no se van a quedar quietos. Y ojalá no lo hagan porque son ellos quienes han garantizado los derechos de millones de ciudadanos que pertenecemos a las minorías, (las que tanto molestan a algunos congresistas del uribismo).
Por lo pronto, cariñosamente les recomendaría a los legisladores Uribe y Prada que se concentren en la indagatoria que tienen la semana entrante, porque es allí en donde tendrán que aclarar que no tienen responsabilidad alguna en los delitos por los que la Corte Suprema de Justicia los está investigado.
La esquizofrenia de algunos uribistas es inconmensurable.
El congresista Álvaro Hernán Prada, el mismo que tiene que comparecer la semana entrante ante la Corte Suprema de Justicia a responder en indagatoria por haber, presuntamente, cometido delitos, presentó conjuntamente con otros de sus colegas del Centro Democrático un proyecto de reforma constitucional que, en las propias palabras del “demócrata” de marras, pretende lo siguiente:
“El proyecto de acto legislativo busca ampliar la facultad que tenemos los colombianos en el artículo 377 de la Constitución. En ese artículo estamos facultados para derogar normas constitucionales o legales cuando se afecten derechos fundamentales y los ciudadanos así lo consideren. La idea es ampliar la facultad para que no solamente puedan ser derogadas esas normas constitucionales, sino también anuladas sentencias de la Corte Constitucional cuando también se afecten derechos fundamentales de los colombianos”.
La idea es que si hay una sentencia de la Corte que no les gusta, el Congreso pueda acudir a un referendo para que decida sobre los derechos, fundamentalmente, de las minorías. Este mecanismo requiere de unos trámites que no miraremos en esta columna.
Son los magistrados de la Corte Constitucional quienes deben equilibrar las creencias de las mayorías otorgándoles o garantizándoles derechos, esencialmente, a las minorías. Las cortes constitucionales no profieren sentencias para complacer a la gradería.
Quieren darle un golpe mortal a la Corte Constitucional y a quienes nos hemos beneficiado de las decisiones de la Corte desde su creación en 1991.
Entre esas personas estamos los miembros de la comunidad LGBTI en lo que tiene que ver, entre otros, con el concepto de familia, el derecho a formar parejas del mismo sexo con todos los efectos legales y el derecho a adoptar; están las mujeres y su derecho a abortar; está el derecho de tutela y, por ejemplo, las sentencias sobre la dosis mínima o la posibilidad de consumir marihuana en lugares públicos, el derecho a opinar en las redes, los derechos de las minorías étnicas. En fin, cientos de fallos que han otorgado más derechos a los ciudadanos.
Este demencial proyecto no tiene, hasta ahora, la bendición del senador Uribe, quien ha manifestado su mortificación. Pero eso no es excusa, porque desde ya anticipo que los magistrados de la Corte Constitucional están muy alarmados y, como corresponde, no se van a quedar quietos. Y ojalá no lo hagan porque son ellos quienes han garantizado los derechos de millones de ciudadanos que pertenecemos a las minorías, (las que tanto molestan a algunos congresistas del uribismo).
Por lo pronto, cariñosamente les recomendaría a los legisladores Uribe y Prada que se concentren en la indagatoria que tienen la semana entrante, porque es allí en donde tendrán que aclarar que no tienen responsabilidad alguna en los delitos por los que la Corte Suprema de Justicia los está investigado.
La esquizofrenia de algunos uribistas es inconmensurable.