El Estado ladrón y corrupto

Hace más de 30 años, el estadista Carlos Lemos escribió un libro precisamente llamado El Estado ladrón. Y con el pasar de los años las tesis de Lemos cada vez se confirman más en el diario vivir de los colombianos. Todos los días nos enteramos de escándalos de corrupción. Peor aún cuando el Estado en cualquiera de sus formas nos contacta para volvernos la vida una miseria.

Es un Estado eficiente para jodernos la vida y absolutamente ineficaz para solucionarnos nuestros problemas. Los colombianos con el Estado no tenemos sino obligaciones, todas costosas, pero cuando se trata de exigir uno de nuestros derechos, nos toca acudir a unos papeleos interminables, sea bien por un derecho de petición, una tutela, o una demanda de responsabilidad extracontractual.

Los ciudadanos no recibimos buen servicio de salud porque este gobierno lo acabó; no aparece la policía cuando la llamamos; nos ponen multas de tránsito ilegales que nos toca pagar ya que no podemos pelear contra ellas; se van los servicios públicos, sea luz o agua, de manera permanente; el Transmilenio no llega a tiempo; los aviones se retrasan; nos meten mensualmente la mano al bolsillo para sacarnos millones de pesos en impuestos que no vemos por ningún lado, pues los malgastan o se los roban, que es lo mismo. No quiero concentrarme únicamente en este gobierno dilapidador e irresponsable, además de corrupto, porque ya desde los años 80 o antes la corrupción estaba haciendo de las suyas.

Recuerdo cómo el país se burló del expresidente Julio César Turbay cuando dijo que había que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Lo criticaron, lo vilipendiaron, le sacaron chistes y a la postre el doctor Turbay tenía toda la razón. Alfonso Gómez Méndez, mi amigo y profesor, en alguna conversación de las tantas que tuvimos, me decía que la mejor manera de acabar la corrupción era simple y llanamente aplicar un solo artículo del Código Penal: el del enriquecimiento ilícito. De esta manera se les haría un seguimiento rápido y eficiente a los dineros de los corruptos. Pero no, en la práctica se van los organismos de control por toda clase de tipos penales, que a la postre resultan casi que imposibles de probar.

La Contraloría General ha recuperado billones de pesos durante los mandatos de Felipe Córdoba y del actual contralor Carlos Hernán Rodríguez. Podemos estar hablando mal contado de más de 75 billones de pesos. Y eso no es nada comparado con lo que los sátrapas se están robando. La corrupción no es solo un problema que deba preocupar a las autoridades porque, por cuenta de esta, el costo de vida de los ciudadanos del común se encarece, ya que a estos ladrones no les importa pagar dos o tres veces más lo que valen las cosas, sea para comprar una vivienda o para ir a un restaurante, lo que hace que estos bienes, entre otros, se encarezcan para que les vivimos honestamente.

Qué pereza tener que lidiar con un Estado ladrón y enemigo.