Esta semana se puso de moda en Colombia luchar contra la corrupción. Como si no fuera un principio esencial del manejo del Estado no robar los dineros públicos. Saturados de “ías” y de normas, los corruptos acaban ganando, pues la gobernabilidad en Colombia depende en buena parte de que los poderes públicos —sobre todo el Ejecutivo— toleren o sean permisivos con el desfalco.
Las elecciones parlamentarias terminan siendo un boleto para la entrada a una piñata donde unos pocos se aseguran la curul en el próximo Congreso.
El problema no es solamente la plata que se roban del presupuesto nacional. Es igualmente grave el nivel de despilfarro del Estado colombiano. Gastar… gastar porque así se consiguen votos y se aceita la clientela. Keynesianismo del tercer mundo que, en lugar de generar riqueza, genera dependencia, miseria y perpetúa el poder de la misma clase política.
No habrá reforma tributaria que alcance si el Estado colombiano no racionaliza sus gastos en consideración al tamaño modesto de nuestra economía y a las prioridades sociales. El presupuesto público está cargado de partidas que podrían eliminarse, sobre todo teniendo en cuenta que el dinero sale de nuestros impuestos, algo que olvidan esos funcionarios públicos a quienes les encanta chicanear repartiendo dádivas a diestra y siniestra.
A veces me encuentro contratos de la administración pública que no se justifican desde mis perspectivas de simple ciudadano que clama por un Estado austero y que no nos claven más impuestos que empobrecen a los más pobres.
El pasado 26 de noviembre escribí una columna (“Un ministro en apuros”) a propósito de un contrato del Ministerio de las TIC con Codaltec por más de $20.000 millones. A propósito de esa columna, el secretario general de ese ministerio remitió al director de este diario una carta extensa que comprime una clase magistral de contratación pública, pero que en todo caso no despeja la gran duda de si se justifica gastar esa fortuna en “emprendimiento digital”. Y, dicho sea de paso, téngase en cuenta que la poderosa industria de Silicon Valley en California no nació de prebendas del patrimonio público.
En todo caso el Ministerio de las TIC no se detiene. El día antes de la novena de aguinaldos despacharon otro contrato, esta vez por más de $45.000 millones y cuyo objeto es implementar a través de Findeter “la estrategia nacional Mipyme Vive Digital”. El primer desembolso, por casi $6.000 millones, se realizó el día de los inocentes a cambio de entregables como un estudio de mercado relámpago para sustentar el programa que se va a desarrollar. Hasta donde entiendo, ese estudio ha debido existir antes de celebrar el contrato. Así tal vez nos hubiéramos ahorrado casi $40.000 millones.
El país tiene que evaluar el beneficio social derivado de esos recursos, que podrían ser más necesarios en otros frentes.
Notícula. Recuerdo a usted que trabajo para un grupo de medios que tiene relaciones con el Mintic.
Esta semana se puso de moda en Colombia luchar contra la corrupción. Como si no fuera un principio esencial del manejo del Estado no robar los dineros públicos. Saturados de “ías” y de normas, los corruptos acaban ganando, pues la gobernabilidad en Colombia depende en buena parte de que los poderes públicos —sobre todo el Ejecutivo— toleren o sean permisivos con el desfalco.
Las elecciones parlamentarias terminan siendo un boleto para la entrada a una piñata donde unos pocos se aseguran la curul en el próximo Congreso.
El problema no es solamente la plata que se roban del presupuesto nacional. Es igualmente grave el nivel de despilfarro del Estado colombiano. Gastar… gastar porque así se consiguen votos y se aceita la clientela. Keynesianismo del tercer mundo que, en lugar de generar riqueza, genera dependencia, miseria y perpetúa el poder de la misma clase política.
No habrá reforma tributaria que alcance si el Estado colombiano no racionaliza sus gastos en consideración al tamaño modesto de nuestra economía y a las prioridades sociales. El presupuesto público está cargado de partidas que podrían eliminarse, sobre todo teniendo en cuenta que el dinero sale de nuestros impuestos, algo que olvidan esos funcionarios públicos a quienes les encanta chicanear repartiendo dádivas a diestra y siniestra.
A veces me encuentro contratos de la administración pública que no se justifican desde mis perspectivas de simple ciudadano que clama por un Estado austero y que no nos claven más impuestos que empobrecen a los más pobres.
El pasado 26 de noviembre escribí una columna (“Un ministro en apuros”) a propósito de un contrato del Ministerio de las TIC con Codaltec por más de $20.000 millones. A propósito de esa columna, el secretario general de ese ministerio remitió al director de este diario una carta extensa que comprime una clase magistral de contratación pública, pero que en todo caso no despeja la gran duda de si se justifica gastar esa fortuna en “emprendimiento digital”. Y, dicho sea de paso, téngase en cuenta que la poderosa industria de Silicon Valley en California no nació de prebendas del patrimonio público.
En todo caso el Ministerio de las TIC no se detiene. El día antes de la novena de aguinaldos despacharon otro contrato, esta vez por más de $45.000 millones y cuyo objeto es implementar a través de Findeter “la estrategia nacional Mipyme Vive Digital”. El primer desembolso, por casi $6.000 millones, se realizó el día de los inocentes a cambio de entregables como un estudio de mercado relámpago para sustentar el programa que se va a desarrollar. Hasta donde entiendo, ese estudio ha debido existir antes de celebrar el contrato. Así tal vez nos hubiéramos ahorrado casi $40.000 millones.
El país tiene que evaluar el beneficio social derivado de esos recursos, que podrían ser más necesarios en otros frentes.
Notícula. Recuerdo a usted que trabajo para un grupo de medios que tiene relaciones con el Mintic.