¿Gestores de paz?

A pesar de todas las advertencias de las altas cortes, el fiscal general, la procuradora y el defensor del Pueblo, el Gobierno insiste en seguir adelante con la excarcelación de los angelitos de la Primera Línea. El tema no es claro, pues el Gobierno ha dicho que no se trata de un indulto o amnistía. A primera vista es claro que es una intromisión del Ejecutivo en las decisiones de los jueces.

Mediante un decreto, el presidente de la República ha creado una comisión que se encargará de mirar caso por caso la situación jurídica de los muchachos de la Primera Línea. Es claro que quienes ya están sentenciados no serán beneficiarios de las decisiones del Gobierno. Hay 230 jóvenes encausados por los delitos cometidos el año pasado.

Ahora bien. Muchos de los jóvenes ya están imputados, pero no han sido condenados. No es claro pues que puedan ser gestores de paz, puesto que no cumplen los requisitos para ello: haber pertenecido a un grupo ilegal o estar en un proceso de paz.

El mensaje que deja una decisión de estas es equívoco, pues queda claro que se está beneficiando a quienes han delinquido. A esto hay que agregarle la promesa del presidente de darles a los jóvenes delincuentes la suma de $800.000 mensuales si dejan el crimen. En el país hay millones de jóvenes a quienes, despectivamente, llaman los ninis. Ni trabajan ni estudian. ¿Qué podrá pensar uno de esos muchachos al escuchar que el Gobierno piensa darles a otros una recompensa por delinquir?

Resultaría necio oponerse a cualquier política de resocialización, pues es claro que para el país es mejor tener a estos jóvenes trabajando como “gestores de paz”. Pero no es claro que el presidente mediante decreto pueda extinguir la acción penal. El excesivo poder presidencial en Colombia y la propia democracia y Estado de derecho se ponen a prueba cuando el poder es asumido por alguien irresponsable y populista como lo es el presidente Petro.

Hace unos días el profesor Alfonso Gómez Méndez planteó que es la hora de atenuar el exceso de poder del presidente. Además, como sostuvo en su columna de esta semana que, a diferencia de otros países como Perú, acá los presidentes, en la práctica, tienen total impunidad frente a sus eventuales actos delincuenciales cuando ejercen el cargo.

Frente al decreto que designa a los delincuentes de la Primera Línea como “gestores de paz” habrá que esperar lo que decida el Consejo de Estado frente a las demandas que se presentarán, y que se pronuncie sobre su cuestionable constitucionalidad. Ojalá el ministro de Justicia, profesor de Derecho Constitucional, tenga claro lo que está haciendo.