No soy ecólogo, ni ambientalista, ni ingeniero ambiental, ni experto en esos temas del medioambiente.
Pero como millones de colombianos ando realmente indignado con la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por haber autorizado la exploración de 150 pozos en las zonas especiales circundantes con el Parque de La Macarena.
A esta decisión se han opuesto la directora de Parques Naturales, la seria, honesta, conocedora y diligente doctora Julita Miranda, Corpomacarena, el alcalde del municipio de La Macarena y la gobernadora del Meta. Ni qué decir de expertos ambientalistas, como el exministro Manuel Rodríguez.
Sin embargo, la ANLA, en cabeza de su director, Fernando Iregui, defiende la medida. En fin, aparte de la petrolera beneficiaria (el permiso para dichas actividades fue entregado a la empresa Hupecol bajo la resolución 0286 del 18 de marzo de 2016) y unos pocos, parece ser que este tema ha unido a los colombianos en medio de nuestra indignación.
No entiendo las razones para explorar en esas zonas. Lo que sí entiendo es que es una decisión absolutamente descabellada, en un país que ha visto destruir millones de hectáreas de nuestras selvas por cuenta de dos delitos atroces: la minería ilegal y el narcotráfico.
El Estado colombiano, hay que admitirlo, a pesar de todos sus esfuerzos no ha sido capaz de acabar con los criminales dedicados a estos dos negocios ilícitos. Estos, por el contrario, se van fortaleciendo cada vez más sin que se haya podido hacer mayor cosa, a pesar de los esfuerzos. Por cuenta de sus actividades, los colombianos vemos atónitos cómo nos vamos quedando sin selvas, sin ríos y, al paso que vamos, sin aire puro.
Esto, por supuesto, es un crimen de lesa humanidad que cometen unos delincuentes. Pero, y ahí es donde uno se aterra, que sea el propio Estado el que atente en contra de nuestros parques nacionales resulta a todas luces inaceptable. No existe claridad sobre la decisión que afectará más temprano que tarde al parque y a todo su sistema ecológico. Dicen desde el Gobierno que la exploración está a 68 kilómetros y que por eso no se afectará. Olvidan los funcionarios que el parque de La Macarena ha sido motivo de estudios por parte de científicos del mundo entero desde hace más de 60 años. Hay tratados enteros sobre el mismo. Pero, claro, eso no le importó a la ANLA, que, al parecer, se limpió el culo con las hojas de esos libros.
El parque de La Macarena se respeta. Y en eso estamos todos los colombianos. No debemos dejar de protestar hasta que dicha licencia se revoque. La suspensión de la licencia ordenada por el presidente Santos en las últimas horas no es suficiente. Esa exploración será sísmica, qué horror, la que se hace con explosivos, tal como lo admitió el director de la ANLA Fernando Iregui Mejía, en entrevista el jueves a Blu Radio, sin ruborizarse.
No creo en la suspensión. La licencia se debe revocar sin consideraciones de ninguna especie.
No soy ecólogo, ni ambientalista, ni ingeniero ambiental, ni experto en esos temas del medioambiente.
Pero como millones de colombianos ando realmente indignado con la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por haber autorizado la exploración de 150 pozos en las zonas especiales circundantes con el Parque de La Macarena.
A esta decisión se han opuesto la directora de Parques Naturales, la seria, honesta, conocedora y diligente doctora Julita Miranda, Corpomacarena, el alcalde del municipio de La Macarena y la gobernadora del Meta. Ni qué decir de expertos ambientalistas, como el exministro Manuel Rodríguez.
Sin embargo, la ANLA, en cabeza de su director, Fernando Iregui, defiende la medida. En fin, aparte de la petrolera beneficiaria (el permiso para dichas actividades fue entregado a la empresa Hupecol bajo la resolución 0286 del 18 de marzo de 2016) y unos pocos, parece ser que este tema ha unido a los colombianos en medio de nuestra indignación.
No entiendo las razones para explorar en esas zonas. Lo que sí entiendo es que es una decisión absolutamente descabellada, en un país que ha visto destruir millones de hectáreas de nuestras selvas por cuenta de dos delitos atroces: la minería ilegal y el narcotráfico.
El Estado colombiano, hay que admitirlo, a pesar de todos sus esfuerzos no ha sido capaz de acabar con los criminales dedicados a estos dos negocios ilícitos. Estos, por el contrario, se van fortaleciendo cada vez más sin que se haya podido hacer mayor cosa, a pesar de los esfuerzos. Por cuenta de sus actividades, los colombianos vemos atónitos cómo nos vamos quedando sin selvas, sin ríos y, al paso que vamos, sin aire puro.
Esto, por supuesto, es un crimen de lesa humanidad que cometen unos delincuentes. Pero, y ahí es donde uno se aterra, que sea el propio Estado el que atente en contra de nuestros parques nacionales resulta a todas luces inaceptable. No existe claridad sobre la decisión que afectará más temprano que tarde al parque y a todo su sistema ecológico. Dicen desde el Gobierno que la exploración está a 68 kilómetros y que por eso no se afectará. Olvidan los funcionarios que el parque de La Macarena ha sido motivo de estudios por parte de científicos del mundo entero desde hace más de 60 años. Hay tratados enteros sobre el mismo. Pero, claro, eso no le importó a la ANLA, que, al parecer, se limpió el culo con las hojas de esos libros.
El parque de La Macarena se respeta. Y en eso estamos todos los colombianos. No debemos dejar de protestar hasta que dicha licencia se revoque. La suspensión de la licencia ordenada por el presidente Santos en las últimas horas no es suficiente. Esa exploración será sísmica, qué horror, la que se hace con explosivos, tal como lo admitió el director de la ANLA Fernando Iregui Mejía, en entrevista el jueves a Blu Radio, sin ruborizarse.
No creo en la suspensión. La licencia se debe revocar sin consideraciones de ninguna especie.