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EL MINISTERIO DE LAS TIC SIGUE empeñado en adjudicar antes de terminar este gobierno el mal llamado satélite colombiano, cuya real utilidad está en entredicho...
EL MINISTERIO DE LAS TIC SIGUE empeñado en adjudicar antes de terminar este gobierno el mal llamado satélite colombiano, cuya real utilidad está en entredicho; el lanzamiento de un satélite de comunicaciones ya había fracasado el año pasado, cuando los medios destaparon extraños vínculos entre el único proponente ruso, el embajador colombiano en Rusia y comisionistas del grupo Opaín, por lo que hoy resulta aún más extraña tanta premura con tan apretado cronograma.
En este proceso se están comprometiendo vigencias futuras que suman en cuatro años cerca de 250 millones de dólares, poniendo la mayor parte de los recursos disponibles del ministerio en un proyecto que no tiene asidero financiero y que sólo beneficia —si algún día funciona— a un mínimo de población.
Como expertos en el tema ya lo han denunciado, se estará comprando un satélite que no será colombiano, pues se pondrá en la órbita de otro país y, además, compartido con terceros. Esto quiere decir que es indudablemente un negocio redondo para el proveedor —tal vez ruso— y sus comisionistas. Y será igualmente lucrativo para quien comparta el satélite subsidiando con ello su costo y para el país que “preste” la órbita (pues bajo la ley internacional es quien realmente puede disponer del satélite). Todo este gran negociado estará financiado con recursos de Colombia, que es el único que parece no beneficiarse realmente.
En este proceso aparecen adendas de última hora modificando cronogramas el mismo día de los hechos, reportes a Cámara de Comercio sin la existencia de las debidas autorizaciones y certificados presupuestales de vigencias futuras y, como si fuera poco, estamos frente a una ostensible desviación de funciones de la recién creada agencia de espectro involucrada en este proyecto (cuando debería estar más bien cazando emisoras clandestinas), para nombrar sólo algunas de las irregularidades. Por eso corresponde a la Procuraduría y a la Contraloría revisar con diligencia este nuevo intento de beneficiar a alguien.
En las resoluciones que aparecen cambiando cosas a última hora, el común denominador es el secretario del Ministerio, Carlos Bitar, a quien dejó en su puesto la anterior ministra Guerra y quien ha estado al frente, no sólo de esta, sino de varias grandes contrataciones del programa Compartel.
El actual ministro encargado —el ingeniero Medina— pareciera no darse cuenta del problema, o no quiere darse cuenta. Lo apoya la ministra, quien renunció para que su hermano pudiera lanzarse al Senado, pero sigue influyendo y tomando decisiones.
Es una lástima que el Ministro, un ingeniero con una buena trayectoria en el sector, se encuentre atado por los manejos que desde la sombra realiza su antecesora a través de las personas de su confianza que, como el secretario general, quedó con la delegación de contratar.
Notícula: Y Uribe sigue insistiendo en obstaculizar y atacar a la justicia. No podrá hacer lo mismo con la Corte Penal Internacional.
