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OÍ DECIR A DON JOSÉ OBDULIO GAVIria (El primo) que “la política de seguridad democrática va muy bien, pero no ha cuajado”. Con semejante frase el consejero presidencial pretende justificar la reelección de don Álvaro.
Por supuesto que la seguridad democrática no ha cuajado, porque no pudo acabar con la guerrilla; en cambio sí cuajó en lo que tiene que ver con el asesinato de cientos de ciudadanos por parte de miembros de las FF.MM., la Policía y el DAS. Así lo reveló la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que en su informe expresamente usa la palabra “asesinatos”.
Según la Fiscalía, en 2002 se reportaron siete casos de asesinatos en los que estuvieron vinculados miembros de la Fuerza Pública, 21 en 2003, 47 homicidios en 2004 y 73 casos similares en 2005.
La Unidad de Derechos Humanos reportó 122 investigaciones de asesinatos por la presunta responsabilidad de algunos militares y policías en el año 2006, 245 procesos por hechos similares en 2007 y, en un primer informe de 2008, se ha informado sobre 16 casos. Y eso que estamos contando los casos reportados oficialmente ante la Fiscalía. ¿Se imaginan el número de asesinatos donde los familiares ya no tienen fuerza para luchar contra la impunidad?
Seguramente para don José Obdulio estos asesinatos no hacen parte de la seguridad democrática ni en éstos tiene responsabilidad alguna don Álvaro en su calidad de comandante de las FF.MM., ni mucho menos el Sr. Juan Manuel Santos, a quien JOG califica como un ministro estelar.
Estos crímenes de Estado por supuesto tampoco le importan al habitante de la Casa de Nari, porque a él le parece que todos estos conciudadanos eran guerrilleros vestidos de civil o criminales como se refirió don Álvaro a los muchachos de Soacha. Semejante aseveración sin fundamento obligó al propio Fiscal a desmentirlo.
Otra prueba de la negligencia por parte del Sr. Uribe frente a los habitantes del país es la sentencia proferida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el entonces gobernador de Antioquia, quien no hizo nada para impedir la masacre de El Aro en 1997 a pesar de que organizaciones de derechos humanos le informaron que la matanza se estaba preparando. (Como también sentenció que a Manuel Cepeda lo mató el Estado).
Estos asesinatos y el “secuestro” a la justicia por parte del Gobierno son razones suficientes para que en Colombia intervenga la Corte Penal Internacional. Mucho más ahora que el Consejo “Superior” de la Judicatura profiere fallos favorables al régimen. La Colombia alienada por el Presidente se ofenderá, pero no podemos tapar el sol con las manos, todas las barbaridades que a diario presenciamos por parte del Gobierno serán pruebas para que la Corte Penal Internacional intervenga.
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Notícula. Desde que el periodista Édgar Téllez entró al noticiero de RCN Televisión, las cosas empezaron a cambiar. Sin lugar a dudas es mucho más objetivo y seguramente seguirá mejorando. ¡En buena hora!
