Tal vez en una de las decisiones más difíciles y duras que haya tomado la Fiscalía General de la Nación desde su creación en 1991 es la de vincular a 4 generales de la república, 2 retirados y 2 en servicio activo, al mal llamado episodio de los falsos positivos, cuando realmente se trató de ejecuciones extrajudiciales.
Valerosa decisión y ciertamente peligrosa pero necesaria.
A la fecha la Fiscalía tiene más de 900 condenas por estos hechos y otro par de miles de investigaciones, por unos hechos que ocurrieron supuestamente entre el 2006 y el 2010, pero que, según algunos investigadores, venían sucediendo desde el 2002.
Estas ejecuciones sin lugar a dudas se aumentaron cuando el Ministerio de Defensa expidió la norma que incentivaba las bajas con permisos y recompensas. Se dispararon los crímenes, pues se impuso la política del conteo de cuerpos o body count, como se conoció durante la guerra de Vietnam. Es decir, una manera monstruosa de medir los resultados de la guerra.
Es claro que este triste episodio para las fuerzas militares acabará, más temprano que tarde, salpicando al entonces ministro de Defensa, al presidente Juan Manuel Santos, un hombre que hoy se la juega por la paz, pero quien durante el gobierno del presidente Uribe se la jugó a muerte por la guerra.
Todo esto es el contrasentido del conflicto armado. En donde en algún momento nuestras fuerzas militares utilizaban los mismos mecanismos criminales de la guerrilla para combatir al enemigo. Eso por supuesto es totalmente prohibido en un Estado de derecho, en donde el Estado jamás puede utilizar las armas de la Nación para delinquir en contra de su enemigo. Entiendo que a muchos les parecerá que eso no es lo justo, pero desafortunadamente para ellos, la democracia impone unas normas que no pueden ser vulneradas por el Estado y por sus fuerzas militares.
Y claro está, resulta imposible no atar este tema con los diálogos que se están llevando a cabo en La Habana, pues al final del día, ese proceso de paz debe culminar precisamente en un acuerdo que permita a nuestros soldados y policías —que hayan cometido crímenes— y, a los criminales de las Farc, acogerse a la justicia transicional que tanto detestan los enemigos del proceso.
Crimen es crimen, sin importar de dónde provenga. Y de ahí la importancia de lo que han propuesto el expresidente Gaviria y el fiscal Montealegre de garantizarle a los miembros de las FF. MM. que sus procesos nunca serán reabiertos una vez se hayan acogido a la justicia transicional. De no ser así, no existe la menor posibilidad de que alcancemos la paz, pues sería un exabrupto que los soldados acaben presos y los guerrilleros libres.
Por eso es necesario que entendamos que el país debe apoyar el proceso de paz, proceso que debe beneficiar a todos por igual pues es en la práctica la única manera sensata de acabar la guerra. El país, como dice el presidente, debe tragarse muchísimos sapos y este es uno de ellos y muy mal que sabe.
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Tal vez en una de las decisiones más difíciles y duras que haya tomado la Fiscalía General de la Nación desde su creación en 1991 es la de vincular a 4 generales de la república, 2 retirados y 2 en servicio activo, al mal llamado episodio de los falsos positivos, cuando realmente se trató de ejecuciones extrajudiciales.
Valerosa decisión y ciertamente peligrosa pero necesaria.
A la fecha la Fiscalía tiene más de 900 condenas por estos hechos y otro par de miles de investigaciones, por unos hechos que ocurrieron supuestamente entre el 2006 y el 2010, pero que, según algunos investigadores, venían sucediendo desde el 2002.
Estas ejecuciones sin lugar a dudas se aumentaron cuando el Ministerio de Defensa expidió la norma que incentivaba las bajas con permisos y recompensas. Se dispararon los crímenes, pues se impuso la política del conteo de cuerpos o body count, como se conoció durante la guerra de Vietnam. Es decir, una manera monstruosa de medir los resultados de la guerra.
Es claro que este triste episodio para las fuerzas militares acabará, más temprano que tarde, salpicando al entonces ministro de Defensa, al presidente Juan Manuel Santos, un hombre que hoy se la juega por la paz, pero quien durante el gobierno del presidente Uribe se la jugó a muerte por la guerra.
Todo esto es el contrasentido del conflicto armado. En donde en algún momento nuestras fuerzas militares utilizaban los mismos mecanismos criminales de la guerrilla para combatir al enemigo. Eso por supuesto es totalmente prohibido en un Estado de derecho, en donde el Estado jamás puede utilizar las armas de la Nación para delinquir en contra de su enemigo. Entiendo que a muchos les parecerá que eso no es lo justo, pero desafortunadamente para ellos, la democracia impone unas normas que no pueden ser vulneradas por el Estado y por sus fuerzas militares.
Y claro está, resulta imposible no atar este tema con los diálogos que se están llevando a cabo en La Habana, pues al final del día, ese proceso de paz debe culminar precisamente en un acuerdo que permita a nuestros soldados y policías —que hayan cometido crímenes— y, a los criminales de las Farc, acogerse a la justicia transicional que tanto detestan los enemigos del proceso.
Crimen es crimen, sin importar de dónde provenga. Y de ahí la importancia de lo que han propuesto el expresidente Gaviria y el fiscal Montealegre de garantizarle a los miembros de las FF. MM. que sus procesos nunca serán reabiertos una vez se hayan acogido a la justicia transicional. De no ser así, no existe la menor posibilidad de que alcancemos la paz, pues sería un exabrupto que los soldados acaben presos y los guerrilleros libres.
Por eso es necesario que entendamos que el país debe apoyar el proceso de paz, proceso que debe beneficiar a todos por igual pues es en la práctica la única manera sensata de acabar la guerra. El país, como dice el presidente, debe tragarse muchísimos sapos y este es uno de ellos y muy mal que sabe.
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