Petro y la Procuraduría

Nuevamente, esta semana el presidente-dictador Gustavo Petro arremetió en contra de la Procuraduría, como ya lo había hecho en junio de 2022 cuando dijo que presentaría un proyecto de ley para eliminarla. Desde aquella decisión del entonces procurador Alejandro Ordóñez, que lo sacó del cargo, Petro detesta a esta entidad. Aduciendo como siempre que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en un fallo que solo un juez penal podría destituir o suspender a un funcionario de elección popular, ahora decide que no acatará las decisiones de la Procuraduría que contengan una decisión como esa. No me sorprende que Petro descaradamente notifique a la procuradora Margarita Cabello que piensa violar abiertamente la ley y la Constitución Nacional.

El profesor Alfonso Gómez Méndez, en una columna de hace un par de semanas, realiza un juicioso análisis del tema para concluir que es la procuradora la que tiene la razón, no solo porque así lo ordena la ley, sino la Carta. Dijo el doctor Gómez:

“Este es el origen del artículo 277 de la actual Constitución, que al señalar como función de la Procuraduría la de investigar la conducta de los servidores públicos, agregó: ‘...inclusive las de elección popular...’ ”.

Cuando el Constituyente optó por esa solución ya regía el Pacto de San José, que había sido incorporado a la legislación interna desde 1972. Hay que asumir que los sabios constituyentes conocían el hecho y no le dieron el alcance que ahora se le ha pretendido otorgar. De haber sido así, no hubieran regulado la pérdida de investidura con muerte política por un organismo que, como el Consejo de Estado, no pertenece a la jurisdicción penal, sino a la jurisdicción contenciosa administrativa.

Igualmente, es discutible el argumento de que la Procuraduría es un organismo de naturaleza administrativa, ya que el procurador no depende de nadie y no tiene superior jerárquico. Menos después del 91, cuando se suprimió el concepto de que el Ministerio Público se ejercía bajo la suprema dirección del Gobierno.

El presidente sigue pensando que él es el jefe del Estado, como lo sostuvo torpemente hace unos días al decir que era el jefe del fiscal Barbosa, y se acomoda a una decisión del Consejo de Estado.

Tal y como lo dijera el profesor Gómez, “no es una posición del alto tribunal, como se ha dicho en sectores de los medios y lo repite el presidente, sino de dos de los tres magistrados de una subsección”. Esa posición va en abierta contravía con la reciente de la Corte Constitucional, que avaló esa facultad con la advertencia de que no puede cumplirse sino después de la revisión del Consejo de Estado.

Todo se origina en una interpretación equivocada de Petro del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dispone que esa afectación a los elegidos popularmente solo puede darse como consecuencia de una condena proferida por un juez penal.

¡Qué peligro para la institucionalidad el señor Gustavo Petro!