De conformidad con el artículo 29 de la Constitución Nacional, “toda persona se presume inocente, mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”. Pues esta máxima de nuestra Carta parece haberse convertido en letra muerta. El afán mediático y la rapidez de las redes suelen acabar con la reputación de cualquier ciudadano, sin que haya mediado sentencia condenatoria alguna. Yo, en no pocas oportunidades, he incurrido en esta conducta indebida, sin medir las consecuencias que se le causan a una persona con conclusiones precipitadas. Esta semana el país vio en la hoguera mediática al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández, quien fue por unos meses secretario jurídico de la Presidencia durante el gobierno actual.
Publicó la revista Semana unos chats de la consejera para las regiones Sandra Ortiz, con el expresidente del Senado Iván Name, en donde se habla de una cita del doctor Fernández, cuando estaba en campaña para conseguir los votos del Congreso que le permitieran llegar a la Corte Constitucional. Eso ni es nuevo ni es ilegal, faltaba más. Pero se ha vinculado inicuamente al doctor Fernández con el episodio de la supuesta entrega de $3.000 millones al entonces presidente del Senado. No aparece una sola palabra de la que se pueda deducir que Fernández estaba enterado de este aparente ilícito. Estamos ante las versiones de la señora Ortiz, que la propia Fiscalía ha considerado inconsistentes. Por esta razón no se le concedió el principio de oportunidad. Sin embargo, el magistrado Fernández, a quien conozco como hombre estudioso y honesto, ya fue quemado en una ordalía como las que se hacían en la Inquisición. Sus propios colegas de la Corte Constitucional han dicho que estarán atentos a las investigaciones, pero que, por lo pronto, como corresponde, le presumen la inocencia al togado. La inquina mostrada en contra de Fernández proviene, sin dudas, del odio y las críticas que muchos colombianos, entre los que me incluyo, le tenemos al presidente Petro. Así las cosas, los petristas ya condenaron a Uribe, sin que haya mediado sentencia judicial, y los enemigos y opositores a Petro ya condenaron al doctor Fernández.
No sabía yo que los periodistas y los políticos no tenían que cumplir la Constitución política que, en teoría, nos rige a todos. Y si me atrevo a decir esto es porque, como ya lo dije, yo en el pasado he incurrido en la misma conducta, deleznable por supuesto.
No soy yo, faltaba más, juez de mis colegas en el oficio del periodismo. Pero de no llegarse a comprobar que la elección del magistrado Fernández tuvo que ver con los actos de corrupción confesados por la señora Ortiz, ¿cómo van a resarcir el daño hecho al doctor Fernández y a su familia, si ya a todos ellos los han puesto en la picota pública?
Notícula. Nos vemos hoy a las 2:30 p.m. en la FILBo, Gran salón C, donde conversaremos con el doctor Alfonso Gómez Méndez sobre su nuevo libro: Democracia bloqueada.
