El 14 de mayo de 2023 cumplí 50 años de vinculación permanente con Japón. Mirar atrás se vuelve inescapable y se refresca la memoria con múltiples experiencias, conocimientos, vivencias que se han ido acumulando en medio de los negocios, la política, la diplomacia, la academia, el periodismo, la literatura, la cultura y el arte. Por supuesto, el tropel de temas es enorme; sin embargo, hay dos asuntos que han llamado constantemente mi atención: el medio ambiente y la paz.
A partir de la Conferencia de Estocolmo de 1972, el mundo comenzó a preocuparse en serio por el cuidado del planeta. No obstante, las motivaciones para ello estuvieron fundadas en razones económicas concentradas en la protección de los recursos naturales. Por ello me sorprendió que en Japón el fundamento de las leyes sobre el medio ambiente de 1970 estuviera alejado de las consideraciones materiales y se dirigiera a algo más definitivo e importante: la protección de la vida. En efecto, como bien se sabe, el costo ambiental de lo que se ha llamado el milagro japonés fue tremendo, no solo por la contaminación del aire que tuvo graves efectos en la población, sino por la de las aguas que llevó a que la pesca desapareciera en los ríos y en los mares territoriales. Lo que llamó mi atención con la Ley 142 de 1970 fue la tipificación del delito de contaminación debida a actividades empresariales. Sin duda existían antecedentes legislativos desde los años 50 y, además, estaban en curso los “cuatro grandes procesos sobre contaminación”, todos ocurridos en esa década y en la siguiente: Itai-itai, Minamata I y II, y el asma de Yokkaichi.
De tal manera, no resulta extraño que el asunto adquiriera desde entonces un nivel de urgencia e importancia en la alta política que se mantiene hasta hoy. El entonces primer ministro Fukuda Yasuo, en su discurso inaugural de las sesiones de la Dieta en 2008, hace 15 años, ya había declarado lo siguiente: “La prioridad de la política externa es el cambio climático. Como contribución a su solución, Japón pondrá en acción la Cooperación Ambiental Internacional a través de la cual transferirá tecnología ambiental de alta calidad al mayor número de países”.
Además, él mismo se había referido al tema de la paz con estas palabras: “Japón desarrollará una diplomacia que contribuya a la paz y al desarrollo del mundo. Reconoce que para las regiones afectadas por el conflicto es importante afianzar la seguridad y promover simultáneamente la reconstrucción”.
Sobre esto último e independientemente de cómo se formuló la actual Constitución japonesa, el artículo 9 de la misma sigue siendo un paradigma insuperable de la civilización: prohibir la guerra como medio para solucionar los conflictos. Tal formulación no solo ha resultado de gran beneficio para Japón sino que se ha convertido en la extraordinaria lección, en el notable aporte y en el mayor activo que tiene esta nación en la política internacional. Los intentos de modificar esta regla nacieron casi al mismo tiempo que la Constitución. Por fortuna no han prosperado y la mayoría de los ciudadanos se oponen a su modificación.
Tenemos así dos objetivos superiores en los que coinciden el Gobierno de Petro y Japón: el medio ambiente y la paz. Sería una pena no utilizarlos para profundizar y proyectar unas relaciones bilaterales que cumplen 115 años el próximo 25 de mayo.
