La debilidad de la mano dura

“UNA SOCIEDAD QUE ESTÁ DISPUESta a sacrificar su libertad por conseguir seguridad, no se merece ni la una ni la otra”, sentenciaba Benjamín Franklin.

En el 2008 que hoy termina, la delincuencia y la inseguridad pública se convirtieron en el primer problema de América Latina según diferentes sondeos de opinión pública y eso ya no es noticia para nadie. Pero que dicha problemática sea la mayor amenaza a la gobernabilidad democrática y una excusa aceptable para la violación de los derechos humanos en la región es en realidad lo más preocupante. El crimen es hoy transnacional, golpea del Río Grande a la Patagonia sin compasión y el Estado demuestra cada vez más su impotencia frente a esta agresión que busca debilitarlo. Pese a que en esta lucha hay medidas imposibles de aplicar en un sistema democrático, algunos insisten en nivelar al Estado por lo bajo con el hampa, al atribuir la ineficacia de la autoridad a los limites propios de la democracia.

Durante una reciente campaña electoral en un país centroamericano con altos niveles de criminalidad, se encontraba el visitante de turno con una pobre publicidad política que consignaba en distintas vallas el programa de tres candidatos presidenciales. Una ofrecía “mano dura”, la siguiente “mano superdura” y la tercera “mano durísima”. Ojalá el escenario político de Colombia en el 2010 no se convierta en un pulso similar. No porque la delincuencia no sea un problema de extrema gravedad, ni porque se abogue por la mano blanda frente al delito, sino por lo peligroso que termina siendo para la democracia un menú tan ofensivamente maniqueo y simplista.

La añoranza autoritaria tan latinoamericana cobija debajo de la misma reacción primaria la mano dura, la tolerancia cero y la limpieza social. A eso habría que añadirle la justificación de excesos y extralimitaciones que se han dado globalmente en la lucha contra el terrorismo, convertidos en políticas de Estado gracias a Guantánamo, Abu Ghraib o en el ámbito local hechos tan graves como las ejecuciones extrajudiciales. Pero, si algo ha cambiado desde la elección de Obama, ha sido la recuperación de unos valores en materia de política internacional que se fueron al suelo con la misma fuerza que las Torres Gemelas.

La vigencia del Estado de Derecho y la aplicación de la ley no admite grados. A la acción de la justicia no tienen por qué caberle superlativos. Las medias tintas no se pueden admitir a la hora de poner en marcha el imperativo legal. De ahí la falacia del dilema entre la mano dura y la mano blanda. La mano blanda se encuentra al margen del Estado de Derecho tanto como la mano dura. Quienes irresponsablemente se manejan en esos extremos deberían tomar nota de que así como se acabaron las justificaciones éticas de la violencia, tampoco son de recibo las justificaciones políticas de la ruptura del Estado de Derecho para proveer seguridad.

Pero lo peor de la historia es que vendrá una mayor demanda por seguridad mientras los ciudadanos se declararán cada vez más insatisfechos con la actuación de la autoridad. Nos espera una espiral de demagogia punitiva que agravará el problema. Porque no debe olvidarse que en materia de seguridad hay un déficit crónico de políticas públicas como consecuencia de la fragilidad y carencias de las instituciones en este campo. Para no hablar de la falta de transparencia de las mismas y la corrupción como elemento central explicativo de la recurrencia del crimen.

Por ello, más debería preocupar la infiltración del crimen organizado en los organismos de seguridad y justicia encargados, dentro de ese cuestionable esquema, de aplicar la mano dura. Por ejemplo, solíamos decir que el caso de Colombia era bien distinto al de México por los niveles de corrupción sistémica que han penetrado la institucionalidad azteca. Ello era válido hasta el descubrimiento tardío de la temible mafia que se apoderó de la Dirección de Fiscalías de Antioquia, al lograr sumar narcotraficantes, paramilitares, políticos tradicionales y lo más tenebroso de la delincuencia común organizada de esa región.

En conclusión, ojalá que los voceros del discurso de la mano dura se den cuenta a tiempo, como ha sido demostrado por varios organismos internacionales, de que estas estrategias son económicamente ineficientes, políticamente insostenibles y éticamente condenables. Ese debería ser un buen propósito de Año Nuevo para quienes vayan a destapar sus aspiraciones presidenciales en 2009.