EL DERECHO SE HA QUEDADO A LA zaga de la globalización y la economía gobierna el mundo al margen de lo jurídico.
El desafío de la hora es crear legalidad e instituciones globales de justicia que contrarresten la ineficacia del Derecho internacional. De esa forma, la protección de los derechos humanos se convierte en una prueba irrefutable de un mundo civilizado y hacia allí apunta un derecho global constituido como derecho contra la barbarie. La CPI, el Tribunal Europeo, la Comisión y la Corte Interamericana de DD.HH. muestran que la globalización de la justicia es posible.
Esa justicia global tiene como referente obligatorio a quien la semana pasada se le ha suspendido como juez: Baltasar Garzón. Su error consistió en reabrir el debate sobre los crímenes del franquismo a raíz de denuncias presentadas por familiares de víctimas, en la convicción de configurar crímenes de lesa humanidad no amparados, según él y otros, por una amnistía de 1977. Un debate sin duda muy complejo y tal vez inoportuno, pero de allí a criminalizarlo con la peor conducta que se pueda imputar a un juez —el prevaricato— hay un buen trecho. No sólo porque en la libertad de la interpretación de las normas está la esencia de la independencia judicial, sino porque la tarea del juez hoy es un espacio de creación para enfrentar los males globales.
Pionero en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción pública que alimenta todo ese tejido espeso, se le debe más de una, no sólo en España sino en Chile, Argentina, Colombia y, por supuesto, a nivel global. Juez y fiscal de la talla de Falcone y Borsellino en Italia, Del Ponte en Suiza, Guzmán en Chile, Moreno Ocampo en Argentina o Valdivieso en Colombia. Obsesivo de la cooperación judicial pero vanidoso, indómito y fanático del micrófono, cometió el pecado mortal de involucrarse efímeramente en la política electoral y la cuenta de cobro aún se la pasan.
Dice la Defensora del lector del diario El País que la politización del órgano de gobierno de los jueces —que sancionó a Garzón— se ha extendido por todo el sistema judicial y se cree que las etiquetas ideológicas condicionan las decisiones judiciales. Una sospecha de parcialidad que causa mucho daño a la justicia, porque actuar por ideología, al margen del derecho, eso sí es prevaricar. Garzón había graduado enemigos aun dentro de su partido y metido la nariz en asuntos incómodos para muchos.
El presidente del Congreso español sostiene que la acción de Garzón llevó a demostrar que Pinochet, además de asesino era un cobarde y un ladrón; patologías que con frecuencia van de la mano. Lo triste de este episodio es imaginar la alegría que deben sentir los falangistas, los terroristas, los narcotraficantes, los corruptos y todos aquellos que se cobijan bajo el manto viscoso del crimen organizado transnacional —incluso las Farc—, al ver en la picota a su verdugo.
Hoy no se sabe si volverá a desempeñarse como juez. Lo conocí cuando iniciamos el proceso de recolección de pruebas contra el cartel de Medellín en España y podría afirmar que quizás él preferiría caer por cuenta de los explosivos de Eta, que por una decisión de sus pares en un tribunal donde las divisiones ideológicas no deberían prosperar para penalizar a quien ya se aseguró un puesto en la historia de la justicia global.
EL DERECHO SE HA QUEDADO A LA zaga de la globalización y la economía gobierna el mundo al margen de lo jurídico.
El desafío de la hora es crear legalidad e instituciones globales de justicia que contrarresten la ineficacia del Derecho internacional. De esa forma, la protección de los derechos humanos se convierte en una prueba irrefutable de un mundo civilizado y hacia allí apunta un derecho global constituido como derecho contra la barbarie. La CPI, el Tribunal Europeo, la Comisión y la Corte Interamericana de DD.HH. muestran que la globalización de la justicia es posible.
Esa justicia global tiene como referente obligatorio a quien la semana pasada se le ha suspendido como juez: Baltasar Garzón. Su error consistió en reabrir el debate sobre los crímenes del franquismo a raíz de denuncias presentadas por familiares de víctimas, en la convicción de configurar crímenes de lesa humanidad no amparados, según él y otros, por una amnistía de 1977. Un debate sin duda muy complejo y tal vez inoportuno, pero de allí a criminalizarlo con la peor conducta que se pueda imputar a un juez —el prevaricato— hay un buen trecho. No sólo porque en la libertad de la interpretación de las normas está la esencia de la independencia judicial, sino porque la tarea del juez hoy es un espacio de creación para enfrentar los males globales.
Pionero en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción pública que alimenta todo ese tejido espeso, se le debe más de una, no sólo en España sino en Chile, Argentina, Colombia y, por supuesto, a nivel global. Juez y fiscal de la talla de Falcone y Borsellino en Italia, Del Ponte en Suiza, Guzmán en Chile, Moreno Ocampo en Argentina o Valdivieso en Colombia. Obsesivo de la cooperación judicial pero vanidoso, indómito y fanático del micrófono, cometió el pecado mortal de involucrarse efímeramente en la política electoral y la cuenta de cobro aún se la pasan.
Dice la Defensora del lector del diario El País que la politización del órgano de gobierno de los jueces —que sancionó a Garzón— se ha extendido por todo el sistema judicial y se cree que las etiquetas ideológicas condicionan las decisiones judiciales. Una sospecha de parcialidad que causa mucho daño a la justicia, porque actuar por ideología, al margen del derecho, eso sí es prevaricar. Garzón había graduado enemigos aun dentro de su partido y metido la nariz en asuntos incómodos para muchos.
El presidente del Congreso español sostiene que la acción de Garzón llevó a demostrar que Pinochet, además de asesino era un cobarde y un ladrón; patologías que con frecuencia van de la mano. Lo triste de este episodio es imaginar la alegría que deben sentir los falangistas, los terroristas, los narcotraficantes, los corruptos y todos aquellos que se cobijan bajo el manto viscoso del crimen organizado transnacional —incluso las Farc—, al ver en la picota a su verdugo.
Hoy no se sabe si volverá a desempeñarse como juez. Lo conocí cuando iniciamos el proceso de recolección de pruebas contra el cartel de Medellín en España y podría afirmar que quizás él preferiría caer por cuenta de los explosivos de Eta, que por una decisión de sus pares en un tribunal donde las divisiones ideológicas no deberían prosperar para penalizar a quien ya se aseguró un puesto en la historia de la justicia global.