¡Asonadas contra las fuerzas armadas!

El ministro de la Defensa, general (r) Pedro Sanchez, informó al país que se han perpetrado 38 asonadas contra las fuerzas armadas y de policía, en diversas regiones del territorio nacional. Es parte que implica la humillación de la institucionalidad de la defensa nacional, la angustia y perturbación de la tranquilidad ciudadanas, y la amenaza de que Colombia sea considerada un Estado fallido, sometido a la anarquía en el imperio de los narcotraficantes.

Tanto el ministro Sánchez como los comandantes de las brigadas en los territorios escenarios de las asonadas, identifican a los responsables de las disidencias de las FARC, del ELN y del Clan del Golfo, de incitar a los habitantes de tales poblaciones a agredir, secuestrar y arremeter contra los militares y policías, que en cumplimiento de su misión, han intentado aprehender a dichos delincuentes. Así ocurrió en La Plata (Huila) y en La Macarena (Meta), y refieren los nombres de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá”, quienes habrían instrumentalizado a campesinos, mujeres y menores de edad para obstaculizar el avance de las fuerzas militares. “El incumplimiento del punto cuatro del Acuerdo de Paz sume a las comunidades en el peor de los mundos: las deja sin Estado, sin proyectos productivos y bajo la dictadura de grupos armados en disputa por el territorio”. (“El mono descertifica”, Cristina de la Torre, El Espectador, 23-09-2025).

El ministro de Defensa y las fuerzas armadas y de policía responden al Artículo 217 de la Constitución política de 1991: “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes, constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. LasFuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”. Agrega: “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

Por la gravedad de la situación, el ministro Sánchez anunció que interpondrá denuncias formales ante las autoridades competentes contra los responsables de las asonadas y de los bloqueos al Ejército. Concomitantemente, la Cámara de Representantes aprobó una moción de censura al ministro Sánchez por los atentados a los integrantes de la clase política y las alteraciones del orden público en las diversas regiones del territorio nacional. La moción, votada el 24 de septiembre, fue negada por 102 votos, y solo 20 a favor. No obstante, el representante Oscar Darío Pérez, del Centro Democrático por Antioquia, al final de la votación, reclamó al ministro y a los legisladores, que el respaldo se traduzca en un aumento sustantivo al presupuesto del Ministerio de Defensa, para la dotación adecuada de helicópteros, armamento, sostenimiento de las fuerzas armadas y de policía, de financiamiento a las agencias de inteligencia y contrainteligencia, que se anticipen eficazmente a las asonadas y favorezcan la respuesta rápida contra los delincuentes.

La participación de las comunidades instrumentalizadas por los grupos armados debe ser evaluada en el contexto jurídico del principio de autoridad de las democracias contemporáneas. Agredir a la fuerza pública en cualquier país es un delito grave que implica penas máximas en las respectivas legislaciones. Se ha sugerido que tanto el Ejército como la policía respondan a la asonadas con armas de menor letalidad, que inmovilicen a los agresores, para que sean sometidos prontamente a la justicia ordinaria.

Los gobiernos y las fuerzas militares afrontan dilemas muy complejos con la producción de cocaína, estimada en 2.757 toneladas en 2024. La demanda mundial ha llegado a 23 millones de consumidores distribuidos en todas las regiones del mundo.(2024). El control se debe dirigir fundamentalmente a identificar a los narcotraficantes nacionales e internacionales (ubicados por fuera de los países con poblaciones cultivadoras), pero esa estrategia requiere una cooperación de todos los países y de seguimiento a las finanzas de los dueños de negocio tan lucrativo, que agobia la seguridad nacional, “la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.(Carta Política, artículo 217).