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Detrás del escándalo de Coosalud EPS y Coosalud Inversa S.A.S., denunciado por la Superintendencia Nacional de Salud y remitido a la Fiscalía General de la Nación, se vislumbra una poderosa red de “intermediación de la intermediación que llevan a cabo las EPS, que asumen en el marco legal actual un manejo privado y opaco de billones de recursos públicos de la salud de los colombianos”. (Carolina Corcho, Revista Sur, 13-12-2024).
El exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, detectó en octubre pasado posibles hechos delictuosos de tal intermediación, y pidió a la Fiscalía investigar al señor Mario Urán, a los gerentes/interventores de Emssanar, SOS, y AsmetSalud. En esa denuncia, “la Superintendencia mencionó presuntos direccionamientos, solicitud de perfilamiento de los funcionarios de la Superintendencia, y otros posibles hechos delictuosos”. Previamente, en septiembre, Caracol Radio publicó varios correos donde consta el intercambio de información reservada entre el señor Urán y empleados de las EPS intervenidas, que originaron las sospechas de la Superintendencia. Urán utilizó un correo institucional de Coosalud el 26 de mayo cuyo asunto fue: “Estructura. PMU medicamentos”, dirigido a funcionarios de las EPS involucradas.
Natalia Largo, presidenta operativa de Coosalud EPS, reconoció que desde 2022 el señor Urán ejercía una asesoría para la implementación del “plan táctico” en todos los territorios de Coosalud, por lo que le habían asignado el correo institucional, para “acceder a las diferentes herramientas donde están publicados los indicadores a los que Mario Andrés, junto con todo el equipo directivo nuestro, hacía seguimiento semanal”. Conocida la denuncia ante la Fiscalía, la presidenta operativa Largo dirigió una comunicación al medio radial: “queremos decirles a Caracol y a los oyentes que no conocíamos el uso que hacía Mario Andrés Urán del correo electrónico que había sido otorgado en su función de asesor”. Finalmente, la presidenta Largo despidió al señor Urán.
Otros funcionarios del gobierno, como el embajador ante el Reino Unido, han marcado distancia del cuestionado asesor Urán.
La salida del superintendente Leal en octubre pasado suscitó suspicacias en medios periodísticos, que la asociaron con su denuncia ante la Fiscalía sobre las gestiones del señor Urán. El periodista Santiago Ángel R. tituló en La República: “¿A Urán quién lo protege?”, señalando que, en el pulso con el exsuperintendente Leal, se favoreció al lobista.
No obstante, es evidente que el nuevo superintendente Rubiano ahondó en la denuncia previa de Leal y aportó nuevas pruebas para que la Fiscalía proceda con la rigurosidad que, por los graves actos de corrupción encontrados, reclama la sociedad civil.
Estos son acontecimientos recientes que tristemente empañarían el devenir de la reforma a la salud, si se encontraran nexos entre los protagonistas de esas conductas y funcionarios gubernamentales. Le corresponde a la Fiscalía despejar ese panorama para que la sociedad recupere la confianza en la reforma a la salud, y que sea aprobada en el Congreso. Se protege así el derecho fundamental de todos los habitantes de Colombia, por el que hemos luchado por tantos años.
