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El bien común hace referencia a las condiciones sociales, institucionales y socioeconómicas que benefician a la totalidad de los ciudadanos; el Estado de bienestar, al modelo de organización política y social en la que los gobiernos tienen la función esencial de proteger y garantizar el bienestar de todos, a través de políticas públicas que favorezcan el acceso a bienes y servicios para el conjunto de la ciudadanía. Por consiguiente, el propósito de la reforma a la salud se fundamenta en “la definición de lo público contra todo género de apropiación del Estado, en favor de intereses parciales de la sociedad” (Tulio Elí Chinchilla, Comisión Colombiana de Juristas).
Este principio constitucional se debe cumplir en todas las instancias del trámite de las leyes. “Los legisladores representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común. Son responsables ante la sociedad y frente a sus electores de las obligaciones propias de su investidura”. (T.E. Chinchilla).
Por otra parte, el término técnico más cercano al de la coherencia es el de la consistencia. La lógica clásica está cimentada en el principio de no-contradicción. La coherencia está estrechamente relacionada con la ética y la integridad personal, porque implica actuar de acuerdo con principios y valores. Entraña el concepto de la verdad. En ese contexto se enmarca el de la “Medicina basada en la evidencia, como el uso concienzudo, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible, para tomar decisiones acerca de la atención de pacientes individuales. (Sackett , D. et al. Evidence-based medicine: What it is and what it isn´t. Br Med J. 1996; 312:71-72).
La integración conceptual descrita se incrusta en la objetividad de los eventos ocurridos históricamente con el modelo de la intermediación creado por la Ley 100, que, a partir de 1994, llevó a que los sucesivos gobiernos permitieran la cooptación del Estado, “en favor de intereses particulares de la sociedad”. El analista Vicente Calvo, (dondeestalaplata.com) ha estimado que los desvíos del dinero público sobrepasan la suma de sesenta billones de pesos.
Resulta inaudito que organizaciones profesionales agrupadas en los autodenominados “acuerdos fundamentales”, se aparten de los principios que cimentaron la Gran Junta Médica, cuya finalidad fue definir el derecho fundamental a la salud y parar el desangre cometido contra los ciudadanos, mediante la formulación de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que soportó la reforma presentada por el actual gobierno.
Ejemplo imperecedero de coherencia fue el profesor José Félix Patiño R., quien, para las elecciones de 2018, anunció que acompañaría al candidato Petro porque prometió que reformaría el sistema de salud con base en la Ley Estatutaria citada. Profesionales e instituciones cercanas a Patiño censuraron su pronunciamiento.
Fallecido en 2020, lo evoco con profundo aprecio y admiración, recordando su legado ideológico: “La medicina es al mismo tiempo ciencia y profesión. Como ciencia es una actividad intelectual orientada hacia la creación, trasmisión y sistematización del conocimiento biomédico: como profesión, su compromiso primordial es servir a la sociedad mediante la aplicación eficiente del conocimiento especializado en el marco de su propósito moral, su imperativo ético y una rigurosa autoregulación. De ahí se infiere que la medicina es un cometido intensamente moral presente en la sociedad como una comunidad con propósito de servicio, en la cual la ética y el profesionalismo, principios esenciales y eternos, constituyen el fundamento de su actividad”.
