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En la trasmisión del Consejo de Ministros el 25 de marzo, participaron el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo; el director de la Adres, Félix Martínez, el superintendente de Salud, Giovanny Rubiano G., y, por supuesto, el presidente Petro con repetidas intervenciones para señalar su perspectiva acerca de las intervenciones de los funcionarios del gobierno.
Jaramillo afirmó, con gráficas, que el gobierno Petro es el que más ha invertido e incrementado el presupuesto para salud, en comparación con las anteriores administraciones. El incremento porcentual de 2022 a 2023 fue de 27,5 %; de 2023 a 2024 fue del 14,4 %, y de 2024 a 2025 de 9,2 %. Resumió que se pasó de $40,89 billones en 2022, a $65,06 billones en 2025. Desvirtuó que sea el gobierno el causante de la desfinanciación que algunos medios propagan.
Respecto de la crisis de la salud, citó una frase del presidente Santos, en 2013, que ha sido reproducida en esta columna: “esto nació mal y va mal”. En ese gobierno, los hospitales públicos ya estaban en quiebra, y los problemas financieros del sistema se multiplicaron.
Petro se remontó al origen de la Ley 100, en 1993, resaltando que no se sustentó en “el derecho universal a la salud, sino en un sistema de aseguramiento financiero como si la gente fuera carros”.
Jaramillo mostró otra gráfica con el incremento de la UPC comparada con la inflación anual, desde 2009 hasta 2025. Allí resaltó que en los años 2011, 2015, 2018 y 2021 la inflación fue superior al incremento de esa prima.
El director Martínez señaló que las EPS tienen deudas con hospitales, clínicas y proveedores por cerca de 26 billones, por el mal manejo de los recursos públicos y la falta de reservas técnicas, desde hace 15 años. Agregó que con la UPC no se pueden pagar tales deudas, como ocurrió en la pandemia de 2020, en el gobierno de Duque.
Al respecto, el presidente comentó que no haber provisto las reservas técnicas es una grave violación a la Ley por parte de las intermediarias, lo que confirma que nunca fueron aseguradoras. Martínez adicionó que la deuda acumulada de la Nueva EPS a los prestadores “llega a los 7 billones de pesos. En 2023 hizo una gestión desastrosa y los interventores han tenido que recibir esa EPS con esas deudas millonarias que les dejaron”.
Aseguró que “salen discursos de que debemos $2,4 billones de presupuestos máximos. En este momento Adres no debe un peso a ninguna EPS del país”. Enfatizó que les paga rigurosamente a las EPS $7,3 billones mensuales por concepto de la UPC.
Petro reviró que, si esos pagos se realizan por adelantado, la tramitación de las EPS para atender las solicitudes de los pacientes para servicios y medicamentos es una barrera contra su derecho fundamental a la salud y un mecanismo perverso cuyo fin es acrecentar las ganancias en los bancos depositarios de los recursos públicos.
El superintendente de Salud, Rubiano, señaló que a las gestoras farmacéuticas se les han girado $4,5 billones. Adeudan $907.000 millones por insumos y medicamentos. Cinco EPS concentran 68,16 % de los reclamos: Nueva EPS, Salud Total, Sánitas, EPS Sura y Coosalud.
Petro aclaró que el Estado no tiene la responsabilidad de cubrir obligaciones económicas de empresas privadas. “Si las EPS no tienen los recursos para cumplir sus compromisos deberán someterse a las consecuencias legales, que podrían incluir su liquidación. La Ley prevé que sus patrimonios sean vendidos para pagar a los hospitales y demás proveedores de servicios de salud. Han traicionado al Estado y no han cumplido con su papel de garantizar el acceso adecuado a los servicios de salud para todos los colombianos”.
