En el “Libro de la Verdad”, editado y presentado por el gobierno del presidente De La Espriella y de su vicepresidente José Manuel Restrepo, en el acápite Caso 2. Salud y Protección Social, se lee: “Mientras el sistema se desfinanciaba, el Ministerio de Salud, desde el último trimestre de 2002 hasta junio de 2026, asignó recursos por $16,1 billones, de los cuales giró $10 billones para la financiación de Equipos Básicos en Salud, infraestructura hospitalaria, entre los conceptos más importantes de las transferencias realizadas. De los recursos asignados se ha legalizado el 28,3 % de acuerdo con lo informado por las entidades receptoras de los mismos en el sistema de información dispuesto por el Ministerio y sin que a la fecha la Superintendencia se haya pronunciado frente a la asignación, incorporación, ejecución y destino dado por las entidades receptoras. El 67 % de los recursos asignados se realizó entre 2025 y los primeros meses de 2026. El 29 de diciembre de 2025, a tres días de cerrar la vigencia, el Ministerio viabilizó y asignó más de $2,2 billones para 60 proyectos de infraestructura hospitalaria sin estudios de conveniencia y necesidad, diseños definitivos ni presupuestos de obra. El propio Ministerio reconoció la fragilidad de la decisión al exigir esos estudios a más tardar el 30 de junio de 2026, so pena de perder los recursos: a esa fecha solo 28 de los 60 proyectos, por unos $848 mil millones, habían presentado la documentación completa. Más de $1,3 billones quedaron comprometidos sin garantía de que las obras puedan ejecutarse, operarse y sostenerse”.
“Esta improvisación no ocurre en el vacío: mientras el Ministerio anunciaba compromisos billonarios sin planeación, el sistema de salud acumulaba retrasos en la prestación de servicios, incumplimientos en la entrega de medicamentos y pasivos crecientes sin pagar a las EPS. La pregunta que le queda al país es simple: ¿por qué había plata y prisa para comprometer $2,2 billones en obras sin estudios, pero no había para pagarles a quienes sí estaban prestando el servicio de salud a los colombianos y atender a los enfermos?”.
Tan extensa referencia es pertinente. La Procuraduría General de la Nación frenó un contrato por $79.000 millones (agosto 28), tras doble advertencia del Ministerio Público, que señaló que no se habían divulgado de manera adecuada documentos fundamentales como planos, memorias de cálculo, estudios técnicos y otros soportes relacionados con la obra civil. Se trata del Hospital Regional de Líbano, Tolima. La entidad tiene el nombre de Alfonso Jaramillo Salazar, padre del exministro cuestionado. Petro había considerado que el proyecto tenía alcance de “impacto nacional”. Tanto era así que el 1 de julio de 2026 la cartera emitió un concepto técnico favorable y autorizó al hospital para continuar con los procedimientos necesarios para contratar las obras. Sin embargo, el proceso comenzó a ser cuestionado por la Procuraduría.
El 5 de agosto, el procurador primero delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, pidió al hospital atender las observaciones y detener el procedimiento mientras se corregían las situaciones advertidas. Pese a esa primera comunicación, el trámite del millonario contrato continuó. Ante la falta de una respuesta satisfactoria, el ente de control disciplinario remitió un segundo oficio el 26 de agosto, en el que reiteró los riesgos identificados y solicitó nuevamente suspender el proceso. La segunda advertencia, finalmente, tuvo efecto. Según los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), el procedimiento fue detenido dos días después: el 28 de agosto.
Desde 2022, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que la Fiscalía General de la Nación investigue al exministro Jaramillo en su condición de exgerente para la lista de Senado de la campaña de Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en los reportes contables y de transporte aéreo relacionados con la empresa Sadi. El caso, catalogado bajo el modelo de triangulación de recursos para evadir los reportes exigidos por el Consejo Nacional Electoral, es tramitado por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Este vínculo de Guillermo A. Jaramillo con la campaña de Gustavo Petro explica su asignación al Ministerio de Salud, como lo fue la de Ricardo Roa (gerente general de la campaña) a la presidencia de Ecopetrol.
En 2023, la Procuraduría le formuló al exministro Jaramillo pliego de cargos por su presunta responsabilidad en el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos. El Ministerio Público logró establecer que el funcionario habría omitido tomar las medidas necesarias para resolver la crisis, advertida desde 2022 por diferentes asociaciones médicas, sobre el desabastecimiento de 2.351 medicamentos e insumos de primera necesidad. Solo hasta noviembre de 2023, el exministro Jaramillo expidió la Resolución 1896; elaboró un plan de acción para corregir el desabastecimiento de medicamentos, cumpliendo la orden que le impartió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como respuesta a la acción popular interpuesta por la Procuraduría.
En 2024, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al exministro Jaramillo y a varios exfuncionarios por presuntas fallas e irregularidades en la implementación del nuevo modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). El ente de control investigó la falta de planeación, demoras y omisiones en la puesta en marcha del modelo de atención médica para los docentes, que habría ocasionado graves deficiencias, escasez de redes de prestadores y afectación al derecho a la salud.
El 18 de diciembre de 2025, la magistrada Aura Alexandra Rosero B., de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, envió a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), por su participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Fueron señalados de haber coordinado el direccionamiento de contratos para favorecer a congresistas de las comisiones (7ªs), donde se debatían las reformas de la salud y la pensional. El exministro Jaramillo debió conocer el entramado de la UNGRD, por cuanto estuvo presente en las sesiones de las comisiones durante los debates de la reforma a la salud en las dos corporaciones legislativas. No obstante, no denunció el ilícito. Era su deber como funcionario.
Aunque la intervención a la Nueva EPS por parte del gobierno Petro se inició el 3 de abril de 2024, recientemente la Procuraduría General de la Nación planteó establecer “posibles responsabilidades disciplinarias a 13 exfuncionarios relacionados con la vigilancia, administración e intervención de la entidad”. Concentró su atención en el exministro Jaramillo, el exsuperintendente Daniel Quintero y el exagente interventor Jorge Iván Ospina. El informe fue elaborado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, coordinada por Mónica Ulloa.
La Nueva EPS es la de mayor número de afiliados, con más de 11 millones de usuarios. En marzo de 2025, la deuda se confirmó en 21,37 billones de pesos y el patrimonio negativo en $6,25 billones. En el primer trimestre de 2026, recibió 216.308 peticiones, quejas y reclamos, equivalentes a más de 72.000 casos al mes. Las acciones de tutela reportadas fueron 40.668.
Por otra parte, “investigadores disciplinarios y judiciales examinan la conducta del exministro Jaramillo por asignaciones públicas otorgadas a su círculo familiar”. La representante Katherine Miranda denunció que los contratos y cargos estatales a ese entorno superarían $3.000 millones.
La opinión pública reclama el resultado de las investigaciones de los órganos de control sobre los insucesos ocurridos en el sector salud durante la administración Petro. La salud, en el nuevo gobierno, se debe distinguir por la pulcritud y la eficiencia en el manejo de tan sagrados recursos, para que, efectivamente, los ciudadanos disfruten del derecho fundamental a la salud en todas las regiones del territorio nacional.
