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La sociedad colombiana toda y las instituciones del Estado Social de Derecho no pueden permanecer impávidas ante el futuro oscuro que amenaza al país, si las generaciones jóvenes, a quienes les corresponderá mantener y construir una civilización cimentada en los valores de la dignidad humana, no actúan desde ahora, con la responsabilidad que les corresponde, para labrar el destino de la nación, para labrar el destino de la nación.
Son las familias, primer centro de formación de los ciudadanos, las que deben asumir esa función pedagógica, para que los niños desarrollen el sentido de pertenencia a su país. El sistema educativo, público y privado, al lado de las cátedras de historia y geografía, deberían implementar la que tradicionalmente se denominaba educación cívica.
A la reflexión anterior la contrasta el informe conjunto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Ministerio de Igualdad que reveló que, entre enero y el 30 de abril de 2025, 1.804 adolescentes entre 14 y 17 años han sido procesados por delitos penales en el país. 67 han sido procesados por homicidio, 140 por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, y 31 por violencia contra servidores públicos. “La incidencia de menores en hechos criminales expone una tendencia al alza y pone en primer plano la fragilidad de los mecanismos de protección de la infancia en el país”, dice. Bogotá registra el mayor número de casos, con 369 involucrados; Antioquia, 273; Valle del Cauca, 252; Santander, 134; Cundinamarca, 122 y Atlántico, 106. El informe aclara que 119 menores son de nacionalidad venezolana. Según el Ministerio de Justicia, en 2024, cerca de 5.000 adolescentes entre 14 y 17 años ingresaron al sistema penal en Colombia, luego de cometer delitos, entre ellos el homicidio.
Matthew Charles, exasesor de Unicef en Colombia, en reportaje para AFP, el pasado 11 de junio anotó que cerca de 4 % de niños y adolescentes en edad escolar abandonaron los estudios en 2023 y que los grupos ilegales les pagan entre 50 y 500 dólares por matar. “Son engañados y no llegan a ver nunca el dinero prometido”, dijo. Recordó que tanto Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, como Bernardo Jaramillo, el 22 de mayo de 1990, fueron asesinados por menores de 16 años. Las FARC, desde 1964, y el ELN en 1965, al igual que otros grupos subversivos, reclutaron menores de edad para inducirlos en el sicariato contra la sociedad colombiana, para abusarlos sexualmente y para usarlos como escudos, neutralizando las acciones militares del Estado, contra sus reductos.
Jorge Cardona, ex editor político y general del El Espectador, publicó en 2009 el libro Días de Memoria, en el que definió: “la peor herencia que dejaron los tiempos de Escobar: generaciones de niños sicarios que pondrán en peligro al país en 20 años”. Describió que el narcotráfico se inició a finales de los 60 con la marihuana y luego mutó a la cocaína que derivó en los carteles de la droga, alrededor de los grupos delincuenciales. “Calificó a Pablo Escobar y a los Rodríguez Orejuela como delincuentes, que de la noche a la mañana se convirtieron en magnates de la sociedad. Tenían banco propio, cadenas radiales, concesionarios de las principales firmas importadoras, dueños de equipos de fútbol e incursionaron en la política”. Algunas instituciones del Estado, como la Aeronáutica Civil, favorecieron su crecimiento. Cardona culmina su revisión histórica consignando su preocupación por “la violencia que se manifiesta en la población infantil y adolescente, porque automáticamente hay una generación de niños violentos que garantiza que van a ser adultos violentos. Esa cantidad de delincuencia de menores de edad que se amparan en el código del menor para matar, esa cantidad de niños atracando en las calles es dramática”. Repite: “el principal daño de Pablo Escobar es ese, más allá de cualquier cosa: involucrar a los niños en la guerra. Reclutaron a decenas de niños y jóvenes que se graduaron de sicarios y el terrorismo fue el precio que pagó en país”.
Los dirigentes políticos que respalden a la abundancia de candidatos para las próximas elecciones, deben trascender la inmediatez del momento y afrontar el reto de la sobrevivencia futura de Colombia, con la descomposición social significada en el sicariato de jóvenes adolescentes.
