Aunque de orígenes diferentes, uno de la guerrilla armada del M-19, y el otro del Partido Comunista, se han aglutinado en la izquierda con sus desviaciones en los fluidos del populismo y del autoritarismo, cuya prepotencia los excita a interpretar la Carta Magna según sus conveniencias. El diagnóstico lo definió Mauricio Gaona: “La Constitución soy yo”. (Editorial Planeta, 2026).
El lunes 6 de julio, en la inauguración del Congreso Mundial de Derecho Constitucional organizado por El Externado de Derecho, la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Andrea Meneses, aludió a que la Constitución de 1991 está cimentada sobre la piedra angular: “la independencia de los jueces” y la separación de los poderes públicos, en la protección del ciudadano contra los abusos del poder. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Mauricio Lenis, afirmó que no encuentra razones para acudir a la desobediencia civil, a la luz del ordenamiento institucional, al referirse a los llamados hechos por el senador Cepeda. El entonces ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se pronunció contra las implicaciones jurídicas de la paz total y reconoció que el presidente electo es Abelardo de La Espriella. Acto seguido, el desesperado e incoherente presidente saliente lo destituyó. Ese acto testimonia la sensatez democrática de Cuervo.
Los dos representantes de la izquierda, Petro y Cepeda, igualmente confluyen en su desprecio por las instituciones del Estado Social de Derecho, definido en el Título I De los Principios Fundamentales, Artículo 1º, de la Constitución. La Registraduría del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral son instituciones independientes del poder ejecutivo. Culminado el escrutinio de los jueces de la República, el Consejo Nacional Electoral hizo entrega oficial de la credencial a Abelardo de La Espriella, como presidente electo de Colombia.
Los observadores nacionales e internacionales rechazan la presunción de fraude en la delirante narrativa del presidente saliente, respaldada por el Pacto Histórico y el perdedor Cepeda. La gran mayoría de los 1.330 observadores internacionales afirmaron que las dos elecciones se desarrollaron con transparencia. Esteban González Pons, de la Misión de Observación de la Unión Europea, se declaró sorprendido por la falacia petrista. Igual sucedió con la Misión de observación de la OEA y del Centro Carter.
Ni Petro ni Cepeda respetan la voluntad de los ciudadanos que, en democracia, votaron por Abelardo de La Espriella, y se proponen, con sus temerarios ataques a la Constitución, desestabilizar e incendiar al país. Agotaron la paciencia ciudadana.
El presidente electo continúa configurando su gabinete ministerial, con nombramientos acertados, como el del general (r), Jorge Eduardo Mora López, como ministro de Defensa. Mayor general del Ejército con una carrera al servicio de la defensa de la Nación, y de la sociedad colombiana, se retiró voluntariamente cuando el presidente saliente destituyó a la cúpula militar que se opuso a la torpeza de suspender las acciones contra los forajidos amparados por la fracasada paz total. En entrevista para Caracol Radio en la mañana del 7 de julio, rememoró que los presidentes anteriores a Petro acompañaban los féretros de los militares y policías caídos en acciones contra los subversivos armados, y entregaban a sus familias la bandera colombiana en reconocimiento a los héroes de la patria. Recalcó que el presidente saliente ni siquiera llega a tiempo a las ceremonias de ascenso de las Fuerzas Armadas.
Así las cosas, ¿cuál ejército es el que el presidente saliente pretende convocar para que acompañe sus manifestaciones contra el orden institucional? Tanto Petro como Cepeda, de persistir en sus extremismos ideológicos, se exponen a la reacción del estamento militar en defensa de la Constitución de Colombia.
En su repetida perturbación, el presidente saliente habló de financiación externa proveniente de los Estados Unidos a la campaña del presidente electo. Mencionó al abogado y empresario Dan Newlin. El abogado aseguró que las acusaciones de Petro son “total y absolutamente falsas”. Ofreció el registro de sus libros para desmentir a Petro: “presente las pruebas que dice tener, o en su defecto, retire de inmediato sus declaraciones y ofrezca una disculpa pública; el pueblo colombiano merece conocer la verdad”.
El presidente Petro sí tiene pendiente, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la investigación por financiación por dineros ilegales de su campaña y está a la espera de ser llamado a declarar. El otro delito en la lista es su pertinaz participación en política.
Como Petro, Cepeda y el Pacto Histórico, a pesar de los dictámenes de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral, persisten en su tozudo desconocimiento del triunfo del presidente electo, Abelardo comunicó al vicepresidente Restrepo suspender el proceso del empalme, caracterizado como “un empalme anticorrupción”. El gobierno saliente se vio forzado a aceptar esta condición. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, imploró respeto por el presidente Petro. No obstante, debe valorar que es el gobierno saliente el que está sindicado de repetidos actos de corrupción, que han sido enumerados suficientemente por los analistas, como el ocurrido en la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, que contaminó gravemente a funcionarios y a cuerpos colegiados, para favorecer las reformas (la de la salud, por ejemplo). Por consiguiente, no hay una campaña de desprestigio al presidente saliente: es el propio gobierno el que se ha desprestigiado a lo largo de sus 4 años de gobierno fallido.
El vicepresidente José Manuel Restrepo, en esta instancia, ha demostrado madurez para continuar con el empalme ordenado por ley, entre los gobiernos saliente y el entrante. Informó que más de 1.300 expertos, distribuidos en 22 mesas técnicas, revisan cada cartera ministerial, con la Procuraduría y la Contraloría invitadas a acompañar el ejercicio desde sus funciones preventivas. Se basan en los reportes públicos de los informes de los ministerios que, por supuesto, no reflejan el real estado del manejo de los dineros públicos. Restrepo afirmó que existen diferencias entre las cifras del déficit y la deuda pública reportadas por el gobierno y las estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara R., en apoyo al vicepresidente, anticipó que es la obligación del gobierno entrante investigar, con las anunciadas auditorías forenses, en qué condiciones reciben la administración, y que se procederá en el cumplimiento estricto de la Constitución. Si los hallazgos implican delitos, serán denunciados ante los respectivos órganos de control, sin impunidad.
El presidente electo les pidió a los colombianos “resistir hasta el siete de agosto. No se puede hacer un empalme que desconoce al gobierno entrante”. Ratificó su respeto absoluto a la Constitución de 1991 y someterse al imperio de la Carta política.
Agregó que “habrá garantías para la discrepancia y la controversia, pero dentro del marco institucional. No se admitirán los bloqueos y la violencia. La protesta pacífica será respetada”.
Culminó con un llamado “a las fuerzas armadas para que cumplan con su juramento y no obedecer ninguna orden de Petro que vaya en contra del orden constitucional”.
Los colombianos renovamos nuestra confianza para que el presidente Abelardo de La Espriella, su vicepresidente Jose Manuel Restrepo y el gabinete ministerial ejerzan el gobierno que garantice el cumplimiento de las funciones del Estado Social de Derecho y el bienestar de toda la comunidad nacional.
