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En el programa “noches de opinión”, (Señal Colombia), del 29 de mayo, la periodista Ana María Vélez entrevistó a la representante Marta Alfonso y al superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, sobre la solicitud de Sura para retirarse del sistema de salud. La representante Alfonso resaltó que, a pesar de la desinformación tendenciosa, la desconfianza y el pánico fomentado por los medios corporativos televisivos, radiales e impresos sobre las intervenciones a las EPS, la crisis del sistema no es coyuntural, sino ligada históricamente al modelo impuesto por la Ley 100, consistente en la entrega de recursos públicos a empresas particulares, cuyo objetivo no es el derecho fundamental a la salud, sino el negocio con ánimo de lucro, sin la vigilancia y el control requeridos por parte del Estado, tratándose de dineros públicos.
EL CASO SURA: LAS EPS NO SON En el programa “noches de opinión”, (Señal Colombia), del 29 de mayo, la periodista Ana María Vélez entrevistó a la representante Marta Alfonso y al Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, sobre la solicitud de Sura para retirarse del sistema de salud. La representante Alfonso resaltó, que a pesar de la desinformación tendenciosa, la desconfianza y el pánico fomentado por los medios corporativos televisivos, radiales e impresos sobre las intervenciones a las EPS, la crisis del sistema no es coyuntural, sino ligada históricamente al modelo impuesto por la Ley 100, consistente en la entrega de recursos públicos a empresas particulares, cuyo objetivo no es el derecho fundamental a la salud, sino el negocio con ánimo de lucro, sin la vigilancia y el control requeridos por parte del Estado, tratándose de dineros públicos. nión”, (Señal Colombia), del 29 de mayo, la periodista Ana María Vélez entrevistó a la representante Marta Alfonso y al Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, sobre la solicitud de Sura para retirarse del sistema de salud. La representante Alfonso resaltó, que a pesar de la desinformación tendenciosa, la desconfianza y el pánico fomentado por los medios corporativos televisivos, radiales e impresos sobre las intervenciones a las EPS, la crisis del sistema no es coyuntural, sino ligada históricamente al modelo impuesto por la Ley 100, consistente en la entrega de recursos públicos a empresas particulares, cuyo objetivo no es el derecho fundamental a la salud, sino el negocio con ánimo de lucro, sin la vigilancia y el control requeridos por parte del Estado, tratándose de dineros públicos.
Carlos Corsi Otálora, senador de la Comisión Séptima en 2002, en El Foro Permanente, La Calidad de la Atención en Salud, pronosticó: “La parte orgánica (de la Ley 100) está organizada como un acto de comercio donde lo esencial es la rentabilidad del capital que se invierte en salud. Esta contradicción hace estallar todo el sistema”. El estallido, por consiguiente, empezó a gestarse desde 1993.
Ese año, miembros del cuerpo médico le anticiparon a Juan Luis Londoño, autor de la Ley 100, la inconveniencia de ese proyecto para la salud de la población, por ser más del sector económico de las aseguradoras, sin referencia a los niveles de atención de la salud, internacionalmente establecidos, cimentados sobre la prevención y la promoción, que no son procedimientos facturables en el negocio en que se convirtiría la salud. Tampoco lo son los determinantes sociales definidos por la Organización Mundial de la salud.
Tanto la representante Alfonso como el superintendente Leal establecieron que de 150 EPS que inauguraron el modelo en 1994, solo quedan 24. Sura ahora solicita desmonte progresivo: 1; por liquidación voluntaria: 8; liquidación voluntaria con vigilancia especial: 1; en programa de recuperación: 3; con vigilancia especial: 4; suspensión y liquidación: 2; por medidas de intervención forzosa administrativa: 9; liquidadas sin antecedentes: 97. En total 126 EPS, que en su salida han dejado deudas al sistema por encima de 25 billones de pesos.
Leal recordó que Saludcoop, en el gobierno de Santos y el ministro Gaviria, desfalcó 1,5 billones de pesos y solo se recuperaron 300.000 millones. Sorprende que ante esta evidencia del fracaso del modelo, expresidentes, exministros y medios de comunicación sigan desinformando a la sociedad sobre su viabilidad. La doctora Vesga, de ACEMI, no tuvo reato moral para afirmar: “Estamos presenciando la destrucción del mayor avance social del país en toda su historia. Irreversible”. ¿Se referiría a las tutelas, o a las PQR, (peticiones, quejas, reclamos) interpuestas por los usuarios por la permanente negación de servicios?
Para evitar el colapso de las EPS era la reforma a la salud, aprobada en la Cámara y que los 9 senadores de la Comisión Séptima hundieron sin responsabilidad social por la salud de los colombianos.
