Quienes hemos emprendido el seguimiento de la Ley 100 por 32 años supusimos que, con las denuncias de la Contraloría sobre el desvío de los recursos de la salud por las intermediarias EPS, las prácticas de Saludcoop no se repetirían. Surge ahora el bodrio de Coosalud, cuyos dirigentes exhiben un cinismo escalofriante frente a las pesquisas de la Superintendencia Nacional de Salud, que ha recogido el presidente Petro.
Vicente Calvo, referente forzoso de esta columna, como también lo es para la Federación Médica Colombiana, sintetizó en su escrito “Como se pierden más de 200 mil millones en la EPS Coosalud” que dicha EPS avaló un préstamo bancario de su filial Coosalud Inversa S.A.S. “Los recursos públicos están destinados única y exclusivamente a la prestación de servicios de salud y no deberían ser desviados o usados como garantía para préstamos de empresas privadas, lo cual podría ser visto como uso indebido o incluso fraudulento de los fondos”.
La Superintendencia Nacional de Salud encontró que, efectivamente, en diciembre de 2022 se suscribió un crédito entre el banco GNB Sudameris S.A. y la compañía Coosalud Inversa S.A., en el que Coosalud fue registrada como garante, es decir, la EPS, con dineros públicos, se convirtió en fiador de una empresa privada.
Dos años más tarde, el banco notificó el incumplimiento del crédito y activó la cláusula de incumplimiento. Se cubrió con los recursos del fideicomiso de Coosalud y trasfirió 206.000 millones de pesos para saldar la deuda el pasado 20 de noviembre.
El superintendente Rubiano informó que los recursos que presuntamente fueron desviados serán de difícil recuperación, pues el banco asegura que el proceso se realizó en el marco normativo y legal vigente. Agregó que trasladó el hallazgo a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes, que implican una auditoría forense.
La maniobra financiera entre las dos entidades hermanadas por el ánimo de lucro con los dineros públicos, Coosalud EPS y Coosalud Inversa S.A.S., confirma el diagnóstico de la exministra Carolina Corcho sobre el destino incógnito de la UPC, una vez que es entregada por el Estado o por las entidades delegadas para esa función (Adres) a las EPS: no es detectado por los funcionarios públicos. El caso referido no es aislado; es emblemático de lo que ha ocurrido con las restantes EPS liquidadas y las sobrevivientes.
Cabe destacar que la EPS Coosalud cuenta con más de 3 millones de afiliados y se le giran en promedio 364 mil millones de pesos. A su desprestigio ha contribuido la afirmación emitida en la asamblea de 2022 por algunos miembros de la junta directiva, quienes afirmaron: “No es estratégico entregar aseguramiento en zonas dispersas con poca cobertura”.
Se olvidaron que las EPS, mientras sigan como intermediarias del sistema de salud, deben cumplir con la cobertura universal del derecho fundamental a la salud de todos los habitantes en todos los territorios del país, fundamentalmente de los más vulnerables por su ubicación geográfica. Para corregir esa injusticia distributiva, es la reforma a la salud a cargo del Congreso Nacional.
