El escándalo de los interventores de las EPS intervenidas

El 27 de enero, durante un evento en la Casa de Nariño, el presidente Petro afirmó que “Laura Sarabia (actual embajadora ante el Reino Unido) mintió sobre las hojas de vida de interventores de las EPS”. Se dirigió al exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal, a quien responsabilizó de haber confiado en la información suministrada por Sarabia. Agregó: “se tiró como un año la intervención y la reforma a la salud. Y usted creyó en ella, y esos interventores fueron a hacer un business con nosotros. Yo los eché después, pero demoraron unos meses y nos quitaron tiempo”.

En esta columna, “Blindar la reforma a la salud contra la corrupción persistente” (El Espectador, (21-12-2024), se mencionó al lobista Mario Urán, denunciado por Leal ante la Fiscalía, aludiendo a “hechos delictuosos de tal intermediación, a los gerentes/interventores de Emssanar, SOS y AsmentSalud. Agregó presuntos direccionamientos, solicitud de perfilamiento de los funcionarios de la Superintendencia, y otros posibles hechos delictuosos. Urán utilizó un correo institucional de Coosalud el 26 de mayo cuyo asunto fue: Estructura. PMU medicamentos, dirigido a funcionarios de las EPS involucradas”.

“La Procuraduría investiga corrupción en EPS intervenidas” (El Espectador, 11-04-2025) continuó con la denuncia del exsuperintendente Leal sobre “la posible participación de Mario Urán, antiguo asesor de Coosalud y figura cercana al gobierno de Gustavo Petro, en la administración de los recursos”. Se añadió que si “la procuradora Tercera Delegada recaba en las denuncias de Leal, significa que la Fiscalía no actuó oportunamente sobre delitos tan graves contra la salud de la población, ni contra funcionarios gubernamentales aludidos en diversos medios”. Se citó al periodista Santiago Ángel de La República: “¿A Urán quién lo protege?, señalando que, en el pulso con el superintendente Leal, se favoreció al lobista”.

Ángel, en su columna, escribió el 31 de enero: “Quien envió las hojas de vida a Leal no fue Sarabia. Fue Jaime Ramírez Cobo, un funcionario que era el enlace de Presidencia con el Congreso y aparece en todo el escándalo de la UNGRD (la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), sin que hasta ahora nada le haya pasado. El intocable Jaime era amigo de Sarabia, pero también de otras personas. Aquí va otro que quizás tenga que dar varias respuestas: Mario Urán”.

Revista Semana (9-02-2026) tituló: “Jaime Ramírez Cobo: el intocable para la justicia, pese a las pruebas en su contra”. Resaltó que este funcionario, “enlace de la Presidencia, volvió a sonar por el escándalo de las hojas de vida de interventores de EPS que Petro calificó como traición”. El exsuperintendente Leal agregó que Ramírez, padrino de la embajadora Laura Sarabia, estaba salpicado en el caso de UNGRD y señalado como responsable de entregar las hojas de vida de personas que terminaron como interventores en las EPS controladas por el gobierno Petro. Semana resaltó: “Jaime Ramírez Cobo: el otro exfuncionario del Gobierno Petro que salió para España en medio del escándalo de la UNGRD”.

Mencionó que el exdirector de CTI Julián Quintana denunció a Leal por varios delitos que habrían generado un “riesgo directo y masivo a millones de colombianos afiliados al sistema de salud”, pero reconoció que Leal puso en el radar a Ramírez Cobo, quien habría estado en el cónclave del que, al parecer, salió la orden de comprar congresistas con plata de la UNGRD. Este es uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de Petro, pero hasta este momento, pareciera que la justicia tendría a Ramírez Cobo como una ficha intocable en el entramado que tiene en la cárcel a senadores, a representantes a la Cámara y a exministros del gobierno actual.

Semana relató que “obtuvo chats entre Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, y Jaime Ramírez Cobo, quien en diciembre de 2023 se presentó como asesor de la Presidencia de la República, para, supuestamente, hablar del entramado que se estaba gestando con esa comisión. En esa conversación, Cobo le pidió a Pinilla: Necesitamos de tu ayuda. A Carolina le envié un cuadro. (Haciendo referencia a Carolina Martínez, la entonces asesora del exdirector de la UNGRD Olmedo López, quien habría recibido en dicho documento la información de los congresistas involucrados en esa situación). La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investiga a los congresistas Liliana Vittar, Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y al exrepresentante Juan Diego Muñoz por tres contratos, por un valor de 92.000 millones de pesos, que habrían sido destinados a salvar un proyecto clave en el Congreso”.

Esta narrativa de corrupción en el sector salud del gobierno de Petro, se origina desde 2022, cuando la señora Natalia Largo, presidenta operativa de Coosalud EPS, respondió a la denuncia de Caracol radio, que había publicado varios correos donde constaba el intercambio de información reservada entre el señor Urán y empleados de las EPS intervenidas. Largo reconoció que Urán ejercía una asesoría para la implementación del “plan táctico” en todos los territorios de Coosalud y le habían asignado un correo institucional. Después de la denuncia de Caracol, la señora Largo despidió al lobista Urán.

Si esa fue la decisión de la presidenta de Coosalud en relación con el señor Urán, ante la opinión pública se genera una enorme desconfianza sobre los funcionarios del sector salud, comprometidos con personas como Urán y Ramírez Cobo. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el exsuperintendente de Salud, Helver Guiovanni Rubiano y el encargado viceministro Luis Alberto Martínez Saldarriaga. No se conocen acciones que ilustren las denuncias ante los entes de control por las conductas de estos individuos que afectan de manera directa el derecho fundamental a la salud de la población afiliada a las EPS intervenidas.

Quienes veníamos acompañando la vigencia de la Ley Estatutaria de Salud, desde 2015 y posteriormente la reforma del sistema de salud cimentada sobre dicho derecho fundamental, ante la evidencia de los actos de corrupción mencionados, nos sentimos decepcionados por la tolerancia gubernamental con tales delitos.

Entre tanto, la embajadora Laura Sarabia respondió a la denuncia del presidente Petro: “Mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como le he dicho desde hace más de un año. El presidente y su ministro de Salud lo saben”. Lina Sandoval Echavarría, abogada de Laura Sarabia, envió a la Fiscalía una comunicación en la que solicitó la preservación de las cámaras de seguridad cercanas al despacho presidencial correspondientes al 30 de octubre de 2024. Ingresaron a la oficina presidencial Luis Carlos Leal y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, para explicar el origen de las hojas de vida de algunos interventores. La abogada fue más lejos y pidió que se reciba declaración jurada al presidente Petro con el fin de que aclare quién le habría suministrado información presuntamente falsa sobre esas designaciones.

Al presidente le corresponde limpiar la corrupción de los funcionarios de su gobierno.