Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La designación de Juan Fernando Cristo para el Ministerio del Interior significa el acercamiento del presidente Petro a la clase política, adversa y polarizante con las reformas propuestas desde su campaña. Para el país, el ingreso de Cristo al gobierno es el reconocimiento a la legitimidad y autoridad presidenciales, que para los partidos de oposición y algunos sectores ciudadanos han sido tan enojosas de acatar. En contraste a la beligerancia opositora, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Múnera, convoca a “construir una Nación cada vez más unida, reconciliada, dialogante, defender y promover la vida a todo nivel y a dignificar a todas las personas, especialmente a las más vulnerables”.
Ese es, precisamente, el propósito que el ministro Cristo ha definido en la búsqueda del acuerdo nacional con todos los sectores de la sociedad, anticipando que la opción de una asamblea nacional constituyente solo sería viable sobre la construcción del acuerdo nacional y dentro del marco jurídico de la Constitución de 1991. Enfatizó que, de ser necesaria, aplicaría para el próximo cuatrienio, repudiando el rumor que la oposición ha circulado, que Petro está buscando la reelección.
Cristo también incluyó en su programa ministerial la implementación de los acuerdos de paz, de los que se ocupó en el gobierno de Santos. No obstante, debe responder a las exigencias de los gobernantes territoriales que reclaman ejercer la autoridad para someter a los diversos grupos armados que asesinan y amenazan a las fuerzas del Estado y a sus poblaciones. La paz sin justicia no es posible.
El presidente propuso para el acuerdo nacional varios temas, encabezados por “la garantía inmediata al derecho universal a la educación, la salud y las pensiones”.
La discusión sobre los dos primeros sucumbieron en el Senado. El saliente ministro Velasco no anticipó que el proyecto 339, aprobado por comisión y plenaria de la Cámara, sería hundido por 9 senadores de la Comisión Séptima de esa entidad. Esta artimaña no solo atentó contra el derecho fundamental a la salud de todos los habitantes de Colombia, sino desprestigió la unidad legislativa que debe existir entre las dos corporaciones. Esos senadores fueron denunciados ante la opinión pública por conflictos de intereses, que no descartan los patrocinios corporativos personales o a sus partidos.
El ministro Cristo tiene la responsabilidad de defender en el Congreso el nuevo proyecto de la reforma al sistema de la intermediación privada que estableció equivocadamente la Ley 100 de 1993. Debe versarse sobre la evidencia documentada del fracaso del modelo, demostrada por los organismos de control, como la Contraloría General, que valoró el desvío de los recursos públicos de la salud en 25 billones de pesos, por el estado financiero de las instituciones prestadoras de servicios, por las deudas de las EPS, en cuantía de 17 billones de pesos, reportado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, por los hallazgos de la Superintendencia Nacional de Salud, por el análisis de la sociedad civil, como el grupo “en dónde está la plata”, de Vicente Calvo, que valora en dos mil billones el desfalco a la salud. Éxitos, ministro Cristo.
