La presidenta de la Federación Médica Colombiana (FMC), Ana María Soleibe, es una dirigente con afinada capacidad de análisis para señalar ante la opinión pública los enormes retos que afronta el sector salud y quien lidera, en buen momento, a las organizaciones profesionales que integran la Junta Médica Nacional. La FMC ha tenido la entereza ética para garantizar que no está inmersa en conflictos de interés, y definir su vocación en la defensa del derecho fundamental a la salud para toda la ciudadanía, contenido en la Ley Estatutaria de 2015.
Escribió en la Revista Sur el 20 de enero “La reforma a la Salud y la lucha contra el poder mediático”, en el que resalta que ese poder es incuestionable por su influencia en la sociedad, porque moldea y dirige las decisiones, las percepciones y las convicciones de las personas, y el comportamiento político y electoral. Enumeró que “grandes conglomerados mediáticos están bajo el control de familias” que han logrado alinear sus intereses ideológicos, económicos y culturales, “con el objetivo de alterar la correlación de fuerzas y debilitar la democracia”. Afirmó que “el terreno mediático es hoy una arena clave para la lucha política, especialmente frente a reformas sociales como la reforma a la salud. Las batallas más importantes ya no se libran solo en el Congreso o en las calles, sino en medios de comunicación que moldean la opinión pública con narrativas diseñadas para desinformar y proteger intereses particulares”.
Señaló que el escándalo que en cualquier otro país se habría desatado al conocerse el multimillonario desfalco a los recursos públicos destinados a la salud, en Colombia fue minimizado, opacado y desviado de la atención pública por los medios de comunicación.
En el debate reciente sobre el mecanismo vigente para establecer el valor de la UPC, los medios han optado, sin objetividad, por defender el statu quo de las EPS que reclaman el aumento de ese valor, desconociendo que son responsables de la desfinanciación del sistema desde 1994, con la ocurrencia de los duplicados y otros mecanismos de desviación de los dineros públicos durante los 32 años de la Ley 100. Los medios persisten en desatender las denuncias de la Contraloría General de la República que, en repetidos informes, documentan las sumas que no aparecen en los balances de esas intermediarias. Dichas denuncias también han sido adecuadamente soportadas por la sociedad civil. Agrega la doctora Soleibe que ”el papel de algunos medios de comunicación tradicionales en este escenario es central, no solo por lo que dicen, sino por lo que callan”.
Ejemplo del silencio orquestado por los medios fue la decisión de los senadores de la Comisión Séptima del Senado de negar la discusión del proyecto de reforma que provenía de la plenaria de la Cámara y que fueron denunciados por otros legisladores. Semejante noticia no mereció la atención de los medios para elaborar, como correspondía a quienes son responsables de orientar a la opinión pública.
Igual ha sucedido con el informe de la ADRES, que es contundente en la investigación contable de los datos presentados por las EPS. Los medios han concentrado sus reportes en las entrevistas a quienes refutan tal informe y siguen atacando la reforma a la salud.
