Ultraje contra los pacientes, los profesionales de la salud y la red hospitalaria

La asignación de los exalcaldes Jorge Iván Ospina y Daniel Quintero, por parte del actual mandatario, como interventor de la Nueva EPS y en la Superintendencia Nacional de Salud, respectivamente, es inaceptable. El primero, enfrenta once investigaciones en la Fiscalía y fue llamado a juicio por presunta corrupción. Al segundo, la Fiscalía le imputó cargos, por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y prevaricato por acción. ¿En las huestes izquierdistas que rodean al mandatario no existen individuos sin ese prontuario?

Precisamente, el columnista Mauricio Vargas, “La progre-dumbre” (El Tiempo, 19-04-2026), escribió que “los medios de comunicación han aceptado, por años, referirse a la corriente liderada por el presidente Gustavo Petro con el pomposo título de ‘progresismo’. Y así, la antigua Colombia Humana rebautizada como Pacto Histórico y sus aliados de diferente especie se autodenominan ‘fuerzas progresistas’”. Más adelante agregó: “prepárense para los meses finales del mandato ‘progr’: el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, llamado a juicio por la Fiscalía en un caso de corrupción, es el nuevo superintendente de Salud: nombrar un vampiro para vigilar un sector que se desangra eleva los niveles de cinismo de Petro hasta alturas nunca vistas”. Y para rematar, “al frente de la Nueva EPS, el presidente designa al exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina: esto no es progresismo, esto es progre-bandidismo, progre-dumbre”.

“La salud de los colombianos no parece ser la prioridad”, tituló el editorial de El Espectador (19-04-2026): “En plena campaña electoral, la respuesta del presidente Gustavo Petro para intentar apagar los incendios en el sistema de salud es nombrar a dos políticos de considerable caudal electoral y que se caracterizan más por su hostilidad que por sus conocimientos del sector. Jorge Iván Ospina, médico y exalcalde de Cali, y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, imputados por delitos contra la administración pública, llegan a la Nueva EPS y a la Superintendencia Nacional de Salud, respectivamente”.

A estas perspectivas periodísticas sobre el dislate presidencial con estas asignaciones, un funcionario del mismo gobierno ha protestado, al tratar de preservar alguna independencia por el bien de país, que es su obligación. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, escribió: “Entregar ese cargo a Quintero nos hace retroceder como proyecto político, le hace daño al gobierno y le da gasolina a la oposición. Esta decisión es un yerro enorme y mi deber moral es advertirlo, incluso si eso implica ir en contra del Ejecutivo”. Continuó con una reflexión harto valiosa: “La izquierda colombiana no puede repetir los errores de la izquierda venezolana, ecuatoriana, etc. En muchos lugares del mundo, y particularmente en América Latina, la corrupción ha corroído hasta los cimientos de las estructuras políticas, por eso termina normalizándose y tácitamente considerándose algo inevitable y transversal a todos los actores políticos”.

Cito con fruición este concepto del señor Carrillo, porque soporta lo escrito en la columna “La estrategia de la izquierda de Petro contra las instituciones del Estado Social de Derecho”. (El Espectador, 10-04-2026). En contraste, el candidato Cepeda y las bancadas parlamentarias del Pacto Histórico no se han pronunciado. ¿Avalarían esos “yerros” del Ejecutivo?

En el caso de Jorge Iván Ospina, la Dirección Seccional de Fiscalía de Cali mantiene activos los expedientes por delitos por contratos sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y por omisión, violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, interés indebido en la celebración de contratos, así como fraude a resolución judicial. Parte de estos delitos provienen desde 2020 en la alcaldía del señor Ospina y sobrepasan la suma de COP 10.300 millones. Configuran uno de los procesos de presunta corrupción más relevantes para la administración pública de Cali. Por otra parte, durante las últimas dos décadas, Jorge Iván Ospina afrontó más de 60 investigaciones por parte de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. ¿Es este el curriculum que a juicio del mandatario Petro habilita a Ospina para asignarlo como interventor de la Nueva EPS?

Respecto del señor Daniel Quintero, la Fiscalía le imputó cargos, pero falta la decisión del juez. No obstante, la entidad de control vinculó a Quintero a la investigación judicial por presuntos hechos de corrupción, luego de recopilar pruebas en el caso que se conoce como Aguas Vivas. Es un predio en el que se iba a construir un ecoparque, que terminó en posesión de la alcaldía de Quintero. La investigación encontró que, sin ninguna justificación, la administración habría cambiado el avalúo del lote para beneficiar a un tercero, de tal manera que el terreno pasara de costar COP 2.700 millones en 2019, a más de COP 48.000 millones en 2020. La Fiscalía encontró que Quintero también habría modificado el uso del suelo por decreto, sin contar con el visto bueno del Concejo de Medellín, como lo exige la ley. La Fiscalía conceptuó que el exalcalde sabía que se estaba apoderando de un bien del Estado, para beneficiar a terceros, incumpliendo su deber de cuidar los recursos públicos de la ciudad.

El Colombiano, (20-04-2026) relata la ofensiva jurídica con la que buscan tumbar la llegada de Quintero a la Superintendencia Nacional de Salud. La abogada Gloria Jaramillo instauró ante el Ministerio Público una solicitud para que se ejerza vigilancia preventiva, teniendo en cuenta que existen actuaciones públicas relevantes en contra de Quintero, entre ellas investigaciones penales y disciplinarias. Igualmente, tramitó un derecho de petición ante el DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia) para que le informen si ya existe un decreto de nombramiento y, segundo, cuál ha sido el proceso para verificar que el exalcalde sí cumple con el perfil del cargo en cuanto a formación y experiencia profesional relacionado con las funciones que cumpliría. Jaramillo requiere que el DAPRE le informe si hicieron alguna averiguación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante, de posibles inhabilidades o incompatibilidades.

El desempeño del señor Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín fue recibir un lote que valía COP 2.700 millones en 2019 y sobreestimarlo en COP 48.000 millones en 2020, apoderándose de un bien del Estado para favorecer a terceros, incumpliendo su deber de cuidar los recursos públicos. En caso de que el presidente Petro se burle del reclamo ciudadano y continúe con ese nombramiento, ¿cómo le puede asignar al señor Quintero COP 562.000 millones, que pertenecen a la salud de los colombianos? Con ese prontuario, ¿qué terceros se favorecerán con la gestión del señor Quintero en la Superintendencia Nacional de Salud?