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El debate de la plenaria de la Cámara de Representantes del 5 de septiembre demostró la escasez de argumentación de los parlamentarios de la oposición que, para proponer que el proyecto del Gobierno se archivara, repitieron la agenda que los ha caracterizado desde febrero de este año. Ese libreto, posiblemente dictado y ordenado por sus patrocinadores, está agotado. Afirmaron que se va a estatizar el sistema de salud. Ojalá que este último gemido se concrete con la reforma: la salud de los colombianos debe responder al derecho fundamental constitucional que no se contempló en la Ley 100 de 1993, y ese modelo, la salud-negocio, tiene que ser estructuralmente eliminado.
En diversas publicaciones, el analista político Jaime Acosta P. se ha referido a que “los fondos públicos se trasladaron a las EPS sin control, debido a la falta de infraestructura de información para monitorear su uso en 30 años. La captura incontrolable de recursos públicos por parte de privados es culpa de presidentes, ministros, superintendentes, políticos, cortes, organismos de control y otros, por acción u omisión”.
En ese contexto, la transformación de la ADRES es una iniciativa de la reforma para mejorar la administración pública, que recupera la autonomía del Estado en el manejo de los recursos de la salud en función del bienestar colectivo de los ciudadanos. Como ha sucedido con el mecanismo de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el sector salud es imperativo establecer un procedimiento que permita revisar y reconstruir, desde 1994, a dónde fueron a parar las sumas millonarias que esas entidades han manejado. Igualmente, se ha solicitado auditar el flujo financiero del cuantioso patrimonio, visible en las extraordinarias construcciones de varias EPS, y comprobar que proviene de la inversión privada de los socios de esas entidades. El cierre de muchas EPS ha implicado que desaparezcan sin pagar las deudas acumuladas durante su vigencia y los gobiernos y las agencias estatales han tolerado semejante delito.
Tratándose de dineros públicos, es inaceptable que los directores gremiales de las intermediarias afirmen que, como el sistema no ha sido modificado, continuarán funcionando como lo han hecho en las pasadas tres décadas (en la JEP se llama “repetición”), advirtiendo “que las cuentas de los robos cometidos en tan extenso período son letra y números muertos”, según concluyó sobre esas declaraciones el analista Acosta P.
Se destaca aún más el valor civil de la excontralora Morelli, que se salió del esquema gubernamental de la tolerancia y la complicidad, y documentó la desviación de tan sagrados recursos de los colombianos por parte de Saludcoop, ante la impavidez del entonces presidente Santos y su ministro Gaviria.
Hay, por consiguiente, elementos que enriquecen el debate sobre la reforma de la salud, que la sociedad civil reclama para que se conozca la verdad y se haga justicia y reparación por parte de los gobiernos anteriores y los perpetradores del desfalco.