En 2009, el gobierno de A. Uribe emitió los decretos 4975 y 4976, para decretar la emergencia que liberara recursos que permitieran “garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud de la población beneficiaria”. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia 252 de 2010, los declaró inexequibles, por “la inexistencia de hechos sobrevinientes y extraordinarios por la presencia de una problemática estructural generada de tiempo atrás y recurrente…”.
A la demanda instaurada por el ministro Guillermo A. Jaramillo ante el Contencioso Administrativo de Bogotá, contra 21 EPS por el incumplimiento de las obligaciones...
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