La administración Petro y el Pacto Histórico, en deuda con el país

Al senador Iván Cepeda, el de la desobediencia civil y del gabinete alternativo (o gabinete en la sombra), su propuesta formulada en Valledupar, que el progresismo volverá al poder en 2030, no se le va a cumplir, porque la ciudadanía está hastiada con los errores del gobierno saliente y la corrupción que ha salpicado básicamente a las entidades estatales. Los 12,7 millones de votos que obtuvo en la pasada contienda electoral, los sacrificó al renunciar a la dirección del Pacto Histórico y delegarla en el presidente saliente. Con esa actitud demuestra que no tiene el talante suficiente para la dirección del Estado.

El pronunciamiento reciente, tanto de Cepeda como el de la exsenadora Pizarro, sobre las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, rechazando la corrupción implícita en el entramado de estas jóvenes para cobrar dinero a empresarios a cambio de prometerles contratos en entidades del gobierno, es oportunista y extemporáneo. Cepeda y Pizarro, como senadores elegidos desde 2022, conocían las denuncias sobre la financiación de la campaña presidencial por parte de Ricardo Roa; “el pacto de la Picota”, del 8 de abril de 2022, protagonizado por Juan Fernando Petro en compañía de Danilo Rueda; los petrovideos revelados por la revista Semana, con las acciones amenazantes del señor Roy Barreras. Quiere decir que, desde el inicio del gobierno de la izquierda, los aludidos senadores guardaron silencio, al que se acostumbraron cuando sobrevino la avalancha de corrupción reconocida por la opinión pública. Posiblemente, abrumado por esa evidencia, el entonces candidato Cepeda propuso al exministro Iván Velásquez para liderar el que llamó: “Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción”. Así son los vaivenes de esa facción política.

El caso de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, tantas veces citado, por ser emblemático de la corrupción que contaminó gravemente a funcionarios y a cuerpos colegiados, para favorecer las reformas sociales de gobierno del cambio, no generó ninguna reacción por parte de los congresistas mencionados, ni de los demás integrantes de la bancada del Pacto Histórico. La reforma a la salud fue afectada por los sobornos a los congresistas y el presidente empeoró al sector con los nombramientos de Daniel Quintero, sindicado por graves delitos en la alcaldía de Medellín y al señor Jorge Iván Ospina, igualmente cuestionado en la de Cali.

Al menos, Carlos Carrillo, exfuncionario del gobierno Petro, afirmó: “Pido disculpas al pueblo antioqueño por el insulto de nombrar en la Superintendencia de Salud a Daniel Quintero”. Consideró que fue una mala decisión política, con impacto en las regiones y consecuencias en la imagen del Gobierno Petro y del proyecto político de la izquierda. Fuego amigo fundamentado en la realidad, ignorada con el silencio de los congresistas mencionados previamente.

Por otra parte, la Sala de Instrucción Criminal de la Corte Suprema de Justicia investiga a más de 30 congresistas por contratos de Invías, que presuntamente habrían vendido sus votos en favor de proyectos del gobierno.

Escalofriantes las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia y mano derecha del presidente saliente, que circularon el 28 de julio. Señaló que ha sido víctima de maltratos, insultos, acusaciones y amenazas. Rodríguez, actualmente gerente del Fondo de Adaptación, aseguró que frenó una maniobra y que su mayor logro es que ese dinero no vaya a la respuesta gubernamental al fenómeno de El Niño, sino que se mantenga en obras de gran calado para regular inundaciones en la región de La Mojana, programadas para ejecutarse hasta 2029.

La señora Rodríguez ha pedido protección al presidente Electo y le ha asegurado que tiene información relevante para su Administración. El presidente Electo respondió en redes sociales que ha instruido a su ministro del interior y al director de la Unidad Nacional de Protección designados, para que garanticen su seguridad. El presidente saliente conceptuó que “el ataque es calumnioso y su respuesta será la acción penal”.

Este contrapunteo final entre el presidente saliente y una de sus funcionarias más cercanas que culmina con denuncias mutuas, remata la prolongada narrativa de corrupción que el senador Cepeda presume que no será tenida en cuenta por la ciudadanía, para volver en 2030, a un gobierno que él mismo califica de progresista.

Por supuesto, en la alternancia del poder, que en el contexto presente emerge con la presidencia de Abelardo De La Espriella a partir del 7 de agosto, el futuro de quién será su sucesor, depende de su acierto en la gobernabilidad de Colombia, país convulsionado por la polarización, por la corrupción reinante en todos los estamentos sociales, por el dominio territorial de forajidos armados y asesinos de poblaciones y de miembros de las fuerzas armadas y de policía, y que son los dueños de economías ilícitas de minería y de narcocultivos.

No se conoce todavía la persona asignada para el Ministerio de Salud por el presidente Electo. el sector sucumbe agobiado por los problemas crónicos del sistema, agravados por la administración saliente, con afectación directa al derecho fundamental a la salud en la prestación de servicios asistenciales y de medicamentos. Fue una de sus banderas de campaña, que requiere un esfuerzo conjunto de los funcionarios designados. Es la necesidad más sentida de toda la población. El reto es monumental: recomponer el sistema en todos sus condicionantes: financiación, prestadores, deuda a la red hospitalaria pública y privada, modificación a la reglamentación para la habilitación de los profesionales de la práctica privada, educación y formación del recurso humano, y como solicité en columna anterior, la suspensión definitiva del flúor sistémico, tóxico reconocido por la academia, que afecta el metabolismo celular.

Las finanzas públicas y la deuda externa, desfinanciadas por el populismo del gobierno saliente, es otro desafío de la gobernabilidad del presidente Electo, quien ha tenido el tacto de configurar el equipo económico con los profesionales más idóneos en tan complejo entorno, incluido el desastre de Ecopetrol.

La educación, como lo han demostrado los países desarrollados, es la piedra angular para el crecimiento económico y para el progreso integral de los ciudadanos. Nos merecemos una sociedad culta, con civilidad y urbanidad, que respete el derecho de los demás, a través del cumplimiento de las normas de la convivencia. El presidente Electo favorece que desde la familia, se estampen en los niños los valores tradicionales que los haga ciudadanos de bien.

El presidente Electo ha dicho que cumplirá con el mandato constitucional de representar la unidad de la Nación, gobernando para todos: por los que votamos por él y por los que no lo hicieron. Nos corresponde unirnos en ese propósito para la consecución de los fines del Estado Social de Derecho y de bienestar colectivo. Si le va bien al presidente De La Espriella, nos va bien a todos y no vuelve el progresismo de Cepeda.