La Contraloría General de la República presentó el informe financiero de la EPS, con corte a 31 de diciembre de 2024. Señaló “una profunda crisis estructural que compromete la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad en Salud”, atribuible en gran parte al crecimiento de la deuda de las EPS y del reiterado incumplimiento de los requisitos financieros mínimos establecidos por la norma vigente. Concretó que la deuda acumulada de las EPS alcanzó los $ 32,9 billones. Documentó que 15 EPS no cumplen con el capital mínimo, 14 presentan deficiencias en el patrimonio adecuado y 22 no invierten adecuadamente sus reservas técnicas. Solo seis cumplen con las condiciones financieras para mantener sus operaciones.
Sostuvo que 16 EPS presentan problemas de liquidez, limitando su respuesta a las obligaciones inmediatas y generando retrasos en los pagos a proveedores, hospitales y operadores farmacéuticos. Subrayó que el deterioro de sistema ha ocurrido a lo largo de las últimas décadas, y “las cifras reflejan una fragilidad estructural que va más allá de los gobiernos”.
Con la vigencia de la Ley 100 en 1994, se autorizaron 157 EPS, de las que actualmente solo operan 29. La liquidación de 128 de esas entidades ha sobrecargado a las que continúan, sin que cuenten con la capacidad operativa ni financiera para asumir a esos millones de afiliados. En el documento se resalta que las EPS tienen obligaciones con proveedores farmacéuticos por $ 2,8 billones, a pesar de que en 2024 el sistema pagó cerca del 90 % de la facturación, equivalente a $ 13,3 billones, del total de $ 14,7 billones.
La inoportunidad en la entrega de medicamentos se ha convertido en el principal motivo de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de los pacientes. Otra vez la Nueva EPS es caracterizada en este informe, porque, a pesar de “contar con más de 11,5 millones de afiliados, no ha presentado estados financieros certificados de 2023 y 2024. Reporta patrimonio negativo”. Concentra el 22 % de las quejas y reclamos de los usuarios. Por otra parte, EPS como Sura, Emssanar y Aliansalud reportaron utilidades operativas y netas por $ 198.745 millones. Estos recursos los reinvirtieron en reservas legales, y cobertura de pérdidas acumuladas, como lo exige la normativa vigente.
Aborda los gastos administrativos de las EPS, cuyo margen legal es del 8 % para el régimen subsidiado y de 10 % para el contributivo. Anota la ausencia de lineamientos técnicos del Ministerio de Salud y de la Superintendencia del ramo para el cálculo y control de esos gastos, que “dificulta la vigilancia y la gestión eficiente de los recursos”. La Contraloría registra una diferencia de 2,7 billones de pesos entre los recursos girados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad (Adres) a las EPS y lo que estas reportaron como ingresos. No se sabe dónde está ese faltante y cuestiona: “¿cuál es la explicación sobre esta diferencia?”.
En publicaciones sucesivas del Equipo de Análisis Financiero del proyecto #DóndeEstálaPlata, dirigido por el doctor Vicente Calvo, se dice: “La verdad detrás de la suficiencia de la UPC: Un análisis financiero revela márgenes saludables en la EPS Sura” (23-06-25). Y en “Análisis Crítico de la Crisis del Sistema de Salud Colombiano” (30-06-25) se confirman los hallazgos contenidos en el informe de la Contraloría descrito previamente. Respecto de la primera, sobre la EPS Sura, aclara que el análisis se basó en los estados financieros reportados a la Superintendencia Nacional de Salud y que utilizó metodologías contables estándar para el cálculo de indicadores de siniestralidad y análisis de reservas técnicas. Concluyó que en los primeros cuatro meses de 2025, Sura liberó reservas técnicas por un total de $ 868.902 millones. Afirmó que esa liberación correspondió a provisiones excesivas hechas en 2024 y que la siniestralidad reportada ese año estuvo inflada en 7,7 puntos porcentuales. El indicador de siniestralidad pasó del 93,1 % reportado, al 85,4 % ajustado, mostrando un margen operativo saludable de 14,6 %. Concluye que la narrativa de la insuficiencia de la UPC promovida por Sura y otras EPS se contradice con estas cifras.
En la segunda publicación, relató la cronología de las decisiones que llevaron al colapso del sistema de salud colombiano, identificando tres fases críticas:
1ª. El problema estructural (hasta 2019). El sistema de “recobros” por servicios No-POS era insostenible, generando deudas incontrolables del Estado hacia las EPS.
2ª. Las Soluciones Fallidas (2020-2021). Los “presupuestos máximos” fueron diseñados con metodologías deficientes, requiriendo múltiples “parches” regulatorios que demostraron su inviabilidad.
3ª. El Maquillaje Financiero (2021-2024). La Resolución 1341 de 2021 permitió a las EPS mostrar solvencia ficticia, ocultando la crisis real hasta su exposición inevitable.
Finalmente, el contralor Carlos H. Rodríguez indicó que la situación obliga a tomar medidas de fondo. “No se trata solo de cifras. Se trata de camas, tratamientos, diagnósticos y vidas que están en riesgo; si no se toman decisiones estructurales y urgentes”.
