El escalamiento de la polarización política de los últimos días, que compromete la tranquilidad ciudadana por la amenaza a la estabilidad del Estado Social de Derecho, se materializó el 1º. de mayo con la convocatoria del Ejecutivo a las marchas para presionar al Congreso por la aprobación de la consulta popular, para enmendar la negación de la reforma laboral ocurrida en la Comisión 7ª. del Senado. Esta Comisión ya demostró que la agenda reformista del Gobierno, aprobada en las plenarias de la Cámara, la puede paralizar, como ocurrió con la reforma al sistema de la intermediación de la salud en abril de 2024. Nueve de sus integrantes la hundieron antes del debate respectivo.
Tanto el poder ejecutivo como el legislativo son de origen popular, y de la armonía y el consenso entre ambos, para lograr el bien común y el Estado de Bienestar de los asociados, depende el balance de la democracia y el progreso integral de la Nación. La llegada al poder de un líder de la izquierda generó en la clase política tradicional las contradicciones de una gobernanza distinta a la que estaban acostumbrados por décadas, en la que las denominaciones de los partidos no hizo diferencia en relación con las reivindicaciones sociales que propuso en su programa el que se denominó “el Gobierno del cambio”.
Las tensiones de ideologías tan opuestas intentó resolverlas Petro desde su campaña, permitiendo que políticos tradicionales ingresaran a sus toldas, como Roy Barreras, Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco, Alfonso Prada, etc., y posteriormente, ya como presidente, nombró connotadas figuras de los partidos: José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria y Cecilia López, quienes no se acomodaron y manejaron una agenda diferente a la diseñada por el presidente del cambio. De allí en adelante, Petro retornó a sus partidarios de siempre para ganar gobernanza, con los resultados conocidos y la corrupción de algunos de sus funcionarios, que no lo hace diferente a los gobiernos anteriores. Decía don Julio César Turbay: “la corrupción, en sus justas proporciones”.
Los ministros del Interior Luis Fernando Velasco y Juan Fernando Cristo intentaron “un acuerdo nacional” con el Congreso, para superar la polarización entre los dos poderes de elección popular, pero su gestión tropezó con los conflictos de interés de los políticos, en trance permanente de reelección. Su intransigencia para procesar responsablemente en el trámite legislativo las propuestas sociales del Ejecutivo ha derivado en un lenguaje ofensivo contra los agentes gubernamentales, al que ha respondido Petro desbordando con expresiones la dignidad del cargo para el que fue elegido.
Tanto el presidente del Senado, Efraín Cepeda, como el senador Pinto encaran constantemente a Petro sobre los guarismos electorales de 2022, comparando que, si Petro obtuvo la presidencia con 11.291.186 votos, ellos, como congresistas, obtuvieron en total 18.034.781 votos. La comparación es desproporcionada e intelectualmente pobre, porque Petro es uno, y los congresistas con sus listas son 102 senadores y 172 representantes a la Cámara. Cepeda obtuvo 130.269 votos y Pinto 110.318 votos, que, por supuesto, individualmente, son números electorales valiosos.
Este último lideró el desafuero jurídico de romper la unidad legislativa del sistema bicameral, a la que aluden los constitucionalistas estudiosos de la Carta del 91. No solo desconoció que los integrantes de la Plenaria de la Cámara también fueron elegidos por el voto popular y cumplieron su obligación de legislar sobre el proyecto gubernamental para cambiar el modelo de la Ley 100; desconoció que, por la agenda social del gobierno, se presentó el proyecto adecuadamente cimentado y estudiado sobre el derecho fundamental a la salud consagrado en la Ley Estatutaria de 2015 y, fundamentalmente por conflictos de interés, impidió el restablecimiento de ese derecho para todos los habitantes de Colombia.
Algunos ciudadanos que no sufragamos por Petro en 2022, hemos acompañado la reforma a la salud, por ser el único gobierno que resolvió corregir el desfalco documentado de los inmensos recursos entregados, sin control ni vigilancia, a los empresarios privados, que, cooptando al Estado, convirtieron la salud en un lucrativo negocio con los dineros públicos, en los pasados 32 años.
Petro, blandiendo la espada de Bolívar, inscribió personalmente, ante el secretario del Senado, la convocatoria a la consulta popular, para que el constituyente primario se pronuncie sobre su agenda social que el Senado desconoció, en la reforma laboral. El Gobierno, por otra parte, asumió que la reforma a la salud está derrotada en la Comisión 7ª. y la intenta forzar por decretos. De ser negada la convocatoria inscrita por Petro, es impredecible el devenir de este país.
