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Al informe de la ADRES, elaborado por su grupo Analítica por solicitud del ministro de Salud, que contiene “la contrastación de las bases de datos de suficiencia que se utilizan para el cálculo de la UPC”, comentado en esta columna, (“Las incoherencias de la arrogancia en el destino oscuro de la UPC”, 24-01-2025), se le antepone la Corte Constitucional con el auto emitido el 23 de enero de 2025, en el que declaró una “insuficiencia general” de la UPC para 2024 y años previos, y ordenó al Ministerio crear una mesa de trabajo para revisarla y ajustarla.
La Corte reconoce que desde 2016 se registran problemas de calidad en la información con la que se calcula la UPC, y agregó que “el Ministerio no ha cumplido con su obligación de tener una fuente fiable para contrastar esa información”. Sorprende que la Corte desconozca que esa ha sido la queja permanente del Ministerio contra la falta de transparencia de las EPS en la información suministrada sobre su gestión y el destino que le dan a la UPC, una vez que reciben ese recurso de dinero público, que permanece en total oscurantismo. Ignora en su Auto del 23 de enero que, precisamente para superar la desconfianza de los datos suministrados por las EPS, delegó en la ADRES la “contrastación” de esa información, con los resultados de las falsedades encontradas que ya conoce la opinión pública.
Muy grave fue que la Corte critique al Ministerio de Salud por no haber “entregado pruebas suficientes que soporten su argumento sobre el mal manejo de los recursos por parte de las EPS”. Si la Corte se refiere a los gobiernos comprendidos entre 1994 y 2022, cuyos ministros de salud y superintendentes del ramo fueron ciegos e indolentes ante la magnitud de los desvíos de dichos recursos, tendría razón. Los magistrados desconocieron la jurisprudencia de su propia Corte, generada por la Sentencia T-760 de 2008, que prueba el incumplimiento de las EPS con la prestación de los servicios a los afiliados. (¿Desviación de recursos de la UPC?).
Con la benevolencia de los lectores, es imperativo repetir que en esta columna y en la previa que se publicaba en El Tiempo, se han registrado, año por año, las irregularidades de las intermediarias con el dinero público de la salud y las denuncias de los órganos de control independientes de tales gobiernos. Para mencionar algunas, la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio 46111 del 30 de agosto de 2011, que multó a Acemi y a 15 EPS por violar el régimen de competencia, al pactar los procedimientos que se negarían en la prestación de servicios a los afiliados. La denuncia de la contralora Sandra Morelli sobre Saludcoop, 2012, a quien el ministro de turno descalificó sin reato de conciencia. La Contraloría actual denunció la pérdida de 11,3 billones de pesos en el gobierno de Duque y su ministro Ruiz. La Sala reconoce que la Fiscalía no reporta los procesos de imputación de cargos y reclama que las investigaciones están inactivas o en estado de indagación.
El Ministerio de Salud le plantea a la Sala de la Corte 14 dudas sobre las implicaciones del auto y le formula 50 preguntas, antes de convocar la mesa propuesta. No obstante, tanto los gremios de las EPS como los exministros y los exsuperintendentes de salud comprometidos por su negligencia con la vigilancia oportuna y eficiente del dinero público de los colombianos, deberían tener el decoro con la sociedad de reconocer esa verdad al participar en la discusión sobre la UPC.
