La elección presidencial en el dominio de los estados judiciales

El secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Germán Medina Acosta, envió un mensaje a los candidatos presidenciales, resaltando la responsabilidad para contribuir a “la convivencia pacífica y evitar toda forma de violencia entre los colombianos. Será motivo de confianza y esperanza para el país contar con la manifestación explícita de todos ustedes sobre el respeto institucional y a los resultados que arrojen los comicios electorales”.

El presidente Petro, que funge como jefe de campaña de su candidato Cepeda, debe sentirse incluido en el mensaje episcopal, como que es el protagonista central de la polarización política que agobia a la sociedad colombiana, y en su irrazonable desconocimiento de los resultados de la primera vuelta. Precisamente, el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Medellín admitió una acción de tutela contra el presidente Petro, por presunta vulneración de derechos fundamentales, relacionada con la participación en política durante el actual proceso electoral.

En la decisión judicial del 12 de junio de 2026, la jueza Anny Carolina Goenaga Peláez le concedió un plazo de dos días para pronunciarse sobre los hechos expuestos en la tutela. El despacho tuvo en cuenta una decisión previa del Consejo de Estado del 28 de mayo de 2026, mediante la cual se ordenó al presidente abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos, movimientos o candidatos a través de canales oficiales del Estado. En consecuencia, el despacho ordenó que, mientras avanza el trámite de la tutela, el presidente Gustavo Petro se abstenga de utilizar recursos, bienes, escenarios, canales y plataformas vinculadas a su investidura para difundir mensajes que puedan favorecer o desfavorecer directa o indirectamente a cualquiera de los candidatos presidenciales.

Adicionalmente, el fallo ordena al mandatario abstenerse de difundir afirmaciones sobre fraude electoral que carezcan de evidencia sólida razonable. La decisión busca evitar un eventual perjuicio irreparable en la antesala de la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.

El presidente se habituó a desconocer los fallos judiciales (o los de la Registraduría, o los de los jueces de escrutinio final de la primera vuelta) cuando no se cumplen sus deseos. En el Consejo de Ministros del 16 de junio, afirmó: “eso es callar a un presidente elegido por voto popular; quiero que mis abogados actúen de inmediato”. Petro actúa como lo diagnosticó el constitucionalista Mauricio Gaona: “La Constitución soy yo”.

El pasado 13 de junio, el Gobierno expidió un decreto que suspendía las operaciones militares contra los integrantes de la estructura armada de las disidencias lideradas por Walter Mendoza, (comandos de la frontera) hasta el 19 de junio. Para los críticos de la paz total, esta es una estratagema para favorecer al señor Cepeda, a seis días de la elección presidencial, que ha recibido el rechazo indignado de la ciudadanía y de los gobiernos extranjeros atentos al desenvolvimiento del balotaje del 21 de junio.

A este decreto de Petro, el Juzgado Promiscuo Municipal de Valle del Guamuez ordenó suspender la instalación de la Zona de Ubicación Temporal, ZUT, de manera inmediata, tras resolver una acción de tutela presentada por un integrante del resguardo indígena Telar Luz del Amanecer, quien alegó la vulneración de los derechos fundamentales a la consulta previa, el debido proceso y la defensa, en el Putumayo.

En la parte resolutiva del fallo, el despacho tuteló los derechos fundamentales de la comunidad indígena y ordenó la notificación de la decisión a las partes involucradas y dispuso que, en caso de no ser impugnada, la actuación sea remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión. No se conoce la reacción de Petro a esta decisión del Juzgado de Putumayo, ni tampoco la de la señora Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial del candidato beneficiado con tal decreto.

No obstante, el negociador Armando Novoa calificó la orden del Juzgado como de “imposible ejecución”, porque el traslado de los guerrilleros delincuentes ya se encuentra avanzado. Se ampara en el indignante decreto de Petro e informa que los 99 forajidos han sido transportados en helicópteros civiles por recomendación de seguridad de las Fuerzas Militares. Omitió informarle a la opinión pública si ese costo es pagado por los contribuyentes colombianos.

El intento de la paz total ha naufragado porque los delincuentes acogidos en esos acuerdos persisten en sus ataques sobre las fuerzas armadas y de policía, sobre los civiles que habitan las zonas de influencia de esos grupos, en la explotación del narcotráfico, de la minería ilegal y del intercambio por armas para continuar asesinando a los colombianos.

Desde el inicio del gobierno de la izquierda en 2022, el país ha perdido cerca de 70 generales de las fuerzas armadas. Según el general Jorge Ricardo Hernández, excomandante de la IV Brigada del Ejército, por la incomodidad del gobierno por el operativo del 23 de julio de 2024, en el que fue detenida la caravana de alias Calarcá, en el Departamento de Antioquia.

Recientemente, el general Erick Rodríguez Aparicio, subjefe de Operaciones Conjuntas, fue retirado de manera repentina por las declaraciones que entregó a medios de comunicación sobre la presunta carnetización que estarían adelantando las disidencias de las Farc en el departamento del Meta. Esta práctica “habría sido utilizada para ejercer presión y control sobre las comunidades de la región, de cara a las elecciones presidenciales en favor de un candidato”. El jefe del Estado es el comandante de las fuerzas armadas, pero, en este caso, también es el jefe de campaña del candidato Cepeda. La paz total nos está dejando el país sin los generales con más de 30 años de formación y de carrera, que entregan sus vidas y sus familias por el honor militar de cumplir con su deber, en defensa de la patria y de todos los ciudadanos.

En ese escenario, Mauricio Gaona envió un mensaje a las Fuerzas Armadas de cara a la segunda vuelta: “El deber supremo no pertenece a una persona o a un gobierno”. Recordó la obligación de honrar los símbolos patrios y remarcó que ningún funcionario puede situarse por encima de la Carta Magna, ante eventuales intentos de desconocer la voluntad ciudadana.

El presidente está empeñado en resaltar sus realizaciones en el sector económico, fundamentalmente en las estrategias sociales, como estrategia de campaña para el candidato Cepeda. No obstante, el crecimiento económico de Colombia fue ajustado a la baja por el Banco Mundial. El país crecería por debajo del 2,6 %, estimado a comienzos del año. Señala la persistencia de desafíos estructurales como la caída de la inversión y un mercado laboral frágil. La inversión es clave para el desarrollo, pero se vio afectada por la pérdida de confianza, la inflación persistente y políticas restrictivas.

Mañana se decide el porvenir de Colombia. El gobierno del presidente Petro será castigado por los votantes, hastiados con la corrupción, el fracaso de la paz total, el desmantelamiento de las fuerzas armadas, las amenazas a las instituciones del Estado social de derecho. La economía, como la analiza el Banco Mundial, compromete gravemente el desarrollo futuro de Colombia.

El candidato Cepeda no pudo desligarse del fardo que le endosa un Petro particularmente descontrolado en las últimas semanas. Coherente con estas realidades, le deseo al candidato Abelardo De la Espriella y a su fórmula vicepresidencial el triunfo en el balotaje final y que gobiernen para todos los colombianos, con los mejores ciudadanos preparados para asumir la administración pública.