La impronta indeleble de la reforma a la salud

Durante su arduo trabajo de 9 meses en el Ministerio de Salud, la ministra Carolina Corcho logró que el país entero reflexionara sobre el derecho fundamental de este servicio público a cargo del Estado, y su desarrollo, contenido en la Ley Estatutaria de 2015, de la que fue coautora.

Los ciudadanos son ahora más conscientes de que la atención de la salud va más allá de la prestación de los servicios, porque implica que el Estado favorezca la implementación de los denominados condicionantes sociales de la misma, como el saneamiento ambiental, el agua potable, el alcantarillado, el transporte, la vivienda, la seguridad alimentaria, etc., factores que, por supuesto, desbordan la capacidad de los particulares, que, desde 1993, fueron designados por la Ley 100 del gobierno de César Gaviria, como aseguradores, con el nombre de EPS.

Su impacto forzó a los diversos agentes del sistema a admitir que requiere con urgencia ser reformado para superar las desigualdades e inequidades de la población, de zonas urbanas y rurales, y que carece de la capacidad de pago que no es atendida por los aseguradores privados.

Al retrotraer la narrativa de los insucesos de los últimos 30 años con la salud, como la negación de servicios y las tutelas que por esa razón interpusieron los ciudadanos, el desfalco a los recursos públicos de destinación específica y el paseo de la muerte, se esperaba un pronunciamiento de expiación de los gobernantes, ministros y superintendentes del sector por no haber ejercido debidamente la inspección, el control y la vigilancia sobre el asegurador privado, como ordena la ley.

Algunos de dichos funcionarios, a pesar conocer esas falencias y delitos, siguen afirmando impúdicamente que el de Colombia es de los mejores sistemas de salud.

La autorizada revista The Lancet, en la edición de 2018, clasificó a Colombia en el puesto 81 entre 195 países examinados (volume 391, issue 1036, pp. 2.236-2.271, 2018).

Los dirigentes de los partidos políticos, para no quedarse atrás, admiten que se reforme el sistema de salud, pero no renuncian a sus conflictos de intereses, amparándose en la socorrida cortina, de “construir sobre lo construido”, para garantizar que se mantenga el aseguramiento en las EPS y no solo en el Estado. Rechazan la propuesta de la doctora Corcho : “La administración pública de los recursos públicos de la salud”. Es evidente que el modelo es fallido. De las 28 EPS que sobreviven a las 150 iniciales, solamente ocho cumplen con los requisitos de habilitación. Las deudas de esas entidades con hospitales y clínicas ascienden a $16,6 billones, que sumados a las deudas dejadas por las liquidadas e intervenidas, arrojan un guarismo de $23,3 billones.

Para las EPS, la instauración de un sistema único de información, con un recaudador y pagador único del Estado, ADRES, tampoco es conveniente, porque están acostumbradas al manejo privado de los recursos públicos, sobre los cuales no hay control ni transparencia de su destino final.

Al igual que los gobernantes y los funcionarios del sector, los dirigentes de los partidos tampoco reconocen los errores de los últimos 30 años, así se haya afectado a la población con semejantes delitos, que ocasionaron la muerte de ciudadanos desatendidos en sus necesidades de salud.

La coherencia de la exministra Corcho, con el contenido del proyecto de Ley 339, basado en el derecho fundamental y en la Ley Estatutaria es admirable, respetable y deseable en un funcionario público que tenga como objetivo el bien común de los habitantes de Colombia. Es la visión del Estado social de derecho.

Fue la única funcionaria del sector que tuvo la valentía de formular una reforma integral, revisando cuidadosamente lo ocurrido durante 30 años con el modelo de la Ley 100, porque estuvo exenta de conflictos de interés desde antes de ser ministra del actual gobierno.

Por esas razones, un gran sector de la opinión y de los ciudadanos agradecemos a la exministra Corcho su empeño por lograr un mejor sistema de salud para todos.