La independencia de los órganos de control

Desde 1830 la Constitución estableció las funciones del Ministerio Público y la de 1991 definió que los órganos de control son la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación como representación del Ministerio Público.

Respecto a esta última, los artículos 275 y 276 de la Constitución establecen que la elección del funcionario la hace el Senado, de una terna integrada por el presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Cuando la constituyente permitió que el primer mandatario designara a un candidato para la terna a la Procuraduría, la jurisprudencia republicana suponía que se mantendría la distancia entre el proponente y su nominado. Ejemplo de ese decoro democrático fue un episodio ocurrido en 1970 entre el presidente Lleras Restrepo y el procurador Mario Aramburo, quien, a pesar de haber sido designado por Lleras para dicho cargo (era la norma constitucional de la época), lo sancionó por haber participado en la campaña electoral en contra de uno de los candidatos. Acompañó la sanción con la renuncia como procurador. El presidente Lleras aceptó la sanción, satisfizo el requerimiento impuesto, pero no le aceptó la renuncia a Aramburo, celebrando su probidad jurídica al desempeñar con absoluta independencia el ejercicio del Ministerio Público.

La coyuntura actual demuestra un proceder diferente a lo ocurrido en 1970. Pareciera que la procuradora estuviera afectada por el estrabismo ocular político, porque con un ojo ve la participación en la campaña electoral de los alcaldes de Medellín e Ibagué, mientras que el otro lo ciega voluntariamente para ignorar la intervención en política del presidente Duque, denunciada por observadores, columnistas y miembros de diferentes partidos contrarios al del Ejecutivo y a los de la coalición del candidato apadrinado por él.

La circunstancia de haber sido ministra de Justicia del Gobierno del presidente Duque y ternada por el mandatario para la Procuraduría establece un vínculo demasiado cercano entre el Ejecutivo y el órgano del Ministerio Público que debe controlar a los funcionarios para preservar la integridad y la institucionalidad del sistema democrático, basadas en el equilibrio de pesos y contrapesos. El editorialista de este diario califica la conducta de la procuradora como de “doble rasero” (12/ 05/2022).

El constitucionalista Juan Manuel Charry conceptúa que la procuradora “puede investigar y sancionar a funcionarios de elección popular, cuyas sanciones no producirán efectos hasta tanto no sean revisadas por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo”. Añade que “de esta forma el Estado pretende cumplir con la garantía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, recordando lo acontecido con el alcalde Petro y el procurador Ordóñez (revista Semana, 12/05/2022).

No obstante, José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en entrevista para El Espectador (12/05/2022), comenta que “la Constitución lo que establece es una prohibición directa de participar en política a los militares, es algo entendible en el contexto colombiano, y una restricción a los funcionarios judiciales y de los órganos de control. Sobre el resto de funcionarios públicos, la Constitución se remite a una ley estatutaria, y esa ley no ha sido aprobada”. Añadió: “Uno de los principios fundamentales del derecho penal reconocido en la Carta Interamericana de Derechos Humanos es que las limitaciones a los derechos fundamentales deben estar explícitamente dadas por la ley y su ejecución debe realizarse por organismos judiciales, es decir, jueces. A todas luces, ni lo uno ni lo otro en el caso de la destitución de los alcaldes por parte de la procuradora”.

Así las cosas, es evidente que persiste una confusión judicial, interna y externa, en esta materia. Lo cierto es que se ha acentuado la polarización del país y esta situación no debe repetirse en los próximos gobiernos, independientemente de quién los presida. Si el ganador es el candidato Petro, como prevé la última encuesta, ojalá prescinda de su ancestro del M-19, gobierne para todos los colombianos, sin resentimientos contra el Estado, y convoque a la unidad del país, seleccionando a los mejores colombianos para las funciones públicas, por encima de sus amistades políticas, preservando la autonomía e independencia de los órganos de control.