Mientras se hilvanaban las ideas y se articulaba el texto sobre la instalación del Comité Nacional de la Participación para el cese al fuego con el ELN, celebrada en Bogotá el 3 de agosto, estallaba simultáneamente el escándalo sobre los hallazgos de la Fiscalía de la captación de dineros de origen dudoso por parte de Nicolás Petro y su excompañera Daysuris Vásquez, que generarían suspicacias sobre la financiación de la campaña del Pacto Histórico en 2022. Es una deshonrosa coyuntura que, además de la familia presidencial, afecta la imagen interna y externa de Colombia y amenaza la institucionalidad. Prueba de ello es que algunos congresistas de la oposición al Gobierno se precipitaron a exigir que el presidente se aparte del cargo, sin que se haya surtido por el órgano investigador la presentación de las pruebas, o las sentencias de los jueces, o de las Cortes, o los trámites constitucionales previstos, como el de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y, posteriormente, el de la plenaria del Senado, en el caso de que se comprobara alguna culpabilidad del presidente. El senador Uribe Turbay presumió que su investidura lo faculta para actuar como fiscal, como juez y con poder omnímodo para convocar manifestaciones que le exijan al presidente que abandone el cargo. Uribe debería razonar que Colombia es un Estado Social de Derecho, con separación y autonomía de los poderes públicos y que, por ahora, en su condición de parlamentario ha prejuzgado, lo que significa que tanto él, como otros legisladores que se abalanzaron a denunciar al presidente en la Comisión de Acusaciones se han inhabilitado para participar en los eventuales debates de las respectivas corporaciones. Podrían también estar incursos en el delito de falsa denuncia.
Mucho más grato es retornar al propósito inicial de la columna, porque el acuerdo con el ELN significa la esperanza, no solo de terminar las guerras entre el Estado y las organizaciones subversivas, sino establecer el proceso del acuerdo nacional, al que aludió el presidente Petro el 20 de julio en el Capitolio, al inaugurar las sesiones ordinarias del legislativo.
La participación de diversas entidades urbanas y rurales, de los gestores del acuerdo del cese al fuego, por parte del Gobierno y del movimiento guerrillero, del Ejército y de la Policía, de la ONU, de embajadores de diversos países, de la Iglesia católica y de otras denominaciones religiosas, es una garantía de que, por primera vez en la historia del ELN, desde 1964 con Camilo Torres, hay un compromiso de estricto cumplimiento al cese al fuego y a las hostilidades, para consolidar la paz que Colombia se merece.
Esa “esperanza” la definió Petro como una categoría política, que saca a la sociedad del miedo y le abre avenidas al cambio, a la libertad y a la defensa de la vida. El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, como integrante de la delegación del Gobierno, representa la sociedad civil en la recuperación del campo, para que Colombia se convierta en una potencia agroalimentaria. Afirmó: “la paz no se firma, se construye”. José Otty Patiño, coordinador de la comisión del Gobierno, agregó que la mesa de diálogos celebrada en Bogotá debe llevarse a los territorios nacionales, para fomentar la participación democrática de la ciudadanía.
Pablo Beltrán, entrevistado por estos días en diversos medios, declaró que fue enviado por los líderes del ELN para garantizar el cumplimiento del cese al fuego. Enfatizó que esta decisión es posible porque hay una visión común de paz con el Gobierno, que debe extenderse a toda la sociedad colombiana. Dicha participación asegura que esta paz sea una política de Estado, que se perpetúe con los próximos gobiernos. Afirmó que Colombia vive los momentos de los cambios, que requieren que este proceso esté acompañado por decisiones que conduzcan a superar la desgracia nacional de la corrupción, anticipando que quienes aspiren a ser candidatos en las elecciones presidenciales no estén signados por antecedentes de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.
¡Sí! Hay la esperanza de una nueva Colombia, con una “común unidad en la diversidad”, como la señaló Petro: “estar al lado de la vida, es la revolución” contemporánea.
